Con una trayectoria siempre ligada al sector privado, ha tomado las riendas de esta organización que busca defender los intereses de los empresarios y de buena parte de la sociedad civil en un momento marcado por la pandemia, la crisis económica, la polarización política y los fondos europeos.

¿Qué balance hacen de la remodelación de Gobierno anunciada el pasado sábado? 

Nos ha sorprendido que no haya habido una reducción de ministerios en esta remodelación de Gobierno. El país está pasando por una situación muy difícil y hubiera sido deseable dar ejemplo aplicando principios de austeridad en la concepción del Gobierno.

Dicho esto, no vemos que se hayan producido cambios significativos. Las áreas económicas desde donde se van a impulsar las grandes reformas estructurales que tiene que afrontar nuestro país siguen en manos de las mismas personas. Por lo tanto, entendemos que no se vislumbra un cambio significativo.

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala. PABLO JIMÉNEZ

Se han incorporado nuevas caras, nuevas personas, con perfiles muy políticos, cuando necesitamos perfiles más técnicos. Como consecuencia, nuestra valoración es cauta. Tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para ver si realmente va a haber un cambio en las políticas que se apliquen. Por el momento, no tenemos ningún indicio de que esto vaya a ser así.

¿Les da confianza que Nadia Calviño sea vicepresidenta primera? 

Es una buena noticia que se haya reforzado el área económica con Nadia Calviño como primera vicepresidenta porque es una guía clara de donde va a ir la política económica en los próximos meses, pero siguen las incertidumbres.

Nos preocupa mucho el área de Trabajo porque no se ha producido ningún cambio. La dirección que están tomando las reformas es la contraria de la que se debería tomar. Con las propuestas que ha realizado el Ministerio de Trabajo, vemos que no se van a cumplir los objetivos marcados por Bruselas y creemos que nuestro país no necesita una contrarreforma laboral, sino avanzar en las reformas que se empezaron en 2012. 

Es una buena noticia que se haya reforzado el área económica con Nadia Calviño. Nos preocupa mucho el área de Trabajo porque no se ha producido ningún cambio

De hecho, uno de los elementos más importantes de la reforma de 2012 eran los ERTE, algo que se quería derogar y que se ha convertido en una herramienta indispensable en épocas de crisis. Entendemos que hay que seguir en la misma línea y que hay que disminuir el número de contratos laborales. Pero antes de eso, hay que adaptar las indemnizaciones de despido a las que tienen otros países europeos que son líderes en creación de empleo, como Alemania. Si reducimos las indemnizaciones, la reducción de contratos no servirá para nada. Habrá más desempleo y más rigidez en el mercado de trabajo.

Los sindicatos han pedido a Trabajo lo contrario aprovechando que la ministra, Yolanda Díaz, está abrazando planteamientos más radicales en la reforma...

Es un error porque la indemnización por despido protege al que ya está trabajando y desprotege al que no trabaja. Con la situación de desempleo que tiene España en este momento, es hora de pensar en los que no trabajan antes de pensar en los que están trabajando. Bajar la indemnización de despido no significa que las empresas quieran despedir, significa que pueden contratar en situaciones de alta incertidumbre con menos riesgos.

Bajar la indemnización de despido no significa que las empresas quieran despedir, significa que pueden contratar en situaciones de alta incertidumbre

Lo que importa en nuestro país ahora es un compromiso con el empleo y esto pasa por reducir las indemnizaciones por despido buscando maximizar la contratación y no protegiendo a los que ya tienen empleo. Tenemos que centrarnos en los que no lo tienen.

El Gobierno abandera el discurso contra la precariedad y la temporalidad. Son elementos que preocupan en Bruselas, pero sus propuestas van en la dirección opuesta a lo que pide la Comisión Europea…

Para solucionar la temporalidad y la precariedad, tenemos que reducir el coste del despido. Para un empresario, debe ser exactamente igual contratar a una persona para un trabajo indefinido o temporal. Cuando sea indiferente, no habrá predilección y como consecuencia, los trabajos de aprendizaje serán realmente de aprendizaje, los temporales estarán adscritos a actividades que no van a permanecer en el tiempo y los indefinidos serán todos los demás.

¿Qué opina de la intención del Gobierno de devolver a los sindicatos parte del poder perdido en la negociación colectiva y de las restricciones a la subcontratación?

Es otro error. Lo que necesita nuestra economía es flexibilidad. Para ello, circunscribir la contratación colectiva al marco de la empresa es lo mejor. Allí también los sindicatos pueden negociar con los empresarios unas mejores condiciones para los trabajadores, solo que al hacerlo en el ámbito de una empresa se conseguirá la máxima flexibilidad para esa empresa y para sus trabajadores. Y además, se permitirá una mejor adaptación al mercado en el que compite. 

