El holding andaluz, que aglutina una veintena de empresas, ganó la demanda en la Audiencia Provincial de Madrid hace tres años y llegó a lograr que se dictara auto de ejecución provisional a su favor por importe superior a los tres millones de euros. Sin embargo, el Supremo ha anulado la sentencia anterior de la Audiencia Provincial.

La compañía sevillana presidida por Antonio Morera Vallejo suscribió una póliza de crédito por importe de 3 millones de euros a principios del mes de junio de 2016 con Banco Popular para adquirir, el 20 de junio de ese mismo año, acciones del mismo banco por importe de 2,47 millones de euros, en el marco de la oferta pública de suscripción emitida con ocasión de la ampliación de capital realizada por la entidad.

[Orduña, exjuez del Supremo: "Hay fundamento para la desconfianza de los clientes financieros en el Supremo"]

El 7 de junio de 2017 la Junta Única de Resolución adoptó el régimen de resolución de Banco Popular, que consistió en la amortización a cero de todas las acciones del banco y su posterior traspaso a Santander por el precio de un euro.

El 30 de enero de 2018, Morera & Vallejo interpuso demanda contra Santander en la que reclamaba la nulidad de las compras de acciones de Popular por error vicio en el consentimiento.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda considerando que de la prueba practicada no cabía concluir que las cuentas de Banco Popular en el momento de efectuar la ampliación no fueran correctas y también que estaba acreditada la condición de inversora profesional del grupo sevillano y que este tenía medios para conocer la situación real del Popular, más allá del folleto informativo de la emisión.

La compañía andaluza recurrió en apelación la sentencia de primera instancia y la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, el 6 de noviembre de 2019, estimó el recurso, revocó la sentencia anterior y estimó en parte la demanda al asumir la acción de anulabilidad por error en el consentimiento.

La Audiencia Provincial razonó que el folleto informativo de la emisión del Popular no reflejaba la situación patrimonial y financiera que realmente tenía, que dicha imagen distorsionada había llevado a los inversores a comprar las acciones. Y que no era el inversor, ya fuera cualificado o no, quien tuviera que demostrar que tenía medios de conocimiento a su alcance, y que para poder analizar la solvencia o insolvencia de la entidad "habría que estar dentro del propio banco".

Santander interpuso contra la sentencia de apelación sendos recursos, extraordinario por infracción procesal y de casación.

El TJUE y el Supremo

El Tribunal Supremo ha fallado recientemente a favor del Santander, decidiendo estimar el recurso presentado por la entidad y anulando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

El Supremo razona su decisión refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20), en la que se indica que la Directiva 2014/59 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, se opone a que, con posteridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución -como fue el caso del Popular-, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones.

[Seis años de 'caso Popular': del fin de la instrucción a pedir el sobreseimiento]

"En definitiva", dice el Supremo, "el TJUE ha concluido que la Directiva 2014/59 excluye el ejercicio de las acciones de responsabilidad o de nulidad (...)".

La demanda formulada por Morera & Vallejo "se basaba en el presupuesto de que los accionistas de Banco Popular podían hacer valer las pretensiones cuyo ejercicio ha excluido ahora el TJUE", por lo que "el presupuesto de la acción de nulidad por error vicio ha desaparecido a raíz de la sentencia".

Seguros, inmobiliario y renovables

El grupo Morera & Vallejo analiza en estos momentos la sentencia del Supremo, con "gran disgusto", según comentaron ayer martes fuentes de la compañía sevillana.

De acuerdo a las cuentas del ejercicio 2021 de la empresa, consultadas por este diario, el grupo había recibido, el 16 de julio de 2020, auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Madrid de orden general de ejecución provisional a su favor, frente al Santander, por importe de 2,6 millones de euros más otros 0,78 millones por intereses fijados provisionalmente. "El importe de la ejecución provisional del auto ha sido cobrado en su totalidad", decía la compañía al cierre de 2021.

Morera & Vallejo está presente en el sector asegurador, pero también en el inmobiliario, consultoría, energías renovables, agroalimentario y comunicación. En 2021 logró un beneficio de 15,8 millones de euros en 2021, frente a las ganancias de 1,7 millones de un año antes; en marzo de 2021, Morera & Vallejo vendió la participación que mantenía en Leader Underwriting por 16 millones de euros. El grupo cerró el ejercicio con deudas a largo plazo por importe superior a 40 millones de euros.