Este viernes 30 de abril, el Gobierno remitió a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un programa que incluye la “paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio”. La supresión de esta ayuda fiscal afectará al 12% de los españoles y principalmente a rentas medias y bajas.

Actualmente, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), 4,2 millones de personas se benefician de esta ayuda fiscal, lo que se corresponde con 2,1 millones de hogares. En términos relativos, el beneficio fiscal afecta al 12% de las personas y se traduce en una caída de la recaudación equivalente al 3,3% de la recaudación total del IRPF.

Si bien esta ayuda fiscal también es para las rentas altas, en realidad, a quien más beneficia es a las rentas medias y bajas. Y es que, más del 80% de esta deducción va a parar a estas, tal y como explica el organismo en su informe sobre beneficios fiscales. Es decir, el 10% de mayor renta genera el 19,5% del coste total del beneficio (466 millones).

Es decir, que la eliminación de este beneficio fiscal afectará, sobre todo, a las clases medias y bajas. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ratifica estos números.  “Se hace público ahora pero la intención no es una novedad”, indica Cruzado, quien recuerda que esta medida es básicamente una transcripción directa de la propuesta de la AIReF.

Aunque no entra a valorar la medida, sí que indica que la deducción por tributación conjunta “ya no existe en la mayoría de los países de la Unión Europea y de la OCDE”.

En declaraciones a Invertia, Cruzado expresa que su mayor preocupación es cómo se aplique la supresión de esta deducción. “Nos preocupa que elementos en esta línea vayan en contra de la población”. Espera que se haga con el “régimen transitorio” que menciona AIReF, de manera que las familias que hoy disfrutan de este régimen fiscal lo puedan mantener en el futuro, aunque nuevos matrimonios no podrán acceder a él.

Cruzado indica que esta medida se tendría que aplicar con la misma fórmula que cuando se suprimieron las deducciones estatales por adquisición de vivienda y alquiler. Se mantuvieron para quienes ya las disfrutaban pero dejaron de existir para nuevos contribuyentes.

Las razones del Gobierno

La razón que esgrime el Ejecutivo para suprimir esta reducción es “que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)”, según plantea el documento enviado a Bruselas.

Para llevar a cabo esta medida, el Gobierno planea la creación de una comisión de personas expertas en la que "se asegurará el equilibrio de género y al menos una persona especialista en enfoques de género".

De este modo, "se pretende facilitar que entre sus miembros haya interés y capacidad para abordar los retos del sistema impositivo vinculados a prevenir y erradicar desigualdades de género en el propio sistema y de la sociedad", continúa el documento.