A principios de este año, el Tribunal Supremo invalidó una subvención directa de 30,6 millones de euros que se había concedido a estas patronales y al sindicato para cursos de formación en digitalización para trabajadores.

Por entonces, el Gobierno pidió calma a los agentes sociales, dado que el equipo de Pilar Alegría consideraba que se podría arreglar la situación generada por la sentencia del Supremo con un nuevo real decreto u otra fórmula legal.

[El Gobierno afirma que CEOE, Cepyme y UGT pueden mantener los cursos cuya subvención tumbó el Supremo]

Para evaluar esta situación, Educación pidió un informe a la Abogacía del Estado al respecto, con el que se tomará una decisión final. Si hay tiempo para ello, claro. 

Precisamente, ha sido el inicio de la elaboración del análisis lo que ha provocado la suspensión definitiva de los cursos. Fuentes de los agentes sociales afectados por el fallo del Supremo indican a este periódico que así se lo ha transmitido el Ministerio de Educación.

Primero en una reunión celebrada el pasado 20 de marzo y, luego, cuando la propia Abogacía comunicó al equipo de Pilar Alegría "el inicio de la revisión de oficio", hace escasas fechas.  

Desde Educación explican que "la apertura" del informe "conlleva la paralización progresiva de la actuación" afectada. En este caso, los cursos anulados por el Tribunal Supremo. 

Finales de abril, límite

De esta manera, sólo se mantiene la formación de los trabajadores ya matriculados y no se pondrán en marcha nuevas matrículas. La idea es que los cursos estén totalmente suspendidos para finales de abril. 

Si los agentes sociales han incurrido en algún tipo de gasto bajo la previsión de que los cursos se iban a mantener, el Gobierno se compromete a abonarles las correspondientes facturas.

En cualquier caso, todavía hay que conocer la opinión de la Abogacía del Estado. Con todo, desde el Ministerio de Educación adelantan que, si el consejo legal fuera convocar una nueva licitación para mover los millones de euros Next Generation de subvención que no se hayan gastado, ya no hay tiempo para ello. 

Desde el departamento recuerdan que las ayudas correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se tienen que haber adjudicado antes de que acabe este año. Si no, se tendrían que devolver a Bruselas. 

Sin tiempo

Según indican desde el Ministerio, si es necesaria una licitación, ya no habría tiempo para ello. Por ello, los fondos que no se hayan gastado ya en formación para la digitalización se 'perderían', dado que habría que devolverlos a la Comisión Europea. 

¿Cuánto dinero podría quedar en este limbo y perderse? Por ahora, no es posible tener la cifra exacta. Hasta que no se terminen de cerrar los gastos que puedan presentar CEOE, Cepyme y UGT, algo que no ocurrirá hasta julio. 

Con todo, la cantidad podría ser considerable, dado que el número de alumnos cubierto hasta la suspensión de los cursos no llega ni a la mitad del objetivo previsto, según fuentes de los agentes sociales.  

De hecho, los propios agentes sociales dan por hecho que los cursos de formación en digitalización pagados con fondos europeos no se retomarán. "La orden es parar y desmontar", aseguran

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), en una imagen de archivo. Carlos Luján Europa Press

Cabe recordar que el fallo del Supremo contra la citada subvención de 30,6 millones de euros (que data de 2022) estima un recurso planteado por la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes). Esta patronal está fuera de las negociaciones del Diálogo Social y en su fundación (en 2021) contó con el apoyo de Yolanda Díaz, por entonces ministra de Trabajo y Economía Social y hoy también vicepresidenta segunda.

El Alto Tribunal entiende que la invocación que hace el real decreto a la crisis del Covid y a la guerra en Ucrania para obviar la convocatoria pública de las subvenciones y hacer una adjudicación directa a CEOE, Cepyme y UGT "no tiene justificación en un momento en el que ya se da un desenvolvimiento ordinario de las actividades ciudadanas".