El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado máxima prioridad al despliegue de las subvenciones Next Generation con el fin de apuntalar la recuperación tras la crisis de la Covid-19, pero se ha quedado atrás en la gestión de las ayudas regionales europeas ordinarias. España se encuentra a la cola entre los países de la UE en la ejecución de los fondos estructurales y de inversión del periodo 2014-2020. Además, Sánchez todavía no ha enviado a Bruselas sus planes para utilizar los 36.300 millones de euros que tiene adjudicados para 2021-2027, pese a estar ya a finales de febrero de 2022. Es decir, con más de un año ya perdido.

Según los últimos datos de la Comisión, España sólo ha gastado el 42% de los fondos estructurales y de inversión de 2014-2020. Es decir, transcurridos los siete años del periodo presupuestario y 14 meses extra, se han ejecutado menos de la mitad de los subsidios adjudicados: 29.613 millones de euros de un total de 69.862 millones (sumando la aportación extraordinaria de REACT-EU, que se aprobó durante la crisis). Quedan todavía 40.250 millones sin gastar de un presupuesto plurianual cuya vigencia concluyó hace más de un año. 

"En ningún caso se perderán fondos. A lo largo de su historia, España ha ejecutado siempre prácticamente el 100% de los fondos y esta vez también será así. En este sentido, es importante destacar que en los últimos años el ritmo de ejecución se ha acelerado notablemente", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes del Ministerio de Hacienda. 

De hecho, los Estados miembros tienen de plazo hasta 2023 para gastar la totalidad de las ayudas del periodo 2014-2020. Eso es así gracias a la denominada regla n+3, que amplía en tres años el plazo para ejecutar los fondos estructurales una vez concluido el presupuesto plurianual. De lo contrario, el dinero europeo se esfuma definitivamente. Hasta ahora, España ha programado ya el 89% de estas subvenciones pero, si no quiere perder ayudas, tendrá que gastar en los próximos dos años más fondos regionales que en los ocho años anteriores.

¿Cómo se explica este gran retraso en la ejecución de los fondos regionales? El Gobierno ha dado tres argumentos principales a Bruselas. En primer lugar, la aprobación tardía de los programas del periodo 2014-2020. La segunda justificación que esgrime España es la anterior crisis económica, que dificultó a las comunidades autónomas poner la parte que les toca para cofinanciar los proyectos: no había dinero. Finalmente, el Gobierno se escudó en la inestabilidad política de ese periodo, con retrasos en la aprobación de los presupuestos o directamente prórrogas sucesivas de las cuentas. 

Dinero gastado de los fondos regionales de la UE del periodo 2014-2020

Pero en lugar de corregirse, el retraso va camino de agravarse con los 36.300 millones de euros de fondos regionales que España tiene adjudicados para 2021-2027 (una cantidad que sólo superan Polonia e Italia). Cuando ya ha transcurrido más de un año desde el inicio del periodo de programación, el Gobierno de Sánchez ni siquiera ha enviado a Bruselas el Acuerdo de Asociación, el plan en el que debe definir las prioridades de gasto y la lista de programas operativos regionales, con sus correspondientes partidas financieras. 

Aunque el incumplimiento de plazos es general, el Ejecutivo comunitario ya tiene en sus manos los Acuerdos de Asociación de Polonia e Italia, así como los de Austria, Alemania, Finlandia, Letonia, Suecia, Chequia, Francia, Holanda, Hungría y Chipre. Hasta ahora, el único plan de política de cohesión que se ha aprobado es el de Grecia. 

El director general de Política Regional de la Comisión, Marc Lemaître, acusó al Gobierno de Sánchez de poner el foco exclusivamente en los 70.000 millones que corresponden a España del Fondo de Recuperación Next Generation y descuidar la gestión de las ayudas regionales ordinarias. El plan de recuperación español fue, junto con el de Portugal, el primero en obtener el visto bueno de Bruselas. Nuestro país es además el único que ha recibido ya dos pagos. 

"El Fondo de Recuperación ha monopolizado la atención y la capacidad administrativa en la mayoría de Estados miembros. Y ha habido un Estado miembro en el que esto ha sido particularmente visible. ¿Por qué? Porque ese Estado miembro ha retrasado de forma muy lamentable la presentación del Acuerdo de Asociación y de los programas (regionales), yo diría que de forma incomprensible", dijo Lemaître el pasado noviembre en una comparecencia en la Eurocámara. 

Situación sin precedentes

"¿Cuál es ese Estado miembro? Ese Estado miembro es España. España es, junto a Italia, el mayor beneficiario del Fondo de Recuperación, del que recibirá un apoyo que es casi el doble del que recibe con la política de cohesión. España ha demostrado que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo y que su absoluta prioridad es el Fondo de Recuperación", denunció el director general. El caso opuesto es el de Grecia que, a su juicio, "ha demostrado que es perfectamente posible avanzar en ambos frentes".

Tras este toque de atención de Lemaître, el diálogo entre la Comisión Europea y el Gobierno de Sánchez sobre los fondos estructurales ha ganado velocidad en las últimas semanas. En Bruselas hablan de progresos regulares y esperan que el Acuerdo de Asociación y los programas regionales se aprueben antes de que acabe 2022.

"En este nuevo periodo estamos ante una situación sin precedentes, en la que nuevos instrumentos como REACT-EU o el Fondo de Recuperación y Resiliencia vienen a unirse a los tradicionales fondos de la política de cohesión; fondos que financian actuaciones similares, por lo que resulta imprescindible garantizar la complementariedad entre ellos y la búsqueda de sinergias. Para ello es fundamental que la programación de los distintos instrumentos se realice de forma secuencial", se justifican en el Ministerio de Hacienda ante las críticas de Bruselas.

"Por ello, justo tras la presentación del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, y tras meses de trabajo conjunto entre las unidades responsables del Fondo de Recuperación y de los Fondos de Cohesión, se inició el diálogo formal con la Comisión con vistas a la aprobación del Acuerdo de Asociación de España para el 2021-2027 en el menor plazo posible", apuntan las fuentes consultadas.

La fecha tope es finales de 2022. Mientras que los fondos estructurales correspondientes a 2021 que no se han gastado pueden distribuirse durante los próximos años, los fondos para 2022 se perderán definitivamente si no se cubren con programas aprobados antes de que acabe el año, según ha avisado el Ejecutivo comunitario. Ni Bruselas ni Hacienda concretan qué cantidad está en juego en el caso de España. Eso sí, el departamento de María Jesús Montero descarta cualquier riesgo. "En ningún caso se plantea la posibilidad de perder la anualidad de 2022".