Hace meses que el Gobierno de Pedro Sánchez persigue un pacto de rentas que involucre tanto a patronal como sindicatos, que modere las subidas salariales y también los márgenes empresariales. Este objetivo ya ha sido logrado por Antonio Costa, primer ministro de Portugal, que ha conseguido cerrar un acuerdo a tres bandas tras ofrecer rebajas fiscales tanto a empresas como a trabajadores. 

Las cifras que adornan el pacto no son menores. Por un lado, los salarios de los trabajadores del sector privado subirán un 5,1% (en el caso del sector público, el incremento se queda en el 4,3%). Pese a que esta cifra está lejos de compensar la inflación que padecen los portugueses (un 9,3% anual en septiembre), lo pactado incluye incrementos hasta 2026. 

Para entonces, el aumento compuesto será del 20%. Es decir, del entorno del 5% anual. Para 'motivar' a que las empresas otorguen estas subidas, el Gobierno portugués otorgará beneficios fiscales al sector privado, especialmente en inversiones en investigación y desarrollo, así como incentivos para reforzar sus posiciones de capital.

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Así, las empresas que aumenten los salarios según lo acordado y reduzcan la brecha salarial entre altos y bajos ingresos tendrán un beneficio fiscal equivalente al 50% de los aumentos salariales.

En el campo de los trabajadores, también hay ventajas. El IRPF se deflactará en la misma medida que los incrementos salariales, un 5,1%, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo por cambiar de tramo del impuesto. 

Además, el salario mínimo interprofesional subirá de los 705 euros mensuales a los 760 euros en 2023. También se mejorará la indemnización por despido y los subsidios para alimentos. 

De esta manera, Costa se ha metido en el bolsillo y sindicatos, muy al contrario de lo que está ocurriendo en España. El pacto de rentas, en que también ha insistido el propio Banco de España, parece inviable en estos momentos. 

Para empezar, porque el acuerdo entre patronal y sindicatos en el área salarial parece imposible en estos momentos. Los trabajadores insisten en unas cláusulas de revisión salarial indexadas a los precios que las empresas ven inviables. Con todo, en las últimas semanas las posturas se van flexibilizando. 

A esto se suma que el Gobierno se niega a introducir cuestiones como la fiscalidad en un eventual pacto de rentas. Por lo pronto, solo el salario mínimo interprofesional (SMI) y la subida de salarios de funcionarios que ya está pactada con los propios trabajadores públicos entrarían en el acuerdo por parte del Ejecutivo.