Bruselas impondrá un ajuste presupuestario anual equivalente al 0,5% del PIB a los países con déficit excesivo como España, que cerró el año pasado con un desfase presupuestario del 4,8% del PIB, el quinto más alto de la UE. Esta es una de las principales novedades de la reforma del Pacto de Estabilidad que ha presentado este miércoles la Comisión de Ursula von der Leyen.

Las propuestas legislativas incluyen además un nuevo sistema de multas acumulativas para los Estados miembros que se desvíen de la trayectoria de ajuste fiscal pactada con la UE, que en el caso de España supondría 660 millones de euros al semestre, hasta alcanzar un máximo de 6.600 millones de euros.

El plan de Von der Leyen tiene que ser ahora debatido y aprobado tanto por los Estados miembros como por la Eurocámara. El objetivo es alcanzar un acuerdo durante la segunda mitad del año, durante la presidencia española de la UE, pero las dudas de Berlín complican este calendario. Las reglas de disciplina fiscal están suspendidas desde el estallido de la pandemia en 2020, pero volverán a aplicarse el año que viene.

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Las propuestas legislativas presentadas este miércoles mantienen el propósito de relajar las reglas fiscales que el Ejecutivo comunitario ya anunció el pasado otoño. Von der Leyen plantea dar más flexibilidad y más tiempo a los Gobiernos para poner sus cuentas en orden tras el tsumani de la pandemia y la guerra de Ucrania.

Para ello, la Comisión propone sustituir los objetivos de reducción de déficit y deuda iguales para todos por planes de ajuste plurianuales (en principio de cuatro años) a medida de cada Estado miembro, negociados de forma bilateral entre Bruselas y las capitales, siguiendo el modelo de los fondos Next Generation. Bruselas usará como único indicador el techo de gasto público neto (sin contar las prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda).

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Los plazos para poner las cuentas en orden podrán ampliarse hasta siete años si el Gobierno en cuestión ejecuta reformas o inversiones de interés europeo, por ejemplo en defensa o en la doble transición digital y verde. El único requisito es que el plan de ajuste sitúe a la deuda pública en una senda claramente descendente y que el déficit se sitúe por debajo del umbral del 3% al final del periodo.

Sin embargo, Alemania se ha resistido desde el principio a esta reforma por considerar que pone el riesgo la igualdad de trato entre los Estados miembros y no garantiza una reducción suficiente de la deuda, ya que Bruselas es demasiado indulgente con los Gobiernos. El ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, reclamó hace unas semanas introducir objetivos numéricos comunes de reducción de la deuda, que debían ser más estrictos para países de alto riesgo como España (un punto porcentual al año).

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En sus propuestas de este miércoles, la Comisión ha desoído la mayoría de peticiones de Berlín con el argumento de que obligarían a ajustes fiscales demasiado altos y "contraproducentes". Sin embargo, Bruselas sí ha introducido "salvaguardas adicionales" que no estaban en su propuesta de otoño para tratar de calmar a Berlín.

La más importante consiste en exigir un ajuste anual de al menos el 0,5% del PIB, pero únicamente para los Estados miembros que superen el umbral del 3% de déficit que marca el Pacto de Estabilidad. Una salvaguarda que afecta de lleno a España, que cerró el año pasado con un desfase presupuestario del 4,8% del PIB. Nuestro país es el quinto de la Unión Europea con un mayor agujero en sus cuentas públicas, y el cuarto con mayor deuda pública.

La presidenta Ursula von der Leyen, durante la reunión del colegio de comisarios de este miércoles Comisión Europea

Además, el Ejecutivo comunitario ha incluido otras tres garantías adicionales. En primer lugar, la ratio de deuda pública al final del plan de ajuste tendrá que estar por debajo del nivel inicial. Si se amplía hasta siete años el plan de ajuste, los Estados miembros no podrán dejar todos los recortes para el final, sino que tendrán que distribuirlos por todo el periodo. Finalmente, el aumento del techo de gasto tendrá que ser inferior al crecimiento a medio plazo.

En cuanto a las multas, Bruselas propone mantener la sanción máxima prevista en las reglas vigentes, que es del 0,5% del PIB (6.600 millones en el caso de España). Sin embargo, debido a su elevado importe, esta multa nunca ha llegado aplicarse, porque se percibe como "la opción nuclear" que nunca debe usarse.

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Por ello, la Comisión introduce ahora un nuevo sistema de multas acumulativas con el fin de que puedan activarse con más facilidad. Para los países que se desvíen de la senda de ajuste fiscal pactada con la UE, la sanción será del 0,05% del PIB (660 en el caso de España) y aumentará en esta cantidad cada seis meses hasta que el Gobierno incumplidor adopte medidas correctivas, con ese tope del 0,5%.