Con su anuncio de un nuevo impuesto temporal a las grandes fortunas, el Gobierno de Pedro Sánchez rompe con la tendencia dominante en Europa a suprimir las tasas sobre la riqueza. Una iniciativa con la que Moncloa quiere contrarrestar la decisión de comunidades autónomas del PP (como Andalucía o Murcia) de eliminar el impuesto de patrimonio -considerado un impuesto sobre la riqueza según los estándares internacionales-, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid.

El número de países de la OCDE (el club de los países ricos) que aplican impuestos sobre el patrimonio neto individual se redujo de 12 en 1990 a tan sólo 3 en la actualidad. Hay muchos Estados miembros que solían tener tasas a la riqueza, pero que las derogaron en las décadas de 1990 y 2000. Entre ellos Austria (en 1994), Dinamarca (en 1997), Alemania (en 1997), Holanda (en 2001), Finlandia, Islandia y Luxemburgo (los tres en 2006) y Suecia (en 2007).

En 2008, aunque técnicamente no derogó el impuesto sobre el patrimonio, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo un crédito fiscal del 100%, reduciendo a cero las obligaciones de todos los contribuyentes. Sin embargo, después de la crisis, España reintrodujo esta figura en 2011 como medida de consolidación fiscal, según señala la OCDE en su informe sobre las tasas a la riqueza.

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Francia abolió su impuesto sobre la riqueza en 2018 (que provocaba la fuga de ricos a Bélgica) y lo sustituyó ese mismo año por una tasa únicamente sobre el patrimonio inmobiliario. Así que, ahora mismo, los únicos tres países de la OCDE que tienen impuestos a la riqueza son España, Noruega y Suiza. En América Latina, este tipo de tasa está vigente en Argentina, Colombia, Uruguay y Bolivia, de acuerdo con un estudio de la Eurocámara.

Noruega aplica un impuesto del 0,95% sobre la riqueza de las personas que superen los 1,7 millones de coronas (alrededor de 170.000 euros). Los ingresos se reparten entre un 0,7% para los municipios y un 0,25% para el Gobierno central. Para el patrimonio superior a 20 millones de coronas (2 millones de euros), el tipo es del 1,1%. El impuesto sobre el patrimonio en Noruega data de 1892.

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En Suiza, el impuesto sobre la riqueza neta (que se aplicó por primera vez en 1840) lo aplican los cantones y cubre los activos que tienen sus ciudadanos en todo el mundo (excepto propiedades inmobiliarias y establecimientos permanentes ubicados en el extranjero). Los tipos y las desgravaciones varían considerablemente entre los cantones, según relata Tax Foundation. El modelo suizo es el que ha servido de modelo para las propuestas de reforma fiscal de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

¿Cuáles son los factores que se han esgrimido para justificar la derogación del impuesto de patrimonio en la mayoría de países europeos? El principal argumento es el de riesgo de fuga de capitales, en particular a la luz de la gran movilidad del capital y el acceso de los contribuyentes acaudalados a los paraísos fiscales. 

Además, los impuestos sobre la riqueza a menudo no han logrado sus objetivos redistributivos, ya que su base imponible es muy limitada, lo que se suma a la facilidad de elusión y evasión tributaria. Este tipo de gravámenes tienen altos costes administrativos y para garantizar su cumplimiento, que contrastan con unos ingresos muy bajos, apunta la OCDE.

Por ejemplo, la recaudación generada por los impuestos sobre la riqueza osciló en 2016 entre el 0,2% del PIB en el caso de España y el 1% del PIB en Suiza. Como porcentaje de los ingresos fiscales totales, oscilaron entre el 0,5% en Francia y el 3,7% en Suiza, según los datos de la OCDE. Aunque el nivel de riqueza ha crecido considerablemente en las últimas décadas, la recaudación de patrimonio se mantiene estable o incluso cae. 

Otro argumento que se esgrime contra este tipo de tasas es que pueden constituir un caso de doble tributación, ya que la riqueza se acumula a base de ingresos personales o se recibe mediante herencias o donaciones. Todos estos flujos ya están sujetos a impuestos en la mayoría de países. 

Por otro lado, el impuesto de patrimonio grava el valor de los activos, independientemente del valor que generan. El resultado es que otorga un trato preferente a los activos de alto riesgo/alta rentabilidad, generalmente propiedad de los más ricos. Es decir, tiene un mayor impacto sobre las clases medias y acaba exacerbando la concentración de riqueza.