María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno afronta más de 12.500 millones de euros en devoluciones y pagos por sentencias judiciales
Tener que responder a dictámenes de la Justicia ya le ha costado al Estado unos 1.000 millones de euros al año desde 2014, según un análisis de la AIReF.
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Los errores del Estado en materia normativa y legislativa le salen muy caros a las arcas públicas. Según un análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Administración Central ha abonado una media de 1.000 millones de euros al año desde 2014 por sentencias judiciales que les han sido desfavorables.
Y esta cifra puede ser sólo la punta del iceberg. La Autoridad calcula que, en los próximos años, el Gobierno tendrá que afrontar más de 12.500 millones en pagos y devoluciones por acciones legales contra el Estado. Mayoritariamente, impuestos que se tienen que devolver con los correspondientes intereses.
En un informe sobre riesgos fiscales sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, la AIReF indica que estas sentencias se encuentran entre los más frecuentes y se deben "errores recurrentes" en las técnicas legislativas empleadas.
¿Cuál es el origen de los más de 12.500 millones de impacto que tendrá que asumir el Gobierno en un futuro por sentencias? Principalmente, las que obligan a la devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (cuya responsabilidad patrimonial es del Estado) y el IRPF de los pensionistas de mutualidades laborales.
Pero hay más, como las sentencias contra la financiación del bono social eléctrico, el Impuesto de Actividades Económicas de telefonía móvil, la anulación de la subida del Impuesto sobre Sociedades ejecutada por Cristóbal Montoro y el complemento de la pensión de jubilación de los padres.
Todo dictámenes del Supremo, del Constitucional o del Tribunal de Jusiticia de la Unión Europea que suman cantidades a abonar por el Estado por encima de los 12.500 milones de euros. Y eso sin aplicar los correspondientes intereses que deberán pagarse por la demora en la resolución de los casos.
Las causas más habituales que han llevado a estas sentencias, según la AIReF, es el uso inadecuado del real decreto-ley, extralimitaciones normativas e incumplimientos de la legislación europea.
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Europa Press
En cualquier caso, la Autoridad admite que ignora cuándo tendrá que atender el Estado estos pagos y, por tanto, cuándo y en cuánto computarán en déficit público. En cualquier caso, reclaman, para evitar estas situaciones, consultar previamente a los organismos europesos y utilizar de manera rigurosa los instrumentos legales.
Así mismo, la Autoridad exige desarrollar mecanismos ágiles y evaluar la probabilidad de éxito de las reclamaciones judiciales, para acelerarlas si es necesario y rebajar el impacto en materia de intereses.
La AIReF aborda esta cuestión en su estudio de análisis de riesgos fiscales, en el que incluye, además de las acciones legales contra el Estado, las perturbaciones macroeconómicas (que rompen los escenarios de previsiones fiscales) y los riesgos ambientales.
El órgano presidido por Cristina Herrero reclama que, en este sentido, se introduzcan mecanismos para reconocer estos riesgos y que se incluyan en los marcos presupuestarios.
47.100 millones
Particularmente los ambientales, que se corresponden con los desastres naturales. La AIReF calcula que en los últimos diez años han supuesto más de 47.100 millones de euros en gastos imprevistos, incluyendo la irrupción de la Covid.
Por ello, desde el ente consideran que es necesario abordar una partida presupuestaria especial que prevea y pueda atender este riesgo.
Además, denuncian la infrapresupuestación constante de Protección Civil (para cubrir daños personales) y el uso ineficiente que se hace del Fondo de Contingencia, del que casi la mitad se dedica a gasto corriente.
