Los grandes bancos españoles han conseguido frenar el impacto de la crisis del coronavirus en sus ratios de morosidad gracias a medidas como los ERTE, las moratorias en el pago de hipotecas y créditos al consumo o los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Desde el sector coinciden en que estos planes han sido fundamentales para ‘salvar’ a la sociedad de un golpe mucho más duro si cabe de la crisis. Y los directivos bancarios son conscientes de que también han ayudado a evitar que la crisis sanitaria, ahora económica, acabe siendo una crisis financiera.

Una evidencia que se observa en el control de la mora a cierre de septiembre, que no refleja, ni de lejos, la dureza de la situación. Bankinter cuenta con la ratio más baja (2,51%), seguido de Santander (3,15%, tras caer 32 puntos básicos en 12 meses) y CaixaBank (3,5%). La más elevada la presenta Bankia, con un 4,9%, en línea con el cierre de 2019 (5%).

Sin embargo, los principales banqueros del país son conscientes de que estas cifras son 'puro espejismo' y advierten de que los impagos subirán. El deterioro de la economía acabará imponiéndose al efecto positivo que tienen (y que tendrán si finalmente se amplían como se prevé) las medidas de estímulo a familias y empresas. Según el Banco de España, sin moratorias la morosidad habría subido al 9% este año. 

“Se avecinan tiempos duros”, aseguraba en este sentido hace unos días el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, consciente de que habrá mayores impagos, incluso si los plazos para devolver las ayudas se extienden más allá de la primavera de 2021.

La presión 'macro'

Las previsiones macroeconómicas no ayudan al optimismo. El Gobierno estima una caída del PIB del 11,2% este año, con una recuperación del 7,2% en 2021 que compensaría solo parcialmente el desplome de este año. Y no son los más pesimistas en sus previsiones. La tasa de paro, por su parte, superará el 17% en 2020, y solo bajaría al 16,9% en 2021.

En este escenario, al sector bancario le preocupa, y mucho, la evolución de la deuda de familias y empresas, especialmente de estas últimas. 

El problema es especialmente grave en pymes y sectores como comercio, transporte y hostelería. Empresas que, según indican desde el sector, han aumentado su peso sobre el crédito total desde el 35% en 2008 al 55% en 2019. Y este año habrá crecido más como consecuencia de la crisis.

El Banco de España calcula que una caída de un punto porcentual en el valor añadido bruto (VAB) de estos subsectores implica un incremento de casi 0,8 puntos en la ratio de mora. Así que el objetivo prioritario de la banca ahora es decidir la supervivencia de estas empresas, o bien una salida ordenada de aquellas que corren el riesgo de pasar de una crisis de liquidez a una de solvencia.

Bajo control... de momento

Con este escenario, los banqueros tienen claro que la incertidumbre económica acabará imponiendo su peso sobre la morosidad, aunque se prolonguen las ayudas y por mucho que los primeros vencimientos de las moratorias estén demostrando que los clientes van haciendo frente a sus pagos.

El hecho de que se acabasen estas ayudas para el pago de hipotecas y préstamos preocupaba especialmente al sector. Pero, finalmente, los datos han dado cierto alivio momentáneo. Por ejemplo, Banco Santander ha concedido moratorias a hipotecas y otro tipo de préstamos por más de 114.000 millones de euros, un 13% de su cartera crediticia.

De esa cifra, el 66% de las moratorias legales ya expiraron y solo el 2% está en la denominada ‘fase 3’ (es decir, en el cajón de dudosos). La situación se repite en otras entidades como CaixaBank. Hasta el 30 de septiembre, la entidad ha aprobado un total de 383.768 solicitudes de moratoria en España, con un importante descenso en el tercer trimestre.

En total, 11.000 millones de euros, un 5% de su cartera de crédito. Según indican desde la entidad, el 93% de estas moratorias aprobadas están calificadas como 'al corriente de pago' y solo un 3% registran retrasos. 

BBVA, que ha concedido 35.600 millones en moratorias (un 8,9% de la cartera de crédito), coincide en que “nuestras previsiones de recuperación para las que ya han vencido son mejores de lo esperado". Por su parte, solo un 1% de las moratorias legales aprobados por Banco Sabadell se encuentran en situación de impago. 

Los retrasos en los pagos más allá de 90 días en las moratorias concedidas por Bankia apenas suponen el 0,5% de las concedidas. Aun así, los directivos de la entidad optan por la prudencia y han clasificado el 6% de las concedidas para hipotecas como ‘dudosas’.

El mensaje se repite en otras entidades en las que explican que las moratorias "no nos están costando en términos de peor morosidad, por lo que queda claro que con esta medida se ha hecho lo correcto para la sociedad", indican desde la entidad.

Aun así, insisten, como el resto del sector, en que “en 2021 veremos incrementos relevantes, no catastróficos, pero sí importantes” de la morosidad.

Objetivo, la prudencia

Las buenas cifras de pago suponen, sin duda, un alivio para el sector, más presionado en la parte del préstamo empresarial que en el de las familias. Pero la banca de inversión y los reguladores siguen llamando a la prudencia y aconsejan no ‘quedarse’ dormidos en materia de provisiones, pese a que el esfuerzo de los nueve primeros meses del año ha sido brutal, rondando 20.000 millones de euros en provisiones para hacer frente a la futura morosidad y el deterioro por los fondos de comercio.

De hecho, desde el sector son plenamente conscientes de que la rebaja en la tasa de impagos de este año tiene cierto truco. La caída de la morosidad se producía hasta ahora porque los créditos impagados caían más que el nuevo crédito concedido. Ahora, ese nuevo crédito se ha disparado por la crisis y el volumen de impagos pierde peso sobre el balance total.

Por eso, además de las nuevas dotaciones que se podrían realizar para adaptarse al empeoramiento del escenario macro, los principales ejecutivos del sector han pedido al Gobierno actuar ya para evitar males mayores en 2021. “Ya estamos en noviembre y esto va para largo”, advertía el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez.

En el mismo sentido se manifestaron sus ‘colegas’ de Bankia o CaixaBank, pidiendo al Gobierno ampliar los plazos de carencia (actualmente fijados en un año) y de pago (cinco años) de los préstamos ICO. Desde el sector también abogan por más ayudas directas a las empresas afectadas y que sean viables. En este sentido, el propio Banco de España abría la puerta hace unos días a posibles 'quitas' de deuda empresarial, pese a la pérdida que eso supondría para los acreedores.