España gana el arbitraje de 700M de Popular: La Haya valida su resolución frente al interés de la familia Del Valle
Estos inversores iniciaron este arbitraje tras la intervención y venta de la entidad llevada a cabo en junio de 2017.
10 mayo, 2023 13:58España ha ganado el arbitraje internacional por la resolución de Popular. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha validado el proceso de intervención de la entidad llevado a cabo por las autoridades españolas y europeas en junio de 2017, que se saldó con su venta a Santander.
El alto tribunal rechaza, por tanto, el arbitraje de 700 millones de euros presentado por la familia mexicana Del Valle y otros inversores, que se encontraban entre los principales accionistas del banco en el momento de su resolución con en torno a un 4% de su capital y estaban representados en el consejo de administración por Antonio del Valle.
El Ministerio de Asuntos Económicos ha informado de ello este miércoles. "En el procedimiento arbitral iniciado frente al Reino de España al amparo del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, España ha obtenido un laudo favorable", indica el departamento en un comunicado.
[La investigación judicial del 'caso Popular' llega a su fin tras más de cinco años]
Tras el proceso de resolución del banco, que se llevó a cabo en junio de 2017, la familia Del Valle interpuso un arbitraje por la pérdida de su inversión, en el que reclamaba 700 millones de euros alegando que España había incumplido sus obligaciones internacionales por sus actuaciones en la intervención.
Según Economía, La Haya ha desestimado todas las pretensiones y ha acogido los argumentos defendidos por España. "Los tres árbitros han acogido de forma unánime los argumentos del Reino de España al validar la actuación de todas las instituciones vinculadas al proceso de subasta de Popular y su adquisición por Santander: CNMV, Banco de España, FROB y Ministerio de Economía", indican en el comunicado.
De hecho, la Corte apunta que la legislación actual (es decir, el régimen de resolución bancaria) permite a la autoridad aplicar soluciones más allá del procedimiento concursal para reestructurar entidades en caso de quiebra.
En representación de España ha estado la Abogacía del Estado bajo la coordinación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el FROB, la CNMV y el Banco de España.