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala. PABLO JIMÉNEZ

Con la subcontratación tenemos otro problema, porque es un mecanismo de flexibilidad. Las empresas recurren a este tipo de contratos cuando necesitan organizar de la forma más flexible los recursos. Limitarlas en este momento supone un serio problema para el empleo.

Antes de la reforma laboral se ha pactado la primera fase de la reforma de las pensiones. ¿Ha sido acertado dividir esta reforma en varios tramos? ¿Cuál es el balance del primer apartado?

La reforma de las pensiones nos parece absolutamente insuficiente. Por un lado, se progresa de forma positiva en el retraso de la edad de jubilación, que es bueno e inevitable. O retrasamos la jubilación o no podremos pagar las pensiones. Pero, por otro, tiene un segundo elemento muy negativo: la indexación de las pensiones con el IPC. Según los estudios realizados por la AIReF, si se mantiene la actualización de las pensiones con el IPC, llegaremos a un nivel de deuda sobre PIB del orden del 170%. Esto es absolutamente imposible de financiar.

Si se mantiene la actualización de las pensiones con el IPC, llegaremos a un nivel de deuda sobre PIB del orden del 170%. Esto es absolutamente imposible de financiar

Por eso, el Círculo de Empresarios defiende un cambio radical en el planteamiento de las pensiones que consistiría en aplicar en España un sistema de reparto con cuentas nocionales. Esto significa, en primer lugar, permitir al ciudadano conocer cuál es su situación. En segundo lugar, es importante que sea capaz de tomar decisiones.

Con el sistema de cuentas nocionales, la Seguridad Social informa a cada ciudadano de cuánto ha cotizado en su vida laboral y en un intervalo de tiempo en el que se puede jubilar, cuál sería la pensión en función de su esperanza de vida y el momento de la jubilación. Ha llegado la hora de que los ciudadanos tomen sus decisiones y no los partidos políticos gestionando esa información para conseguir más votos de un colectivo o de otro. 

En un país en el que son difíciles los acuerdos, en el Pacto de Toledo parece uno de los pocos lugares en los que ha sido posible alcanzar algo de consenso...

La política que está haciendo el Parlamento y el Pacto de Toledo es absolutamente cortoplacista. Lo único que se toca es lo imprescindible para acabar la legislatura. Pero en el sistema de pensiones, cada ciudadano tiene un horizonte de 20, 30 ó 40 años.

La política que está haciendo el Parlamento y el Pacto de Toledo es absolutamente cortoplacista

No podemos estar pensando en una legislatura. Es necesario hacer una reforma profunda. Por ese motivo, el Círculo de Empresarios como organización de la sociedad civil está comprometida con explicar a la sociedad los cambios que debemos hacer. Nos proponemos hablar con los líderes de los partidos políticos para que conozcan nuestras propuestas. Conviene dejar de lado los intereses partidistas y personales, para empezar a pensar en los intereses de los ciudadanos.

El Círculo de Empresarios representa al mundo empresarial y a una parte de la sociedad civil sin estar dentro del diálogo social. ¿Les ayuda esta condición para participar en debates frente a la CEOE?

El Círculo nace meses antes de que lo hiciera la CEOE en 1977 y su propósito es actuar como centro de pensamiento. Aunque el Círculo está constituido por empresarios, no trabaja al servicio de los empresarios, trabaja al servicio de la sociedad. No somos un agente social, pero esto refuerza nuestra independencia. Nos financiamos única y exclusivamente con las cuotas de los socios y no estamos sujetos a ningún tipo de subvención o apoyo gubernamental. Así nos sentimos muy libres.

El presidente de la CEOE cree que ha sido víctima de la polarización en el tema de los indultos, ¿es difícil implicar a la sociedad civil en la política?

Todas las organizaciones de la sociedad civil tienen la responsabilidad de defender los intereses generales. Defender las instituciones en España es esencial. Un país con instituciones fuertes tiene una economía fuerte y no al revés. Si en algún momento la política supone una interferencia en la infraestructura institucional, todos deberíamos defender la Corona, la separación de poderes, la independencia del Parlamento del Gobierno, la independencia del Gobierno del Estado. Es muy importante.

Todos deberíamos defender la Corona, la separación de poderes, la independencia del Parlamento del Gobierno o la independencia del Gobierno del Estado

Primero los indultos sin arrepentimiento y, después, el fondo que está impulsando la Generalitat para las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas. ¿Esto también daña nuestra imagen exterior?

Por supuesto. Sobre los indultos nos hemos manifestado en varias ocasiones claramente: son una medida muy excepcional que habría que haber aplicado solo en circunstancias adecuadas y con la voluntad de los indultados de no reincidir en el delito. Pero no se ha hecho con ese principio, lo cual no es bueno. Además, tratar de que sea el propio Estado el que pague las responsabilidades de aquellos que cometieron delitos nos parece que es muy desafortunado y como consecuencia deberíamos manifestarnos claramente en contra de estos planteamientos.

