Si no hay más tropiezos, Bruselas todavía confía en que el primer pago de los fondos de la UE para la reconstrucción tras la Covid-19 llegue a España durante el mes de julio. Se trataría de un anticipo del 13%, es decir, alrededor de 9.000 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario avisa de que si el Gobierno de Pedro Sánchez no aprueba en plazo las reformas prometidas no habrá más dinero. Los siguientes desembolsos están condicionados a que se completen los distintos objetivos y metas que figuran en el plan de recuperación de España.

El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovksis, y el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, han comparecido este lunes de forma virtual ante el comité de Economía de la Eurocámara para dar cuenta de los primeros planes de inversión y reformas recibidos. Estos planes son el prerrequisito que exigen las reglas de la UE para beneficiarse del fondo Next Generation de 750.000 millones de euros.

Hasta ahora, un total de 14 Estados miembros han enviado a Bruselas sus planes. Entre ellos, los dos principales beneficiarios del fondo: España, que ha pedido únicamente 70.000 millones en subsidios; y también Italia, que solicita 190.000 millones sumando subvenciones y créditos blandos. El Ejecutivo comunitario ha iniciado ya la evaluación de los planes y tiene previsto adoptar una decisión en la segunda quincena de junio. 

La aprobación final de los planes le corresponde al Ecofin, que tiene cuatro semanas adicionales para pronunciarse. "Si todo va según el plan, el primer pago podría llegar a los Estados miembros durante el verano, presumiblemente en julio", ha avanzado Dombrovskis. El vicepresidente económico ve posible un segundo pago a finales de año, tal y como reclama el Gobierno de Sánchez, si para entonces se han cumplido ya los primeros objetivos en reformas. La vicepresidenta Calviño espera recibir un segundo desembolso de 16.000 millones a finales de 2021.

El cumplimiento de los plazos de llegada de los fondos depende también de que todos los Estados miembros ratifiquen la norma que permitirá a Bruselas emitir deuda común europea en los mercados para financiar la recuperación. Ahora mismo hay ocho países que todavía no lo han hecho, pero el Ejecutivo comunitario espera que tres de ellos completen los trámites esta misma semana. Los comisarios han dicho en la Eurocámara que no hay plan B y que confían en que la ratificación se complete a tiempo en junio.

Ni Dombrovksis ni Gentiloni han querido pronunciarse en concreto sobre ninguno de los planes ya presentados. Pero sostienen que, a falta de una evaluación en profundidad, todos ellos recogen a priori un equilibrio adecuado entre inversiones y reformas y cumplen los objetivos de dedicar el 37% del dinero a la transición verde y el 20% a la transformación digital. Todo ello gracias a la presión de Bruselas, porque las versiones iniciales de los planes eran muy deficientes en materia de reformas, han explicado.

"Hemos trabajado intensamente con los Estados miembros para garantizar que cuando presentan los planes no haya debilidades fundamentales (...) Estamos satisfechos en términos generales, aunque se necesita más trabajo", ha relatado Dombrovskis.

Durante los dos meses que durará la evaluación final, Bruselas todavía puede pedir más cambios a los Gobiernos. "Hay elementos que aún deben ajustarse, como la necesidad de ser muy precisos con los objetivos intermedios y las metas, porque son los que desencadenan los pagos", ha agregado.

Durante el debate, el portavoz de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano, ha preguntado a los comisarios cómo van a garantizar que los Estados miembros cumplan las reformas comprometidas. Sostiene Garicano que mientras el plan de Italia sí incluye un ajuste estructural suficiente de su economía, los de España o Alemania sólo tienen "reformas fake" o directamente eluden las reformas necesarias.

Los comisarios le han contestado que el reglamento del fondo Next Generation contempla suficientes controles para garantizar que las reformas se pongan en marcha. "Los pagos a los Estados miembros estarán efectivamente vinculados a que los Estados miembros apliquen las reformas y cumplan los objetivos intermedios y las metas. Las reformas serán claramente un elemento muy importante a la hora de evaluar los planes y durante su puesta en práctica", asegura Dombrovskis. 

Por su parte, Gentiloni señala que el Ejecutivo comunitario está satisfecho en líneas generales con las reformas prometidas por los Estados miembros. "Desde mi punto de vista, la principal dificultad que tenemos cuando aprobemos los planes será si lo que está escrito ahí ocurrirá relamente y en el plazo marcado", ha explicado.

"Mi opinión es que esto es problemático para varios países. Los compromisos asumidos en estos planes son muy importantes y por supuesto la Comisión estará con el Consejo y el Parlamento Europeo para vigilar la puesta en marcha. Yo creo que el auténtico desafío es exactamente ese: ¿ocurrirá lo que está escrito en los planes?", se interroga Gentiloni.