Hasta hace pocos días, existía cierto consenso dentro del equipo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conveniencia de aprobar la prórroga de las medidas adoptadas el pasado mes de marzo sin grandes modificaciones. El objetivo era pasar el verano con el actual paraguas y que, en el caso de que fuera necesario, en septiembre se aprovecharía el arranque del curso político para poner en marcha una batería de nuevas medidas.

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La escalada de la inflación, de los precios de los carburantes y de la energía han hecho que este plan inicial quede en papel mojado. El núcleo duro económico del Gobierno ha entendido que es necesario una nueva batería de medidas que tengan en su foco a las empresas. El principal propósito es que las ayudas lleguen a más sectores productivos. Además, se busca una fórmula más eficiente que la actual para luchar contra el alza en los costes de los combustibles.  

Medidas sobre la mesa

Desde la puesta en marcha el pasado mes de marzo, son muchos los sectores industriales que han expresado su malestar por no haber entrado dentro de los sectores que recibían un apoyo especial en el Real Decreto-ley 6/2022. Este texto ponía el foco en las industrias "gas intensivas". Para ello se diferenció las actividades según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que recibían ayudas.

Uno de los objetivos de las negociaciones que actualmente se libran dentro del Gobierno es ampliar las actividades económicas que se verán beneficiadas por las iniciativas destinadas a paliar los efectos de la crisis energética. Durante los últimos meses, se ha visto que, si bien las empresas más dependientes del gas han sufrido el importante auge de sus costes, la escalada del precio de la electricidad también está poniendo en jaque a otros sectores.

El segundo pilar de las ayudas tiene como protagonista a los combustibles. La escalada de los precios ha engullido la actual bonificación de 0,20 euros en vigor. El diseño de esta medida ya generó cierto debate durante la elaboración del pasado Decreto-ley. El pasado 29 de marzo, la gasolina 95 costaba 1,819 euros el litro. En el día de ayer, estaba en los 2,142 euros el litro. A los 0,20 euros de bonificación ya se le suma un alza de 0,123 euros por litro.

Esto ha provocado que existan diferentes propuestas de cara a la redacción de un próximo Decreto-ley. Por un lado, se valora la posibilidad de aumentar estas ayudas por encima de los 0,20 euros por litro. Los contrarios a esta opción señalan el peligro de que esta medida siga encareciendo los precios de los carburantes y creen que sería más efectiva una reducción de los impuestos.

El balón en el tejado de Hacienda

En este sentido, el balón está en el tejado del Ministerio de Hacienda. Se espera que durante los próximos días las negociaciones sean intensas en el marco de la ampliación de las ayudas para hacer frente a la crisis energética. En el caso de los carburantes, la subida de los precios hace que, prácticamente, la recaudación impositiva ya supere a la bonificación aplicada.

Es decir, con los precios actuales ya se estaría recuperando gran parte del esfuerzo realizado para poner en marcha esta ayuda. Por ello, la presión está aumentando desde diferentes sectores del Gobierno para que Hacienda abra la mano y redoble los esfuerzos para compensar el impacto del alza de los precios.

Desde el ministerio se apunta a que el Estado lleva dos años corriendo con la práctica totalidad del peso de las ayudas tanto para paliar los efectos de la pandemia como de la crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania. Se considera que, en multitud de ámbitos, las comunidades autónomas podrían asumir más esfuerzo para desahogar a la ciudadanía.

La nueva tanda de ayudas se aprobará durante el Consejo de Ministros extraordinario del próximo 25 de junio. Una vez vea la luz, deberá recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. Para ello, el Gobierno cuenta con 30 días. Un plazo que, dada la complejidad del actual contexto, esperan no tengan que agotar.

El transporte pide más ayuda 

Una vez más, el transporte está siendo el sector que está encabezando la petición de la puesta en marcha de nuevas medidas. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ya ha solicitado la prórroga hasta final de año de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro, o kilogramo en el caso del gas comprimido, de combustible, acordada el pasado 24 de marzo.

