Según el proyecto de orden y la memoria normativa que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en audiencia pública, los miembros de esta comisión, que serán unos 13 en total, cobrarán unos 3.375 euros brutos al mes como mínimo. 

¿Por qué esta cifra? El Gobierno toma como referencia lo que cobran, de media, los consejeros no ejecutivos de empresas no cotizadas pertenecientes al sector financiero en los últimos años.

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Esto supone unos 71.000 euros anuales (teniendo en cuenta retribución fija, variable y dietas), aunque la remuneración de los miembros de la comisión se quedará en el 57% de esa cantidad (40.500 euros brutos anuales). 

Esta es la remuneración fija que recibirán los miembros de la Comisión de Control Especial por la actividad de este órgano de manera ordinaria. Pero, aparte, también tienen derecho a una paga adicional si hay actividad extraordinaria. 

Variable

Cada miembro de la comisión cobrará unos 1.390 euros por reunión extraordinaria en la que participe, según el proyecto de orden. Este variable tiene límite, el cual está en el número máximo de reuniones que se retribuirán: 22.

Con todo, esto significa que los miembros de la comisión pueden llegar a cobrar hasta 30.580 euros brutos al año adicionales. 

Estas cuantías se revisarán periódicamente y dependerán de la marcha del patrimonio que manejen los planes de pensiones. Cuanto más se eleve, más subirán las retribuciones 

Por otro lado, habrá una remuneración adicional para aquellos miembros de la Comisión de Control Especial que ejerzan los cargos de presidencia, vicepresidencia y secretaría. Concretamente, del 25%, el 15% y el 20%, respectivamente, de los 71.000 euros brutos anuales, "previo acuerdo de dos tercios de los miembros de la Comisión", recoge la memoria de la orden.

Requisitos

En el proyecto de orden, Seguridad Social recuerda que "los miembros de la Comisión deben poseer al menos cinco años de experiencia profesional en la gestión de fondos o planes de pensiones o en otras actividades relacionadas que garanticen el suficiente conocimiento, capacidad de supervisión y gestión, además de no incurrir en incompatibilidades ni en situaciones de conflictos de interés".

"El objetivo perseguido es que la Comisión de Control Especial disponga de miembros especialmente cualificados", remarca. No se prevé impacto económico por estas remuneraciones puesto que se cargarán a los propios fondos de pensiones públicos que se gestionarán.