Concretamente, en 259 casos de los 1.417 interrogatorios realizados, los testigos afirman que, tras acudir a solicitar un préstamo, se condicionó su concesión a la compra de acciones del Popular.

Otros 106 comentaron que se vinculó la financiación previa de líneas o pólizas de crédito y préstamos preconcedidos a la adquisición de títulos. En total, suman 365. No obstante, la mayoría (681) adquirió las acciones mediante préstamos suscritos in situ con "ventajosas" condiciones.

La ampliación de capital que Popular realizó en mayo de ese año y los entresijos de su modus operandi conforman por sí solos una de las piezas en las que la Audiencia Nacional ha dividido la causa que investiga los últimos años de vida de la entidad financiera, antes de que fuera intervenida por las autoridades europeas y vendida a Santander por un euro, hace ahora un lustro.

Esta operación, diseñada para levantar 2.500 millones de euros, se cerró con una sobredemanda superior al 30%, pues los inversores llegaron a pedir más de 3.400 millones de euros. Y no todos acudieron con pleno conocimiento a la operación, como concluye la UDEF en este informe incorporado a la causa, en el que recoge información de las declaraciones, en diversos puntos de España, de una muestra de más de 1.400 clientes que compraron acciones.

Política comercial "agresiva"

De acuerdo con el documento, de 111 páginas, los trabajadores de algunas oficinas de Popular siguieron un patrón de actuación a la hora de ofrecer esta operación a sus clientes que, según la UDEF, responde a "una política comercial muy agresiva en la captación de fondos por parte de Banco Popular".

Más concretamente, la unidad policial cree que la política comercial seguía una "cadencia" que incluía ofrecer las acciones a "clientes habituales o que acudían a la sucursal por cualquier otro motivo", a los que se convencía "de que se trataba de una buena inversión" y de que podrían "recuperar la inversión realizada con la ulterior venta de las acciones".

[Popular financió el 50% de las acciones a los clientes que pidieron préstamos durante la ampliación de 2016]

Además, se les ofrecía financiación si el cliente no contaba con los fondos necesarios para comprar las acciones, de acuerdo con la UDEF, algo que se conoce prácticamente desde los inicios de la investigación judicial. Como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, un informe de auditoría interna de la entidad reconocía que se destinaron, al menos, 205 millones de euros para financiar la compra de más de 163 millones de acciones.

Por último, la Policía apunta que los trabajadores de algunas oficinas de Popular llegaron a "condicionar/presionar o coaccionar" a los clientes "reticentes a la compra de acciones y que se encontraban en una situación de necesidad financiera". "Esta presión se manifestaba en la denegación de préstamos o no renovación de otras fuentes de financiación preexistentes si no compraban acciones", añade la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en su escrito, firmado por el jefe de la sección de Fraude Financiero.

Una sucursal del Banco Popular

Tras levantar el secreto sobre esta pieza separada del llamado caso Popular, José Luis Calama, el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ordenó el pasado mes de abril a la UDEF realizar un informe con este objetivo. A lo largo del mismo, se describe detalladamente el modus operandi de la colocación de la ampliación de capital de Popular en mayo de 2016.

No obstante, la Policía también concluye que no todos los clientes se vieron coaccionados o engañados para acudir a esta polémica operación. La propia unidad reconoce que "ha habido clientes" que adquirieron acciones "por su propia iniciativa, sin que se lo ofrecieran previamente, y con fondos propios".

Las cifras

El análisis detalla que, de las 1.471 declaraciones tomadas, en 681 casos los testigos manifestaron que Popular les ofreció acciones de la entidad y su compra se financió con un préstamo en "condiciones ventajosas".

En cuanto a las presiones para adquirirlas, 259 testigos afirmaron que su sucursal condicionó la concesión de un préstamo para su actividad económica o para comprar un bien o servicio a la suscripción de acciones en esta ampliación. Y en 106 casos, el banco vinculó el mantenimiento de las condiciones de préstamos concedidos con anterioridad a la adquisición de los títulos.

Otros 35 testigos contaron que acudieron al Popular a por financiación para otros asuntos y es en ese momento cuando se les ofreció comprar acciones y se les dio crédito para ambas operaciones.

Por otro lado, 243 declararon que la entidad les ofreció adquirirlas y que lo hicieron sin necesidad de financiación, pagando con fondos propios. A su vez, 16 testigos afirmaron que, teniendo líneas de crédito abiertas con Popular, la entidad les ofreció comprar acciones.

Y, por último, en 131 casos se describieron operativas distintas, entre los cuales hay testigos que no recuerdan si se les ofreció la compra, cómo fue su financiación o si fueron responsables de la operación. Otra minoría declaró que partió de ellos mismos la iniciativa de comprar acciones sin que el Popular se lo ofreciera.