El Gobierno está ultimando un real decreto para desindexar los precios de los servicios públicos del IPC para evitar que el incremento actual de los precios genere "efectos de segunda ronda" que terminen por afectar a la competitividad del país. Esto es, que la subida de los precios de la luz y la energía no conlleve un incremento del resto de precios públicos para que una situación temporal no se convierta en estructural y, así, se genere un incremento de la inflación del resto de bienes y servicios.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado en la Comisión de Economía del Congreso que "en los próximos días" el Gobierno aprobará este decreto, que se apoya en la Ley de Desindexación de la economía española, aprobada en 2015. Esta Ley permite al Gobierno introducir, por decreto, la desindexación de los precios (como precios de los transportes públicos, la Educación, etc.) y contratos públicos (como arrendamientos o licitaciones) de la subida de IPC. Así, todos los precios públicos no subirán el mismo nivel que el Índice de Precios de Consumo, que en enero se han disparado un 3%, el nivel más alto en seis años.

Guindos ha señalado que el objetivo de este decreto será evitar los efectos de segunda ronda sobre la economía. Sin embargo, esta normativa no afectará a la subida de los salarios de los empleados públicos y tampoco de las pensiones, ya que la propia Ley separa estas dos pagas de la desindexación. En el caso de los salarios de los trabajadores públicos, se respeta las decisiones adoptadas en la negociación colectiva, mientras que en el caso de las pensiones, se respeta el Índice de Revalorización aprobado en 2013. No obstante, la Ley deja abierta la puerta a que este decreto pueda establecer "límites para la traslación de costes de mano de obra".

Esta decreto no puede afectar a la subida de los salarios de los empleados públicos y tampoco de las pensiones

Al final, el Gobierno pretende contener el incremento de los salarios en el conjunto del país. Guindos ha recomendado contener el incremento "de todas las rentas" por el repunte actual de la inflación, ya que generaría efectos de segunda ronda sobre el conjunto de precios. "Sería un error", ha señalado, ya que la subida actual de los precios es temporal y se debe al encarecimiento de los combustibles y de la luz.

El objetivo último del ministro es evitar que los precios en España vuelvan a crecer más rápido que en el resto de países de la eurozona, como ha ocurrido desde la creación del euro. Este diferencial de inflación resta competitividad a la economía, justo lo que pretende corregir el Gobierno con este decreto.

Guindos confía que, "a partir del segundo trimestre" el IPC general converja con el IPC subyacente, que es el que mide los precios sin energía y alimentos frescos, los componentes más volátiles del índice. Esto significa que la inflación volverá al entorno del 1% en los próximos meses y, en cualquier caso, por debajo del 2%.