Otros factores que ha alegado España para justificar el aplazamiento de estos hitos y objetivos son los problemas en la cadena de suministro, el impacto de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania o los efectos persistentes de la pandemia. Finalmente, Sánchez ha esgrimido también haber chocado con dificultades legales o técnicas inesperadas.

El cambio más destacado es la eliminación de la exigencia de introducir peajes en las autovías a partir de enero de 2024, que se justifica por "las severas perturbaciones en los mercados de la energía registradas en los últimos dos años, que han provocado un aumento de los costes soportados por los usuarios de carreteras". Los aplazamientos afectan además a cuestiones como el despliegue de puntos de recarga para el coche eléctrico o la rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética.

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La Comisión de Ursula von der Leyen ha atendido los argumentos de Sánchez y ha dado luz verde este lunes a todas estas modificaciones. Lo ha hecho de forma simultánea a la aprobación de la adenda del Plan de Recuperación, que da acceso a una financiación extra de 93.500 millones de euros de fondos Next Generation (83.200 millones en créditos blandos a devolver y 10.300 millones de euros en subvenciones a fondo perdido).

Uno de los objetivos que se retrasa es el despliegue de al menos 238.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga subvencionados, que tendría que haberse completado para finales de 2023. Madrid alega problemas en la cadena de suministro que afectan a los componentes de los vehículos eléctricos y la infraestructura relacionada. Bruselas ha aceptado dar dos años extra (hasta finales de 2025) para llegar a esta cifra.

También se aplaza un año -hasta finales de 2024- la obligación de llevar a cabo al menos 231.000 actuaciones de rehabilitación de viviendas residenciales (en al menos 160.000 viviendas únicas), con el fin de reducir al menos un 30% de la demanda de energía.

Además, el Gobierno de Sánchez pide que para verificar el cumplimiento de este objetivo se contabilice la concesión de las subvenciones y no la finalización de las obras. El problema aquí ha sido la lenta aceptación de las líneas de ayuda, ya que la inflación y los altos precios de las materias primas han provocado que se reduzca la demanda de las obras de renovación.

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España ha reducido además de 26.000 a 4.300 el número de viviendas que se compromete a rehabilitar en municipios con menos de 5.000 habitantes, también por falta de demanda para estas subvenciones. Como alternativa, se reformarán 230.000 metros cuadrados de edificios del sector servicios.

En el Plan de Recuperación original, el Gobierno de Sánchez se comprometió a poner en marcha dos laboratorios de salud animal, ambos con un nivel 3 de bioseguridad, y un Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal, antes del final del 2023. Esta meta se retrasa dos años y medio por los problemas de suministro y la complejidad de la construcción. España ha pedido también que se suprima el compromiso de adquirir al menos cuatro equipos de visión nocturna para detectar actividades no permitidas de pesca ilegal por "falta de suministro derivada del contexto geopolítico".

España ha explicado en Bruselas que otras tres medidas del plan de recuperación en materia de protección de la biodiversidad ya no se pueden alcanzar en el plazo previsto porque la "extraordinaria cantidad de incendios forestales" ha obligado a una redistribución de los recursos. Por eso se ha pactado con la Comisión una modificación de los objetivos, combinada con una ampliación de plazos.

Otro de los objetivos que se retrasa es el calendario de los proyectos para el despliegue de la tecnología 5G. Las autoridades españolas lo han justificado por las perturbaciones en la cadena de suministros y la "escasez de proveedores" de infraestructuras de conectividad.

Finalmente, el Gobierno de Sánchez ha pedido aplazar hasta 2025 la finalización del Programa Digital Toolkit, así como reducir el objetivo de pymes y autónomos que deben beneficiarse de estas ayudas a la digitalización. Lo hace por la falta de demanda y los elevados costes administrativos. Como alternativa, se facilitará a las empresas más grandes el acceso a estas subvenciones.