"Los empresarios por lo general solemos ser muy prudentes a la hora de opinar sobre cuestiones políticas", afirma Cesur. Hasta este lunes. Hoy la organización que aglutina a los empresarios del sur de España rompe su silencio para arremeter contra la medida: darla a cambio de votos para una investidura, sostiene, "produce estupefacción en los países que conformamos la UE, además de división y crispación en la sociedad española".

Cesur fija su posición en un comunicado en el que subraya que las circunstancias le llevan a romper su propia norma de prudencia, y hablar. "Hay momentos en la vida de una sociedad que pueden resultar críticos por las decisiones políticas que un partido determinado pueda tomar y, como parte de la sociedad civil española, no podemos permanecer callados", afirma.

Considera la asociación, que reúne a más de 200 empresas andaluzas y extremeñas, que una amnistía "es una medida de gracia de carácter muy extraordinario que actualmente no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, ni está contemplado en la Constitución".

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Así que avanzar con ella, apostillan, requeriría de "un consenso muy amplio del arco político y social de nuestro país".

También critica que a cambio de ese amnistía no haya una reconciliación o compromiso de no repetición. "En ningún momento se ha hablado de reconciliación, perdón o algo así como 'lo siento, no debería de haber ocurrido y no volverá a suceder'", recuerda. Así las cosas, "la amnistía no es un remedio, es una abdicación".

Teniendo todo esto en cuenta, la posición de Cesur no es halagüeña, sobre todo teniendo en cuenta la finalidad que, observan, tiene la medida.

"Pactar una amnistía a los implicados en la revuelta del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, promoviendo un referéndum ilegal de independencia perfectamente organizado, a cambio de facilitar los votos para una investidura, produce estupefacción en los países que conformamos la UE, además de división y crispación en la sociedad española", zanjan antes de volver a la necesidad de consenso.

Porque una amnistía de esta naturaleza "afecta a toda España, no solo a Cataluña, ni a esa parte minoritaria independentista. Afecta a las instituciones, a la estabilidad política, social, moral y económica; a la igualdad de todos los españoles ante la ley, a la coexistencia de la Unión Europea".