Además, solicitan una nueva ayuda directa de otros 20 céntimos al transporte profesional a través de un mecanismo equivalente al de la devolución del gasóleo profesional, que incluirá a los vehículos de hasta 7,5 toneladas. Asimismo, reivindican una ayuda directa durante un trimestre para las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de vehículo. La cuantía será de 1.250 euros por camión y 500 euros por furgoneta, tal y como se acordó en el mes de marzo, pero incluyendo esta vez también a las actividades relacionadas con las mudanzas.

Por último, solicitan la corrección de la cláusula de actualización del precio del transporte en función del precio de los combustibles, incluida en las condiciones generales de contratación, pasando de un 30% a un 40%. Incluyendo en esta medida al gas. El CNTC está trabajando también en la revisión del borrador de la futura normativa para la aplicación de los principios de la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera, proporcionado por el Ministerio de Transportes y al que tuvo acceso este periódico.

El sector vuelve a llegar dividido a la negociación. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera ha anunciado que convocará el 26 de junio a todos los transportistas y conductores para efectuar la consulta sobre la reactivación del paro suspendido el pasado mes de abril. Paro que se podría reactivar a partir del 30 de junio.

Ayudas a los suministros

Otro de los grandes daños colaterales de la invasión de Rusia a Ucrania son los sobrecostes tanto de materiales como del componente energético en la construcción. En este punto el Gobierno pretende ampliar las actuales ayudas que están circunscritas a los contratos públicos de obra a los suministros.

Esta medida también va a ampliar el rango de empresas que se beneficiarán de las ayudas. Un ejemplo lo encontramos en las compañías ferroviarias que tienen que proveer de trenes o mantenerlos y que han visto como en los últimos meses los costes de sus materiales se han disparado.

Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) señalan la necesidad de incorporar los sobrecostes de la energía en el cómputo de la revisión de precios. Una reivindicación que también comparten los operadores ferroviarios que están viendo como sus costes operativos se disparan por culpa de la escalada de la factura eléctrica.

Enmiendas para la pesca

Por otro lado, el sector pesquero también ha reclamado la prórroga de las ayudas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. "Más aún si tenemos en cuenta que la subida del precio de los carburantes prácticamente ya se ha comido la bonificación de 20 céntimos por litro que entró en vigor el pasado 1 de abril y el sector pesquero vuelve a acercarse a una situación difícilmente sostenible", señala Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca).

Este sector también reclama que el proyecto de ley de Medidas Urgentes, ahora en trámite, contemple las cinco enmiendas que los pescadores han introducido en él y que ya han sido remitidas a los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Concretamente, el sector propone enmendar los artículos 15 (bonificación gasóleo), 32 (ayudas a empresas armadoras), 33 (ayudas a los costes de producción), 37 (aplazamiento cuotas de Seguridad Social) y 38 (tasas portuarias).

Cabe recordar que, además de la bonificación en el combustible aprobada en marzo por el Gobierno, también se dio el visto bueno a un paquete de ayudas directas de 68 millones de euros. Medidas que habrá que ver cómo quedan plasmadas en el nuevo decreto del Gobierno.

Una subida de impuestos compleja

Otro de los interrogantes que quedan en el aire es cómo y cuándo se ejecutará la subida fiscal a las grandes eléctricas que quiere hacer el Ejecutivo. Esto está todavía en discusión puesto que Unidas Podemos quiere que sea de manera inmediata y a través de un incremento del tipo que pagan estas empresas en el Impuesto de Sociedades.

La fórmula del Decreto-ley es la única que permitiría poner en marcha esta modificación en el corto plazo. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación alertan de que esta figura legal puede generar inseguridad jurídica si se emplea para las subidas fiscales.

Por ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pospuesto dicha subida fiscal para principios de 2023, debido a los trámites que serían necesarios para activar el incremento tributario. En cualquier caso, esta materia, como muchas otras, se sigue negociando en el seno del Gobierno. Desde el ala económica se da por hecho que no se dan las condiciones para que forme parte de las medidas que se movilicen el próximo sábado.

Así las cosas, los cuatro próximos días se presentan como unos de los más intensos y definitorios para el actual Gobierno de coalición. De la capacidad de sacar una serie de medidas con impacto real en la economía dependerá gran parte de las opciones que el actual equipo tiene para llegar a las próximas elecciones con opciones. El decreto que se apruebe el próximo sábado marcará el verano y el último trimestre previo a un 2023 que ya será netamente electoral.