No hay descanso para el sector bancario en los tribunales. Apenas unas horas después de que el juicio por la salida a bolsa de Bankia haya quedado visto para sentencia, la Audiencia Nacional acoge el inicio de otro de los procesos judiciales más esperados del año. El juez José Luis Calama inicia este miércoles la ronda de declaraciones con las que buscará arrojar luz sobre quién o qué fue el culpable de la caída del Banco Popular en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017. Un proceso que se llevó por delante las inversiones de más de 300.000 accionistas y bonistas del que por entonces era el sexto banco español… y el primero en ser resuelto por la Junta Única de Resolución (JUR). 

El juez ha querido que sea el último presidente del banco, Emilio Saracho, el primero en declarar. La causa penal está dividida en dos piezas, con Ángel Ron, Emilio Saracho, los consejos de administración y PwC como auditor como principales acusados. En este caso, Saracho solo tendrá que responder por la segunda pieza, por su posible responsabilidad en la caída del precio de la acción del Popular en sus últimos meses de vida. El que fuera presidente del banco desde el 20 de febrero hasta su resolución, está acusado, entre otras cosas, de manipulación de mercado. 

El desplome en bolsa de la entidad se aceleró con la fuga de 16.000 millones de euros en depósitos que sufrió en apenas tres meses. Una fuga que los demandantes achacan a las declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König, y del propio Saracho, asegurando que la entidad solo tenía dos formas de sobrevivir: mediante una fusión o con otra ampliación de capital. Estas palabras llegaron apenas un año después de la llevada a cabo por 2.500 millones de euros. 

SARACHO SE MANTENDRÁ FIRME

Fuentes jurídicas consideran que el discurso de Saracho no variará respecto a la intervención que el banquero realizó en julio de 2018 ante la comisión de investigación de la crisis económica en el Congreso de los Diputados. 

En aquel momento, el ex presidente del Popular fue firme y extremadamente duro al apuntar a sus predecesores como culpables de la caída del banco. “Las reglas para dirigir un banco deben basarse en no defender lo indefendible, no negar lo innegable y no mentir y este banco hizo las tres cosas”, advirtió el directivo durante su comparecencia, en referencia a la gestión de su predecesor, Ángel Ron. “En las tripas, Banco Popular era un desastre”, insistió Saracho. 

OTROS ACUSADOS

Después de la declaración de Saracho, el Juzgado Central de Instrucción número 4 acogerá durante el 8 y el 9 de octubre la declaración de Roberto Higuera, consejero en la etapa de Ron y que presidió la histórica junta en la que Saracho accedió a la presidencia. 

Al directivo le seguirá los días 15 y 16 de octubre Franciso Gómez Martín, que fue consejero delegado de la entidad desde enero de 2013 hasta julio de 2016, cuando fue sustituido por Pedro Larena. 

El movimiento se produjo justo después de la ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros que supuso una fuerte dilución para los accionistas, y cuya investigación forma parte de la primera causa abierta en la Audiencia Nacional. Entre los afectados, el empresario mexicano Antonio del Valle, que representaba a un grupo de inversores del país con una participación cercana al 5% que le llevó a maniobrar para ‘sacar’ a Ron de la presidencia, impulsando la de Emilio Saracho. 

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ÁNGEL RON

Habrá que esperar hasta el 30 de octubre para conocer la versión de Ángel Ron, presidente de la entidad entre 2006 y febrero de 2017. El directivo ha defendido siempre la situación de solvencia del banco. Él fue quien acusó a Saracho de querer “estrellar a la entidad en la puerta del Banco Central Europeo (BCE) para montar una tómbola”, durante su intervención en el Congreso. 

Ron tendrá que dar cuenta de la ampliación de capital que el Popular llevó a cabo en 2016 bajo la sombra de posible falsedad contable en el momento de la operación. Los propios peritos del Banco de España concluyeron que las cuentas de 2015 “no respetaban determinados aspectos del marco contable”. Sin embargo, los expedientes sancionadores fueron congelados en junio de este año, al menos, hasta que termine la causa judicial en la Audiencia Nacional.

CONSEJEROS AL BANQUILLO

Además de las comparecencias de Ron y Saracho, la Audiencia Nacional llamará a filas a otra decena de exconsejeros entre los días 12 y 27 de octubre, investigados por posible delito de falsedad societaria y administración desleal, estafa a inversores, manipulación del mercado y falsedad documental. 

Hasta finales de diciembre seguirán desfilando nombres, después de la decisión de la Audiencia de ampliar las citaciones a los exconsejeros delegados Ignacio Sánchez Isaín y Pedro Larena el 11 de diciembre, junto con el exconsejero Antonio González-Adalid. Un día antes declarará Pedro Barrio Luis, último auditor de las cuentas del Banco Popular antes de su resolución. 

ACUSACIONES

Asociaciones como Adicae, OCU o Aemec, en representación de un nutrido grupo de minoritarios, asistirán a los interrogatorios y ya han organizado movilizaciones en toda España coincidiendo con el inicio de la instrucción. Adicae, por ejemplo, acude al proceso penal en representación de 3.000 pequeños accionistas y ahorradores.

Otros grandes fondos de inversión seguirán muy de cerca el proceso penal. Es el caso de Pimco, Anchorange, Algebris o Ronit Capital, que en enero de 2018 se personaron en esta causa con el objetivo de, según indicaron entonces, “ser informados y colaborar en la investigación”. Estos fondos, que mantienen causas abiertas en la Audiencia Nacional y en Europa, habrían perdido unos 850 millones de euros en bonos del Popular tras la resolución. La Audiencia Nacional también ha mantenido la acusación particular de otras firmas como el grupo Aeris, de la familia chilena Luksic, que habría perdido unos 100 millones de euros con la caída del banco. 

Además de las acusaciones particulares, fuentes financieras confirman que, aunque el juez instructor decidió sacar al banco de la investigación, no se descarta que sea llamado por su responsabilidad civil. Al fin y al cabo, una de las grandes incógnitas que quedan sin resolver es cómo se decidió que fuese la entidad cántabra quién finalmente, y de la noche a la mañana, se quedara con el Popular por el valor simbólico de un euro. 

Los abogados consultados tampoco descartan que en el proceso en la Audiencia Nacional salgan a la luz datos desconocidos hasta ahora, como partes censuradas del informe de valoración de Deloitte, clave en la resolución que marcó un antes y un después en la historia bancaria europea.