Con varias semanas de retraso, la Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado por fin este martes su prometido paquete de reformas para reforzar el actual marco de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos de la Unión Europea. La legislación llevaba meses preparándose, pero ha tenido que recalibrarse a última hora con el fin tener en cuenta las turbulencias financieras provocadas por la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y el rescate del Credit Suisse. 

Bruselas insiste en que los bancos europeos están bien capitalizados, tienen mucha liquidez y están sujetos a una supervisión estrecha por parte del Banco Central Europeo (BCE), lo que ha frenado el contagio de la última crisis. No obstante, la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, admite que "hay margen para la mejora, particularmente en la protección de los depositantes".

La propuesta del Ejecutivo comunitario no modifica el umbral de los depósitos garantizados por ley, que seguirá siendo de 100.000 euros por persona y cuenta. Estos depósitos están excluidos de sufrir pérdidas en caso de liquidación o quiebra y deben devolverse a sus titulares en el plazo de siete días. Eso sí, Bruselas amplía la protección a entidades públicas como hospitales, escuelas o municipios. Además, se armoniza la protección de saldos temporalmente elevados vinculados a acontecimientos concretos de la vida, como herencias o indemnizaciones de seguros.

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Por su parte, los depósitos no cubiertos (es decir, los superiores a 100.000 euros) de ciudadanos, empresas y entidades públicas se beneficiarán de un cambio en la jerarquía de acreedores, que les permitirá recuperar una mayor cantidad de dinero (o incluso todo) tanto en caso de resolución como de insolvencia. Las dudas sobre la protección de los grandes depósitos jugaron un papel central en la quiebra del Silicon Valley Bank y el Ejecutivo comunitario quiere evitar estampidas bancarias por este motivo.

En caso de resolución, la propuesta de Bruselas permitirá usar los fondos nacionales de garantía de depósitos -prefinanciados por la propia industria- para financiar la transferencia a una entidad rival de todos los depósitos (incluidos los de más de 100.000 euros, que quedarán así protegidos frente a cualquier pérdida). Esto sólo podrá hacerse con condiciones muy estrictas: cuando resulte necesario para evitar el efecto contagio y proteger la estabilidad financiera y siempre que el banco salga del mercado.

La segunda gran novedad de la reforma consiste en ampliar el ámbito de aplicación de la directiva europea de crisis bancarias para incluir también a las entidades medianas y pequeñas y no sólo a los bancos sistémicos. Bruselas quiere evitar que se repita el caso de varios bancos italianos, como Banca Popolare y Veneto Banca, que fueron rescatados por el Gobierno de Roma con dinero de los contribuyentes. 

"La reforma de hoy mejorará nuestra capacidad para garantizar que cualquier banco pueda salir del mercado sin problemas, independientemente de su tamaño o modelo de negocio", asegura McGuinness. De hecho, el marco europeo de resolución de bancos en crisis sólo se ha aplicado plenamente una vez: con la caída del Banco Popular en 2017.

La comisaria de Servicios Financieros admite que las autoridades de resolución, a nivel nacional y de la UE, podrán seguir eligiendo entre resolución e insolvencia nacional. "Pero estamos estableciendo nuevos criterios para enmarcar esa elección, asegurándonos de que las condiciones sean adecuadas para que las autoridades elijan la resolución cuando sea de interés público", destaca.

Pese a estas reformas, que todavía deben ser discutidas y aprobadas tanto por el Ecofin como por la Eurocámara, Bruselas admite que "todavía falta una pieza importante" para completar la Unión Bancaria. Se trata de la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos bancarios (EDIS, por sus siglas en inglés), bloqueada desde hace una década por el veto de Alemania. McGuinness ha repetido este martes que su propuesta legislativa sobre el EDIS sigue estando vigente.