En la anterior reunión del Eurogrupo y del Ecofin celebrada el 16 y 17 de octubre, la propia Calviño repitió hasta en una decena de ocasiones que presentaría a sus socios una propuesta de compromiso en noviembre.

"Continuaremos los contactos formales e informales con el fin de poner sobre la mesa un primer texto legislativo en el próximo Ecofin, de forma que podamos abrir la fase final de estas negociaciones para lograr un acuerdo antes de fin de año, de forma que las nuevas reglas puedan aplicarse desde el 1 de enero de 2024", afirmaba Calviño.

Al final, no habrá texto legislativo ni tampoco acuerdo. El nuevo retraso pone en riesgo el objetivo de Calviño de tener listas las nuevas reglas fiscales antes de terminar 2023, una de las grandes prioridades (por no decir la más importante) de la presidencia española.

Según la hoja de ruta que la propia vicepresidenta anunció en la reunion informal del Ecofin en Santiago de Compostela en septiembre, el primer borrador legislativo de compromiso tendría que haberse presentado ya en octubre. Sin embargo, no llegará como muy pronto hasta diciembre.

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Los plazos son muy importantes porque Bruselas ya ha anunciado que el Pacto de Estabilidad, suspendido desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020, volverá a aplicarse en 2024. 

Si la reforma no se completa a tiempo, España y el resto de socios tendrían que poner en marcha ajustes mucho más exigentes en materia de déficit y deuda el año que viene.

Las fuentes consultadas atribuyen el retraso a que la presidencia española no ha podido salvar las enormes diferencias entre Francia y Alemania sobre la reforma de las reglas fiscales.

Berlín mantiene su exigencia de establecer objetivos numéricos comunes para todos los Estados miembros de recorte anual del déficit y la deuda, que serían más exigentes para los países altamente endeudados como España.

Posición española

En el extremo contrario, París sostienen que fijar objetivos numéricos comunes vaciaría de contenido la reforma, que se basa en planes de ajuste individualizados para cada Estado miembro, con más tiempo -hasta 7 años- para poner las cuentas en orden.

En la reunión de octubre en Luxemburgo, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, anunció que intensificaría el diálogo con su homólogo alemán, Christian Lindner, con el fin de alcanzar una posición común que arrastrara al resto de socios. Pero en las tres semanas transcurridas no ha habido fumata blanca en el eje franco-alemán.

En lugar del texto legislativo, Calviño ha enviado este lunes a sus socios un documento político que recoge una posible "zona de aterrizaje" para un acuerdo. Se trata de una versión actualizada del papel que ya circuló en octubre y con el que la presidencia española pretende hacer avanzar la discusión.

Sin embargo, la cuestión de los objetivos numéricos sigue sin resolverse y hay otros problemas que continúan abiertos, como las condiciones que deben exigirse a cambio de ampliar el plazo de ajuste o la forma de garantizar que las reglas se cumplan.

Pese al retraso, la presidencia española todavía ve posible cerrar un acuerdo antes de fin de año. "El tiempo que se alarga por un lado, se acorta por el otro. Si hay un consenso sobre la zona de aterrizaje, costará menos cerrar el texto legislativo", explican fuentes europeas. Otros diplomáticos son mucho más escépticos y consideran que el pacto no llegará hasta el primer trimestre de 2024.