El Pacto de Estabilidad regresa en medio del parón económico que sufre la eurozona (que entró en recesión en la segunda mitad de 2023), con los tipos de interés en máximos históricos y en un entorno de máxima incertidumbre, ya que a la guerra en Ucrania se suma ahora el conflicto en Oriente Próximo. La reforma mantiene intactos los objetivos de un máximo de deuda pública del 60% del PIB y déficit público tope del 3% del PIB. 

El objetivo inicial de las nuevas reglas era dar más tiempo y más flexibilidad a los Estados miembros para poner sus cuentas en orden, con planes a medida negociados de forma bilateral entre Bruselas y las capitales. Sin embargo, durante las negociaciones Alemania ha logrado introducir toda una serie de salvaguardas en materia de déficit y deuda que endurecen considerablemente la reforma.

[La Eurocámara aprueba las nuevas reglas fiscales: exigencia de un plan de ajuste el 20 de septiembre]

La primera consecuencia práctica de la reactivación de las reglas fiscales será, por tanto, el lanzamiento de expedientes sancionadores por déficit excesivo contra los Estados miembros que superaron el umbral del 3% en 2023. Se trata de un total de 11 países, entre los que se encuentran España (3,6%), Francia (5,5%) e Italia (7,4%).

Bruselas tiene previsto dar este paso el próximo 19 de junio, después de las elecciones europeas, según ha confirmado este lunes la portavoz de Asuntos Económicos, Veerle Nuyts. A partir de ahí, el Ecofin debe confirmar la existencia de un déficit excesivo y aprobar una recomendación con medidas para corregirlo y el plazo para hacerlo. Las nuevas reglas fiscales exigen un ajuste de al menos el 0,5% del PIB (que en el caso de España asciende a 7.310 millones de euros).

Temporalmente, la Comisión podrá (en 2025, 2026 y 2027) tener en cuenta el aumento de los pagos de intereses a la hora de relajar el esfuerzo fiscal dentro del procedimiento de déficit excesivo.

Para los Estados miembros incumplidores, la reforma del Pacto de Estabilidad incuye un nuevo sistema de multas crecientes que ascienden al 0,05% del PIB (730 millones en el caso de España) y que se acumularán cada seis meses hasta que el Gobierno en cuestión adopte medidas efectivas para poner fin al déficit excesivo. El objetivo es que estas sanciones sean más fáciles de activar que en el pasado.

Saldo presupuestario en los países de la UE en 2023

La otra gran cita que fija la reforma de las reglas fiscales llegará el próximo 20 de septiembre. Para entonces, todos los Estados miembros deben enviar a Bruselas un plan de ajuste plurianual, que en principio tendrá una duración de cuatro años (2025-2028). Un plan que debe centrarse en la evolución del gasto neto, que a partir de ahora se convierte en el nuevo indicador de referencia.

No obstante, los Gobiernos pueden pedir una prórroga de tres años extra (2025-2031), pero a cambio deben comprometerse a realizar reformas e inversiones que respondan a los objetivos de la UE. Se tendrán en cuenta las que ya están incluidas en los planes de recuperación Next Generation.

Los planes plurianuales deben garantizar que, al término del periodo de ajuste, la deuda pública se mantenga en una trayectoria descendente plausible en los 10 años siguientes. Y que el déficit público se mantenga por debajo del umbral del 3% del PIB a medio plazo.

Para aquellos países con déficit superior al 3% y deuda superior al 60% como España, la Comisión Europea preparará una "trayectoria de referencia" que debe servir de base a los Gobiernos. El Ejecutivo comunitario ya ha clasificado a nuestro país como de "alto riesgo" a medio plazo en materia de sostenibilidad presupuestaria por la mala evolución de la deuda.

Para cumplir estos requisitos, la AIReF ha calculado que el Gobierno de Sánchez deberá hacer un ajuste durante el periodo 2025-2028 por valor de 0,63 puntos del PIB al año (es decir, alrededor de 9.210 millones). Este ajuste (2,52 puntos acumulados en 4 años) generaría una reducción de la ratio de deuda de 25 puntos de PIB en los próximos 15 años, situándola en una dinámica claramente descendente.

La ampliación del plan de ajuste a 7 años reduciría el ajuste anual dos décimas hasta los 0,43 puntos de PIB (6.286 millones), pero supondría un ajuste mayor en términos acumulados (3,01 puntos), señala la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Para este año 2024, la AIReF estima un crecimiento del gasto primario neto del 4%, por lo que se incumplirá la recomendación de la UE para España, que limita el incremento al 2,6%. Si quiere alcanzar esta meta, el Gobierno de Sánchez debería reducir el déficit al 2,4%, frente al 3% actualmente previsto.