El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del denominado caso Popular, ha citado como investigado al socio de PriceWaterhouseCoopers (PwC) que auditó las cuentas del banco que da nombre a esta causa entre 2009 y 2015. Se trata de Jose María Sanz Olmeda.

Así consta en un auto, fechado este mismo miércoles, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 subraya que, "de lo hasta ahora instruido, se puede afirmar que los auditores de PwC no detectaron las importantes carencias de provisiones originadas por una anómala clasificación crediticia (...) y por una gestión contable de los activos adjudicados".

Por ello, el magistrado acepta la petición de varias acusaciones particulares, que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía, y cita a Sanz Olmeda para el próximo 25 de enero, a las 9.00 horas. De alargarse, también podrá celebrarse durante el día 26.

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En el caso Popular, Calama investiga, desde hace ya un lustro, las causas que llevaron al sexto banco más importante del mercado español a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR).

Existen dos piezas separadas de esta causa. La primera afecta a la presidencia del Popular por parte de Ángel Ron, durante la cual se produjo la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que el banco llevó a cabo en 2016. Cuando el banco se declaró en quiebra en 2017, el Santander lo compró por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones.

La segunda pieza se centra en los 108 días que Emilio Saracho estuvo al frente de la institución por un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.

El auto de este miércoles recuerda que, hasta ahora, en la causa figuraban como investigados el auditor de PwC del año 2016 y la propia entidad como persona jurídica y que ya se inadmitió una querella en 2018 contra Sanz Olmeda.

Pero ahora, Calama considera pertinente su declaración como investigado, ya que la "ardua" y "compleja" instrucción, que ya sobrepasa los cinco años de duración, "ha ido perfilando unos hechos que nos permiten afirmar, con el carácter provisional de esta fase, que la cuentas anuales del año 2015 del Banco Popular ocultaban un déficit de provisiones generado por el incumplimiento consciente de las normas contables contenidas en el anejo IX de la Circular 4/2004 del Banco de España".

El magistrado señala que fue PriceWaterhouseCoopers fue la firma auditora del Banco Popular durante los años 2015 y anteriores y que José María Sanz Olmeda fue el "máximo responsable" de la auditora en la planificación y ejecución de los trabajos de auditoría en dicha entidad financiera desde 2009 a 2015.

En su informe de auditoria del año 2016 (que analizaba las cifras del 2015), Sanz Olmeda aseguró que las cuentas del Popular expresaban "en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de situación financiera consolidada" de la entidad y sus sociedades dependientes.