La petición de embargo se produciría después de más de cuatro años esperando el cobro de un laudo arbitral que condenó al Reino de España a pagar 101 millones de euros a dos inversores, Infrastructure Services Luxembourg SÀRL y Energía Termosolar BV, según ha adelantado la publicación especializada Law360.

España está a la espera de cobrar 1.000 millones de euros de la aseguradora británica del barco petrolero que causó un desastre ecológico al teñir de negro las costas gallegas en el año 2002.

[Qué fue del Prestige? Las claves de la mayor catástrofe medioambiental de España]

La idea de estos inversores es reclamar el embargo de más del 10% de esa cuantía desde Londres para ejecutar el laudo que ganaron al Estado español a mediados de 2018 por la rebaja de las jugosas primas que se prometieron en los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de la inversión en energías renovables y después, se recortaron.

Con esta petición se abre la puerta a que otros inversores reclamen también el embargo de bienes patrimoniales del Reino de España ubicados fuera de la Unión Europea, según fuentes explican a este periódico conocedoras de este conflicto. 

Estas dos firmas llevan años batallando en los tribunales para cobrar lo estipulado en el laudo y en uno de los últimos episodios del periplo judicial, España intentó que Bruselas se personara en la causa, aunque no tuvo éxito y la Justicia británica lo rechazó.

El déficit de tarifa

Las primas a las renovables fueron aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para incentivar la inversión en energías 'verdes' y acelerar la transición ecológica. La retribución fue tan alta que en apenas un año se consiguió la instalación de 1.000 MW de nueva potencia renovable, cuando el objetivo se había fijado en 400 MW en tres años. Así, España se convirtió en un referente global, pero a cambio de un elevado coste que iba engordando año a año el déficit de tarifa.

Llegó la crisis económica y aquel Gobierno socialista empezó a cambiar las reglas de juego en 2010 reduciendo esas primas. Más tarde, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy acometió otro duro recorte de hasta un 40% a las ya por entonces polémicas primas a las renovables.

Estas decisiones políticas acabaron en manos del CIADI, institución del Banco Mundial a la que recurrieron la mayoría de los inversores extranjeros afectados para reclamar una indemnización.

No obstante, también hay procedimientos abiertos en la Cámara de Comercio de Estocolmo y hay algún caso en manos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Según estimó la AIReF hace ya unos años, España llegó a tener 10.000 millones de euros pendientes de estos arbitrajes internacionales, si bien ese saldo ha ido bajando con los años.

País incumplidor

Recientemente, el Informe sobre el cumplimiento del arbitraje, el tratado de inversión y los laudos 2022, elaborado por el experto en inversiones internacionales y arbitrajes Nikos Lavranos, señaló a España entre los países más incumplidores en el pago de los laudos pendientes.

En ese documento, nuestro país salió en el listado junto con otros Estados conocidos por su inseguridad jurídica como Venezuela, Rusia, Ucrania o Argentina.

[Opinión: El coste económico de la degeneración institucional]

De ahí que exista preocupación por el recorrido que estas peticiones de embargo puedan llegar a tener también en términos de reputación de España como destino inversor.

El TJUE

En esta batalla judicial, en el año 2021, el Gobierno recibió un balón de oxígeno desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dejó en vía muerta muchos arbitrajes por las renovables, como avanzó este diario en su momento.

La Gran Sala del TJUE determinó que las controversias entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro a cuenta de una inversión no pueden resolverse mediante un arbitraje internacional. Esto supuso un golpe para los inversores que contaban con un vehículo en Europa para invertir en renovables y estaban pendientes de arbitrajes.

Aquella noticia coincidió con la decisión de España de anunciar la salida del Tratado de la Carta de la Energía.

[España sale del Tratado de la Carta de la Energía]

Con todos estos episodios, son muchos los expertos que señalan que la reputación de España como destino inversor se ha visto afectada por la imagen de inseguridad jurídica que ha dado en los últimos años en el sector de energías renovables. Algo que estaría afectando al ritmo actual de la inversión en renovables, ya que hay otros países europeos que han adelantado al nuestro en captar inversores.