La presidencia española del Consejo de la Unión Europea y los negociadores de la Eurocámara han cerrado esta madrugada un acuerdo final sobre la directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial.
La norma obligará a las grandes multinacionales a controlar que todos sus suministradores a lo largo de la cadena de valor, también los que están fuera de la UE, respeten plenamente los derechos humanos y la protección del clima. En caso contrario, podrían enfrentarse a elevadas multas y a indemnizar a las víctimas por los daños sufridos.
La directiva se aplicará a las compañías con más de 500 trabajadores y un volumen de negocios superior a los 150 millones de euros. Para las empresas extracomunitarias se aplicará si tienen una facturación neta de 300 millones generada en la UE, tres años de la entrada en vigor. Bruselas tendrá que publicar una lista de empresas de fuera de la UE que entran dentro del ámbito de aplicación de la directiva.
La directiva se extenderá además a empresas más pequeñas (250 trabajadores y 40 millones de facturación), pero que trabajen en sectores considerados de alto riesgo: industria textil, agricultura, construcción y extracción de minerales.
Según el acuerdo alcanzado este jueves, el sector financiero quedará temporalmente excluido del ámbito de aplicación de la directiva, pero habrá una cláusula de revisión para una posible inclusión futura basada en una evaluación de impacto suficiente.
La directiva obligará a las grandes empresas a adoptar y poner en práctica un plan de transición para la mitigación del cambio climático. En materia de responsabilidad civil, el acuerdo refuerza el acceso a la justicia de las personas afectadas. Establece un período de cinco años para presentar reclamaciones por parte de aquellos afectados por impactos adversos (incluidos los sindicatos u organizaciones de la sociedad civil).
Como último recurso, las empresas que identifiquen impactos adversos sobre el medio ambiente o los derechos humanos por parte de algunos de sus socios comerciales tendrán que poner fin a esas relaciones comerciales cuando estos impactos no puedan prevenirse ni eliminarse.
Para los incumplidores, la directiva prevé multas de un mínimo del 5% del volumen de negocios neto de la empresa.
"Esta ley es un avance histórico. Las empresas son ahora responsables de posibles abusos en su cadena de valor, 10 años después de la tragedia del Rana Plaza", ha dicho la ponente parlamentaria, la laborista holandesa Lara Wolters. La organización humanitaria Oxfam ha dicho que la norma constituye un paso adelante, pero se ha quejado de que las presiones de Francia, Alemania y del lobby empresarial han descafeinado su contenido, sobre todo con la exclusión del sector financiero.
La nueva norma trata de responder a la creciente exigencia por parte de los consumidores europeos de que los productos que compran no son el resultado del trabajo forzado o la destrucción del medioambiente. Bruselas pretende además establecer un conjunto de obligaciones comunes para el mercado único y frenar así una proliferación de reglas diferentes y contradictorias en cada Estado miembro.
En la actualidad, un tercio de las multinacionales ya han adoptado iniciativas voluntarias de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. No obstante, el Ejecutivo comunitario lo considera insuficiente. Las compañías tienden a centrarse en el primer escalón de su suministro, cuando el daño a los derechos humanos y medioambientales se producen normalmente más abajo en la cadena de valor. Además, los progresos son lentos y desiguales.