¿Les preocupa Cataluña?

Muchísimo. Es una parte importantísima de nuestro país. Nos preocupa esta deriva en la que los ciudadanos no pueden ejercer libremente sus actividades o pensar o expresarse con libertad. Esperamos que en Cataluña poco a poco se vaya reduciendo la división y aceptando el Estado de derecho, la libre capacidad de expresar ideas y que en este contexto de seguridad jurídica, las empresas puedan volver a Cataluña con la seguridad de que van a poder desarrollar su actividad con respeto a las reglas de juego. Esa es la única oportunidad que vemos para que Cataluña recupere su actividad económica y su importancia como motor dentro de la economía española.

Esperamos que en Cataluña, poco a poco se vaya reduciendo la división y aceptando el Estado de derecho

Un sector grande de la política catalana considera que esa pérdida de poder se debe al 'dumping fiscal' que, en su opinión, hace Madrid...

Este es un debate equivocado porque la armonización fiscal que propugnan se refiere a dos impuestos: el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Son impuestos que no existen en ningún país de Europa. Lo que debería hacer España es armonizar sus figuras con las del resto de países europeos y eso implica suprimir esos impuestos de todas las comunidades autónomas. Esa es la única armonización que vemos sensata y razonable. El problema de España es que tenemos todas las figuras impositivas posibles y eso no es sano para la economía.

Un grupo de expertos está estudiando la reforma fiscal que el Gobierno quiere poner en marcha en 2022. ¿Cómo afrontan este tema?

Si los expertos son realmente expertos independientes, entendemos que podría ser positivo. Pero por las informaciones que tenemos, los expertos no son totalmente independientes y, como consecuencia, sus conclusiones pueden estar orientadas desde el Ministerio que los contrató. Nos preocupa bastante.

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala. PABLO JIMÉNEZ

Este fin de semana el G20 ha acordado avanzar hacia un impuesto mínimo de Sociedades global. ¿Esto es positivo?

En general, la armonización fiscal es positiva porque permitiría eliminar alguna de las cautelas que algunos países europeos han establecido para ciertas compañías, como la 'tasa Google'. Si se armonizan algunos impuestos como ese, habría que suprimir esa tasa que, de hecho, es incompatible con el acuerdo del G20. Las armonizaciones fiscales nos parecen positivas siempre y cuando el tipo impositivo sobre el que se armonice sea sustancialmente inferior al que estamos soportando para que no se produzca ni una doble imposición, ni una doble tributación.

Las armonizaciones fiscales nos parecen positivas siempre y cuando el tipo impositivo sobre el que se armonice sea sustancialmente inferior al que soportamos

Los fondos europeos son una oportunidad para España, ¿tenemos garantías de que se vayan a gestionar bien?

Tenemos esa preocupación. Algunos países europeos han constituido una agencia independiente, formada por personas cuyo único interés es que los fondos se apliquen adecuadamente, que se gobiernen bien y que vayan destinados a su propósito, que es generar empleo y riqueza. En España, no ha sido así y nos preocupa el uso, la disposición y el gobierno que se haga desde la oficina para la gestión de estos fondos dependiente del presidente del Gobierno.

¿El 'caso Plus Ultra' ha sido un aviso para recordar que hacen falta más controles?

Es muy mal precedente porque significa conceder una serie de ayudas -en este caso, por parte de la SEPI, no con cargo a los fondos europeos- a una compañía que no cumplía ninguno de los requisitos necesarios para obtenerlas. Si esas ayudas hubieran sido intermediadas por una agencia independiente, jamás se hubieran concedido.

A finales de mes, se celebra la Conferencia de Presidentes para abordar el reparto de los fondos y el papel de las comunidades autónomas. ¿Confía en una cogobernanza eficaz?

La intervención de las comunidades autónomas es imprescindible porque estos fondos van a ir aplicados a determinados proyectos y empresas que, por su tamaño, tienen contacto con las Administraciones más cercanas, que son las locales y las autonómicas. Es imprescindible que participen en la concesión de esos fondos.

Pero lo más importante es que esos fondos se apliquen correctamente con criterios de eficacia. Los fondos los necesitamos para generar rentabilidad, empleo y riqueza. Y estos deberían ser los criterios que nos permitieran decidir dónde van. Deben ir donde se maximice la creación de riqueza y empleo y donde se obtenga la máxima rentabilidad posible. De otro modo, estaremos desaprovechando una gran oportunidad.

Esto nos lleva al tamaño de las empresas españolas. Se apunta a la gran empresa para los proyectos tractores, pero tenemos un tejido productivo de empresas muy pequeñas que tienen más complicaciones de acceso a los fondos...

