La Justicia británica ha autorizado el embargo preventivo de la sede del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un colegio perteneciente al Reino de España situado en Londres, como medida para hacer frente a uno de los casos de impago en los laudos perdidos por el país por los recortes a las renovables ejecutados por el Gobierno de Mariano Rajoy en la década pasada. 

En particular, el inmueble bloqueado responde al pago pendiente por España a los dueños de la deuda del fondo francés Antin, que logró laudo favorable en el Ciadi (la institución dependiente del Banco Mundial dedicada al arreglo de conflictos en inversiones internacionales) en 2018. 

Varios de los fondos y empresas afectadas por los impagos han comunicado este viernes que la indemnización inicial que tenía que pagar España por el caso Antin, de 101 millones de euros, se ha incrementado otros 20 millones por intereses de demora y cerca de seis millones por las condenas en costas.

El inmueble provisionalmente embargado, un antiguo convento dominico que alberga el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, está situado en los números 317-318 de la calle Portobello Road, en Londres. El centro tiene una capacidad de 550 alumnos; los estudiantes siguen el plan de estudios español desde la etapa primaria hasta el bachillerato.

En relación con este mismo caso, señala el comunicado de los fondos y empresas afectadas, la Justicia británica ha autorizado asimismo el embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un derecho de cobro valorado en más de 900 millones de euros.

Demandas

Los recortes en las subvenciones a las energías renovables decididos en 2013 han provocado un alud de arbitrajes y demandas de los fondos contra el Estado español, que en muchos casos han generado una sentencia desfavorable para el país.

España acumula ya 55 laudos pendientes de pago por valor de 1.300 millones de dólares, sin incluir intereses de demora o condenas en costas.