Rumasa y 'el felipismo' vuelven a escena cuatro décadas después de la expropiación y 1.500 juicios

Los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos y María Teresa Rivero serán juzgados entre los próximos meses de enero y abril por la presunta estafa de Nueva Rumasa, en la Audiencia Nacional, cerca de una década después de que fueran denunciados.

Mientras, habrá de decidirse si hay que recalcular el valor de la antigua Rumasa, que el clan Ruiz-Mateos estima en 13.712 millones de euros, frente al valor de cero euros que otorga al antiguo grupo la Abogacía del Estado, tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ordena realizar de nuevo el cálculo.

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A todo ello se suma la demanda que ha presentado una sociedad vinculada al enigmático financiero Jacques Hachuel, hoy nonagenario, contra Rumasa SA -la sociedad pública española encargada de la liquidación del grupo de Ruiz-Mateos- reclamando 31 millones por la venta que se hizo de Galerías Preciados, como informó el viernes EL ESPAÑOL-Invertia.

¿Está pergeñando el Gobierno de Pedro Sánchez un acuerdo con los Ruiz-Mateos para cerrar de una vez por todas el caso Rumasa? Para algunos, la coincidencia en el tiempo de asuntos relacionados con Rumasa no puede ser casual.

Rumasa en liquidación, 1.500 juicios

Rumasa SA, la sociedad pública que gestiona el grupo que perteneció a José María Ruiz-Mateos, fallecido en septiembre de 2015, tras su expropiación, cerró el ejercicio 2022 prácticamente diciendo adiós a su actividad.

La empresa estatal, controlada por Cofivacasa (Sepi), ha comunicado recientemente sus resultados del ejercicio pasado, consultados por este periódico. "Esta sociedad considera que ha cumplido con su objeto tras haber reprivatizado todas las empresas del grupo y haber gestionado las reclamaciones de los antiguos accionistas", dice.

José María Ruiz-Mateos, en una imagen de archivo.

Rumasa se creó en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 16 de marzo de 1961, bajo la denominación de Ruiz-Mateos Hermanos; en 1968 modificó su denominación por la actual. El 23 de febrero de 1983, mediante Real Decreto, el Gobierno expropió Rumasa y las empresas que componían el grupo por razones de utilidad pública e interés social.

La reprivatización de las empresas de Rumasa se culminó en 1990, con la venta de Banco de Expansión Industrial. La aplicación de la Ley 7/1983 de Expropiación ha conllevado una extensa litigiosidad, tanto en España como en el extranjero, en las últimas cuatro décadas.

El Tribunal Supremo, el 24 de abril de 2014, desestimó incidente de nulidad instado contra la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra sentencia de 15 de noviembre de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que denegaba la retasación de 182 sociedades, más otras 25 sin identificar.

En noviembre de 2015, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se autorizó la extinción de la estatal Rumasa SA.

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"Dictada esta resolución no queda pendiente ningún procedimiento en ninguna instancia judicial vinculado al tema Rumasa, dando por finalizada la participación y dedicación tanto directa como indirecta de Rumasa en los más de 1.500 procesos administrativos y judiciales históricos actualmente resueltos", señala la empresa pública en sus cuentas de 2022.

Sin embargo, Cofivacasa, la sociedad de la Sepi al frente de la liquidación de Rumasa, no parecía contar a la hora de firmar las últimas cuentas de la empresa con que el TSJM daría un vuelco a la cuestión, con su reciente decisión de instar de nuevo el cálculo del valor del grupo de Ruiz-Mateos.

"Lo que se ve afectado por la decisión judicial es la valoración de los bienes expropiados", considera Cofivacasa, con la que se ha puesto en contacto este periódico.

"Entendemos, por tanto, que dicha sentencia no afectaría a una liquidación, que está prácticamente concluida a la espera de la causa judicial de la demanda de Portic [la sociedad vinculada a Jacques Hachuel]", añade.

¿Cuánto valía Rumasa?

El TSJM comunicó el pasado día 28 de julio que había condenado al Estado a tramitar un expediente para determinar el justiprecio por la expropiación de Rumasa.

La Justicia madrileña estima así el recurso presentado por la viuda de José María Ruiz-Mateos, Teresa Rivero, que había reclamado la determinación definitiva del justiprecio por la expropiación decidida en febrero de 1983.

Teresa Rivero, y sus hijos Álvaro y Javier. Europa Press.

La familia Ruiz-Mateos estima un valor de 13.712 millones de euros. La Abogacía del Estado defiende una valoración de cero euros, dado el agujero de más de 260.000 millones de pesetas que presentaba Rumasa cuando fue intervenida.

Entre las empresas que constituían el grupo Rumasa -el mayor de España en su momento, 250 sociedades y 65.000 empleados en total- se encontraba Galerías Preciados. "José María Ruiz-Mateos decía que su mayor negocio sería la recuperación de Galerías Preciados", recuerda Joaquín Yvancos, quien fuera abogado del empresario jerezano durante veinte años.

Galerías Preciados, fundado en 1934, empleaba a 11.000 personas, con 30 establecimientos repartidos por 21 ciudades españolas en 1983. Tras la expropiación, los grandes almacenes fueron vendidos al grupo del empresario venezolano Gustavo Cisneros, amigo personal de Felipe González, por 750 millones de pesetas, en una operación decidida durante los últimos días del año 1984.

Tres años después, Cisneros vendió Galerías Preciados al grupo británico Mountleight, por 30.600 millones de pesetas, en uno de los primeros grandes escándalos de los Gobiernos de González en la década de los ochenta.

Carlos Solchaga, ministro de Industria entre 1982 y 1985 y de Economía entre 1985 y 1993, el pasado mes de junio en un acto en Madrid. Europa Press.