Efectivamente, habría que buscar que todas las empresas con actividades que tuvieran relevancia para construir un futuro mejor tuvieran acceso a estos fondos. Aquí hay que aplicar todas las políticas posibles. Tanto el efecto de las grandes compañías, con sus proyectos de efecto tractor, como la petición de proyectos a empresas medianas y pequeñas para financiar proyectos de creación de riqueza y de valor.

Si la cooperación público-privada sale bien, ¿es una oportunidad para que los empresarios mejoren su imagen?

Es una oportunidad para poner en marcha actividades que redunden en beneficio de todos. Esto no solo mejorará la imagen de los empresarios, sino que será bueno para todos los ciudadanos de este país. Los empresarios y los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad para acometer este proceso de recuperación que necesita nuestro país de la mejor manera posible y de la manera más eficiente.

¿Son optimistas con la evolución de la recuperación económica?

Cuando una economía se hunde un 11%, la caída más importante de nuestra historia, es evidente que se tiene que producir un rebote. Pero necesita más de un 13% para recuperarse. Las previsiones para este año son de una recuperación de alrededor del 6,5% y, junto con la de 2022, alcanzaremos a finales del año que viene o principios de 2023 el nivel precrisis.

La economía necesita más de un 13% para recuperarse de la caída de 2020 

Dependemos de dos cosas. Por un lado, que la vacunación sea efectiva y no haya repuntes en la pandemia. Por otro, que las inversiones, los fondos europeos y la reincorporación de las personas al trabajo se vaya produciendo de forma paulatina y podemos recuperar no solo nuestro nivel de actividad y empleo para finales del año que viene.

¿Está en peligro la temporada turística y la recuperación por la 'variante delta'?

Es un asunto fundamental. España depende en un 13% del PIB del turismo. Necesitamos un turismo fuerte para que España se recupere cuanto antes. Una vez recuperada la economía ya decidiremos dónde poner el foco del crecimiento: si en un sector de actividad o en otro. Pero es imprescindible que se apoye el turismo hasta entonces.

En ese sentido, ¿el Gobierno lo apoya de forma suficiente? ¿Le preocupan los mensajes que se lanzan a veces contra sectores como el turismo o más recientemente el de la industria cárnica?

Nos preocupa que el Gobierno nos diga qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir. Los españoles somos mayores de edad para decidir nuestro futuro: si queremos comer carne, constituir una empresa turística o hacer aquello para lo que tengamos vocación. El Gobierno debe sentar las bases para que los ciudadanos desarrollen sus actividades y tomen sus decisiones en libertad. Tanta opinión y tanta injerencia no nos parecen buenas.

Los españoles somos mayores de edad para decidir si queremos comer carne o constituir una empresa turística

¿Es urgente tomar medidas para mejorar la formación de los trabajadores?

Es esencial. Buena parte de los problemas de nuestro mercado laboral proviene del déficit de formación que tienen nuestros jóvenes. En Alemania, el 50% de los jóvenes tiene formación profesional dual, que combina la formación académica con las prácticas en empresas. En España, solo un 24% de los jóvenes tiene formación profesional y FP dual un 3%. El 35% de los jóvenes abandona los estudios en la ESO o en el bachillerato. El mercado español no está ofreciendo a las empresas personas formadas y con experiencia. Potenciar la FP dual es esencial para garantizar el futuro de nuestros jóvenes.

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala. PABLO JIMÉNEZ

Ya hay cuatro empresas imputadas en la investigación del 'caso Villarejo' y no sabemos si irán a juicio. ¿Este tema está dañando la imagen de nuestro país?

Es enormemente preocupante que la imagen de España en el exterior esté condicionada por el 'caso Villarejo', por lo que sucede en Cataluña, por la falta de capacidad del Gobierno para tomar decisiones… 

Es preocupante que la imagen de España en el exterior esté condicionada por el 'caso Villarejo'

Por una serie de elementos que no representan a un país con gente estupenda, con muchas ganas de hacer cosas, con capacidades de superar las dificultades… Lo que nos gustaría es que se viera lo bueno del país y que estos casos no volvieran a suceder y que tuvieran una repercusión mediática limitada. Porque es mucho lo que España se juega en esto.

En este sentido, si la investigación desemboca en juicio oral, ¿sería dañino para las empresas españolas?

Efectivamente, porque esas empresas, además, no solo cotizan en la bolsa española, cotizan en la bolsa europea. Todas están en EuroStoxx 50, en los grandes mercados de cotización europea y el daño reputacional puede ser muy alto. Nos preocupa y nos gustaría que esta situación se resolviera. Que cada persona o entidad jurídica asumiera sus responsabilidades cuanto antes para cambiar esa imagen y ofrecer la de un país que si tiene problemas, los soluciona de forma rápida.