De entre las medidas presentadas este jueves por María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, destaca que todos aquellos trabajadores que ganen menos de 15.000 euros estarán exentos de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Además, el departamento eleva la reducción por rendimientos derivados del trabajo para todos los trabajadores por debajo de 21.000 euros.

Esta medida supone una ampliación de un beneficio fiscal que ya existía. El Gobierno estima que esta rebaja alcanzará a unos 4,8 millones de personas, generando un ahorro para su bolsillo de unos 1.881 millones de ahorro en dos años. 

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Sin embargo, esta medida, la más importante para paliar el impacto de la inflación en las clases bajas y medias, deja fuera a las rentas que están por encima de los 21.000 euros y que ingresan hasta 60.000 euros. Es decir, que excluye de las mejoras tributarias a unos 7,5 millones de contribuyentes españoles de clase media y media-alta, que quedan huérfanos de alivio fiscal.

También quedan fuera las rentas a partir de los 60.001 euros anuales, casi un millón de contribuyentes. De esta manera, unos 8,5 millones de ciudadanos no se benefician de mejoras fiscales en el IRPF.

Por otro lado, está el impuesto de las grandes fortunas, que el Gobierno ha pasado a denominar "impuesto de solidaridad de las grandes fortunas". Se trata de un tributo, un recargo estatal sobre el Impuesto sobre el Patrimonio que, ya queda claro, está especialmente diseñado para castigar a los 'ricos' que residen en las regiones del Partido Popular, y en las que hay bonificaciones (o anulaciones completas) del Impuesto sobre el Patrimonio. Es decir, unos 11.000 contribuyentes. 

¿Por qué? Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, aquellas regiones en las que las grandes fortunas paguen el 100% de Patrimonio no tendrán que pagar ninguna cantidad por el recargo. 

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En cambio, las grandes fortunas que residan en regiones con bonificaciones del impuesto, tendrán que pagar las cantidades que las haciendas autonómicas les estén perdonando. Una cantidad que en los casos de Madrid y Andalucía será del 100%. En el de Galicia será del 50%. 

El Gobierno estima que el nuevo impuesto de solidaridad recaerá en casi 23.000 ricos españoles. Pero, dado que solo tendrá aplicación práctica en las regiones donde tiene algún tipo de bonificación, en realidad afectará a unos 11.000, todos residentes en regiones 'populares'. 

En el paquete de medidas que afectan a las clases altas, Hacienda, a través de los Presupuestos Generales del Estado, también ha incluido un incremento de las rentas del capital. Las rentas entre 200.000 y 300.000 euros aumentan su gravamen en un punto, hasta el 27%. En las superiores a los 300.000 euros, el tipo se eleva dos puntos, hasta el 28%. La subida afecta a más de 17.000 contribuyentes. 

A través del impuesto de solidaridad (que supone cobrar el de Patrimonio al 100%), el Gobierno espera ingresar unos 1.503 millones en 2024 y la misma cantidad en 2025. Mientras, por la subida del IRPF, la expectativa es sumar 204 millones en 2024. 

Yolanda Díaz y María Jesús Montero charlan en el Congreso. Alberto Ortega / Europa Press

Por otro lado, la rebaja del IRPF a las rentas por debajo de los 21.001 euros tendrá un coste de 1.881 millones de euros entre 2023 y 2024. 

También ha habido 'premio' para los autónomos. Hay una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos para los trabajadores por cuenta propia. Y se eleva del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada.

Los beneficiarios serían 577.688 autónomos en la rebaja de módulos y 956.452 trabajadores por cuenta propia en régimen de estimación directa simplificada. El impacto de las dos medidas suma 184 millones de euros.

No hay que olvidar la reducción del IVA del 10% al 4% de los productos de higiene femenina, que forma parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. La rebaja también se aplicará a preservativos y anticonceptivos no medicinales y el impacto sería de 24 millones de euros para el conjunto del periodo.

Pymes

Las pymes también resultan beneficiadas, al menos las que tienen una facturación por debajo del millón de euros. Hay una rebaja del tipo nominal del impuesto sobre Sociedades del 25% al 23% para las pequeñas empresas.

Esto beneficiaría a 407.384 empresas, con un impacto de 292 millones de pérdida de ingresos públicos.

En cambio, para las grandes empresas, hay 'palos': Tendrán un tipo mínimo del 15%, y de forma efectiva. Pero, el auténtico misil es la limitación a un 50% de la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados. Afectaría a 3.609 empresas, el 0,2% de los declarantes de Sociedades, y el impacto será previsiblemente de 2.439 millones entre 2023 y 2024.

Y todo esto sin incluir los impuestos que se van a tramitar paralelamente a los Presupuestos (que incluirán las medidas citadas): el de la banca y el de las energéticas, por las que el Gobierno aspira a obtener más de 2.000 millones anuales (hasta 2024, cuando caducarán estos tributos). Toda una reforma fiscal que será temporal... Al menos por ahora. 

Visión del PP

Según informa Pepe Luis Vázquez, desde el Partido Popular defienden que una de las medidas, la exención del IRPF, estaba recogida en el plan económico que remitieron a la Moncloa en el mes de abril.

Sin embargo, argumentan que se debería de aplicar hasta rentas de 15.000 euros, ya que si a los que cobran el salario mínimo “les pagan más, es porque el coste de la vida ha subido, por lo que no tienen más capacidad económica”.

En cuanto al impuesto a los ricos, reconocen que todavía no tienen una opinión formada porque no han tenido acceso al texto, aunque sí consideran que podría invadir competencias autonómicas. Es decir, que auguran una cascada de recursos de comunidades gobernadas por el PP en el Tribunal Constitucional.

También recuerdan desde la oposición que al establecer la Ley de Presupuestos que “no se pueden crear tributos, sino modificarlos”, el gravamen tendrá que llegar al Parlamento por el trámite de urgencia para que pueda entrar en vigor el 1 de enero. Génova asegura que esto obedece al interés del Ejecutivo por contrarrestar la bonificación de Patrimonio de Andalucía, ya que “están buscando el conflicto entre ricos y pobres”, critican fuentes populares.