Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, durante un encuentro con empresas y agentes sociales. Efe Pola de Siero (Asturias)
La Autoridad del Cliente Financiero podrá recibir quejas de entidades sin supervisión del BdE
El Gobierno pretende que el proyecto pase por tramitación parlamentaria este otoño y se ponga en marcha "lo antes posible".
27 septiembre, 2022 02:57La puesta en marcha de la Autoridad del Cliente Financiero se acelera. El Gobierno ha dado ya traslado del proyecto a los órganos consultivos, entre los que se encuentra el Consejo de Estado, y ha incluido en el anteproyecto al que dio luz verde el Ejecutivo en abril algunas novedades, como la posibilidad de que los clientes puedan presentar ante este organismo reclamaciones contra entidades de crédito al consumo aunque no estén supervisadas por el Banco de España.
Más concretamente, el Gobierno, tras recibir más de cien alegaciones al anteproyecto de ley para la creación de esta Autoridad durante el plazo de consulta pública, ha decidido ampliar el rango de entidades financieras sobre las que se podrán presentar quejas.
Entre ellas, las entidades que dan préstamos al consumo, independientemente de que estén supervisadas por el Banco de España o por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, según informan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos a este periódico.
Reserva de actividad
Cabe recordar que en España no existe reserva de actividad para el crédito, de forma que cientos de empresas que no están dadas de alta como entidades de crédito (ni registradas con otro tipo de actividad) dan préstamos a diario.
De hecho, desde la patronal del crédito al consumo (ASNEF) se reclama que solamente las entidades reguladas por las autoridades y supervisadas por el Banco de España puedan ofrecer estos servicios, como informó este periódico. Entre otros motivos, para que sea más seguro para el cliente. Ahora las reclamaciones que los clientes tengan en relación con estas entidades serán recogidas por la nueva Autoridad del Cliente Financiero.
Fuentes de la vicepresidencia económica explican que la intención del Gobierno es que el proyecto de creación de esta autoridad vuelva al Consejo de Ministros "lo antes posible", con la intención de aprobar su puesta en marcha este otoño.
Eso sí, antes debe pasar algunos filtros. Por el momento, el Gobierno ha remitido a los organismos de consulta el proyecto. Esto quiere decir que se han solicitado informes al Consejo Económico y Social y el Consejo General del Poder Judicial, así como el dictamen del Consejo de Estado. Una vez los tenga, el proyecto recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros en segunda vuelta y se pretende que el proyecto pase su tramitación parlamentaria este mismo otoño.
El Banco de España, "tranquilo"
Una vez se ponga en marcha, esta Autoridad aunará las competencias en reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dependiente esta última del Ministerio de Asuntos Económicos.
Hace unos días, desde el Banco de España defendían la labor que su departamento de reclamaciones ha realizado "de manera satisfactoria" durante los últimos 35 años. Así lo explicaba Alberto Ríos, director general de Conducta Financiera y Billetes del supervisor, en una presentación a medios.
El Banco de España analiza año a año las reclamaciones recibidas y utiliza la información recabada para sacar conclusiones sobre la conducta de las entidades, algo que puede servir para detectar malas prácticas.
"Nuestra principal preocupación es seguir contando con los datos y la información relativa a las reclamaciones y, en ese sentido, estamos confortables con el texto de la ley, dado que ya se contempla que con la nueva Autoridad se alcanzarán convenios para compartir esta información. Desde ese punto, estamos tranquilos", añadía Ríos.
Código de Buenas Prácticas
Entre las novedades incorporadas al anteproyecto de ley, fuentes de Economía explican que se ha reforzado el papel de los Códigos de Buenas Prácticas, que "se asimilan a las normas de conducta" para las entidades que hayan decidido suscribirlos voluntariamente.
Algo muy relevante en estos momentos, pues el Código de Buenas Prácticas más importante al que está adherida la banca es el relativo al mercado hipotecario, que afecta a los deudores que no puedan hacer frente al pago del préstamo.
En el mismo se contempla que la banca tiene un mes para dar respuesta a una persona que solicite una reestructuración de su deuda hipotecaria y, si se encuentra en riesgo de exclusión, debe ofrecerle condiciones que el cliente pueda afrontar para devolver el préstamo. También contempla la dación en pago, es decir, entregar la vivienda a cambio de cancelar la deuda.
Es relevante el refuerzo del papel de este Código, dado que en estos momentos, debido a la fuerte subida del Euríbor, se está poniendo sobre la mesa el debate sobre la protección de los clientes que tienen firmada una hipoteca variable, que están viendo cómo sus cuotas se encarecen fuertemente.
Además, tras el paso por consulta pública se ha ampliado el tipo de quejas que se pueden presentar, de forma que estarán admitidas aquellas por falta de información. Asimismo, se refuerzan los instrumentos para garantizar la inclusión financiera de los mayores, las personas con discapacidad y los colectivos vulnerables, y se permite que las reclamaciones se puedan presentar presencialmente, por teléfono o por internet.