El entonces Ministro de Economía, Carlos Solchaga, acudió al Congreso de los Diputados el 22 de octubre de 1987 para defender la venta de Galerías a Cisneros y la posterior oferta del grupo británico por la compañía española. "Creo que es una simplificación arriesgada pretender comparar sin más el precio ofertado por los nuevos compradores con el que en su día obtuvo Rumasa por la venta de esta empresa", dijo.

"Es evidente que después de la entrada de nuestro país en el Mercado Común [la entrada efectiva de España en la UE se hizo efectiva en 1986], la valoración del futuro de la actividad de determinados sectores y, desde luego, entre otros, el inmobiliario y también el de la actividad de distribución, se ha modificado en la valoración internacional y el flujo de inversiones extranjeras y los altos precios que se están pagando (...), es evidente que el mercado ha cambiado de manera absolutamente determinante", declaró Solchaga para tratar de argumentar la excesiva diferencia existente entre el precio que pagó Cisneros por Galerías y el que obtuvo con su venta.

La Fiscalía recurrirá la sentencia reciente del TSJM en la que ordena establecer el justiprecio de la expropiación de Rumasa. El caso volverá así al Tribunal Supremo, que, como ya se ha indicado, en 2014 tumbó otra sentencia del TSJM dictada dos años antes en la que ordenaba la retasación de cerca de 200 sociedades del grupo Rumasa.

¿Llegará ahora el Supremo a la misma conclusión que hace ocho años y denegará el cálculo del justiprecio de la expropiación?

Seis hijos en el banquillo

Los seis hijos varones del matrimonio Ruiz-Mateos-Teresa Rivero se sentarán en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional entre los próximos meses de enero y abril por la presunta estafa de Nueva Rumasa.

Desde finales de los noventa, el clan Ruiz-Mateos trató de reconstruir el antiguo grupo de la abeja a través de Nueva Rumasa, que aglutinaba marcas míticas españolas del sector de la alimentación, como Dhul, Clesa, Apis, Elgorriaga, Trapa o Royne.

Los hermanos Ruiz-Mateos Rivero, en el banquillo de los acusados, en una imagen de 2019. Europa Press.

Al contrario que Rumasa, Nueva Rumasa no era un holding; se trataba de empresas, radicadas muchas de ellas en paraíso fiscal, que de forma efectiva eran administradas por los Ruiz-Mateos, en una confusa y oscura vinculación societaria y de dudosa contabilidad, según las conclusiones de las investigaciones publicadas.

Las empresas de Nueva Rumasa comenzaron a tambalearse a finales de la primera década de este siglo, y en 2011 fueron traspasadas a una sociedad de Ángel de Cabo, el liquidador de empresas que terminó en la cárcel tras encargarse de los concursos de acreedores de múltiples sociedades, entre otras las del exjefe de la patronal empresarial, CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán.

Los Ruiz-Mateos acudieron a financiación bancaria para tratar de reflotar Nueva Rumasa, pero también emitieron pagarés, que fueron adquiridos por miles de pequeños ahorradores, que vieron esfumarse su dinero con la crisis del grupo.

En 2017, la Audiencia Nacional, cinco años después de afirmar que los pagarés se emitieron para pagar "el alto nivel de vida de los Ruiz-Mateos", abrió juicio oral por el caso Nueva Rumasa, imponiendo una fianza de 496 millones a los seis hijos de Ruiz-Mateos, que afrontan una pena de cárcel de 16 años.

Concentración de trabajadores de Royne y de Clesa, en Madrid, en mayo de 2011. Europa Press.

El mismo día que se comunicó la sentencia del TSJM que ordena el cálculo del justiprecio de la expropiación de Rumasa, los investigados en el caso Nueva Rumasa recibieron el anuncio de que la Audiencia Nacional les citaba el próximo mes de septiembre para organizar las declaraciones de investigados y testigos que tendrán lugar en la sede del organismo en San Fernando de Henares (Madrid), en el juicio que se celebrará entre el 24 de enero y el 24 de abril de 2024, de acuerdo a fuentes consultadas conocedoras del proceso.

Muchos de los pequeños inversores que compraron los pagarés de Nueva Rumasa eran de edad avanzada, quizá nostálgicos de los tiempos en los que Rumasa era la mayor compañía española. "En el camino han muerto cerca de medio centenar de mis clientes, ahora son sus herederos los que mantienen las querellas", comenta Joaquín Yvancos, el que fuera durante dos décadas abogado de Ruiz-Mateos.

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Una sociedad de Joaquín Yvancos está imputada en el caso Nueva Rumasa, por supuestamente pertenecer realmente a Ruiz-Mateos, algo que niega. Al mismo tiempo, Yvancos representa a cerca de 300 inversores en los pagarés de Nueva Rumasa.

Para el que fuera hombre de confianza de José María Ruiz-Mateos durante dos décadas, el hecho de que el mismo día -el pasado 28 de julio- que se supo que el TSJM ordenaba el cálculo del justiprecio de la expropiación de Rumasa se conocieran las fechas de inicio del juicio por Nueva Rumasa, no es algo casual.

"Se han tardado cuatro años en fijar una fecha para el juicio, han pasado más de diez años desde que estalló el caso...", lamenta Joaquín Yvancos. "Si los Ruiz-Mateos logran un 10% de lo que reclaman por la expropiación, se solucionaría el caso Nueva Rumasa; parte del dinero se destinaría a atender las reclamaciones de los que compraron los pagarés", señala. "José María Ruiz-Mateos firmó ante notario que así se haría", asegura. "Todo esto me huele... Me huele a que se está cocinando un pacto", comenta.