La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue la gran apuesta del Gobierno del Partido Popular para mantener el déficit y la deuda pública bajo control, pero ha acabado convirtiéndose en papel mojado. Así lo vuelve a poner de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que alerta de que España no conseguirá rebajar la ratio de deuda pública sobre el PIB al 60% al menos hasta el año 2036 según su simulación de la evolución del pasivo de las Administraciones. Este cálculo se elabora sobre la base de continuidad en el ritmo económico, esto es, sin valorar el efecto del ciclo económico. En otras palabras, España tardaría todavía 20 años en volver a los niveles de deuda que había en 2010.

La Autoridad señala que el ritmo de corrección de la deuda pública será mucho más lento del esperado: “El ritmo de la caída supondría alcanzar el límite del 60% del PIB en 2036, muy lejos del año 2020 como requiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad”, alerta. La AIReF ha elaborado esta simulación en base a un escenario neutral en cuanto a las políticas económicas como de crecimiento.

Esto significa que, si no se adoptan medidas de ingresos o de gastos, España no solo no cumplirá con su normativa, sino que tampoco respetará el ritmo de reducción de deuda que marca Bruselas para los países que tienen una deuda superior al 60% del PIB. “La preocupación que tenemos sobre la situación de la deuda la hemos puesto de manifiesto en todos los informes que hemos publicado”, explica Carlos Cuerpo, responsable de Endeudamiento Público de la AIReF, pero señala que confía en que en los próximos años “la dinámica de la deuda sea sostenible”, esto es, que se vaya rebajando en porcentaje del PIB.

La AIReF desmonta también el Programa de Estabilidad que remitió el Gobierno a la Comisión Europea este año, ya que cree que la deuda sobre el PIB será superior a la adelantada por el Gobierno en todos los años contemplados (entre 2016 y 2019). En su opinión, la previsión de los Ministerios de Hacienda y Economía es “levemente optimista”. La Autoridad considera que lo más probable es que la deuda pública siga por encima del 100% del PIB todavía en el año 2019.

Se necesitan reformas

Para que la deuda pública sea sostenible, es imprescindible que se consiga un “mejor resultado fiscal”. En otras palabras, España necesita que se mejoren los ingresos y/o se contraigan los gastos. Con una evolución fiscal favorable, la deuda pública podría llegar al 60% del PIB entre 2023 y 2024. Pero, si no se consigue, “se pondría en riesgo la sostenibilidad financiera”, señala Cuerpo.

El presidente de la Autoridad, José Luis Escrivá, ya ha mencionado en numerosas ocasiones que la brecha estructural entre ingresos y gastos es del 2,5% del PIB. Esto significa que España tiene un déficit estructural de unos 25.000 millones de euros y que sólo podrá corregir con reformas para elevar los ingresos (impuestos) o reducir los gastos (recortes). La Autoridad alerta de que la evolución del saldo primario, esto es, el equilibrio de las cuentas públicas sin tener en cuenta el pago de los intereses, “es clave en la dinámica de la deuda pública para los próximos años”. En otras palabras, que España no debe confundir el ahorro actual que generan los tipos de interés en mínimos históricos con una mejoría del saldo estructural de las cuentas de las Administraciones Públicas. Según la simulación del organismo, el saldo primario dará superávit a partir del año 2020, pero que la ratio de deuda sobre PIB seguirá por encima del 90% en 2024.

En este escenario, solo los ayuntamientos son los que están ciñéndose a la Ley de Estabilidad, al menos algunos de ellos. La AIReF señala que el conjunto de las corporaciones locales podría llegar a la referencia de deuda pública sobre el PIB del 3% este mismo año.

Por el contrario, tanto la Administración Central, como la Seguridad Social alcanzarían el valor de referencia del 44% y del 13% respectivamente en 2036. La situación de algunas autonomías es mucho más complicada, ya que la Ley marca como objetivo el nivel del 13% del PIB y muchas no lo conseguirán. Según la simulación de la AIReF, comunidades como Castilla La-Mancha, Cataluña, Región de Murcia o la Comunidad Valenciana no conseguirían su objetivo antes del año 2040. Valencia vuelve a ser la peor, ya que no conseguirá alcanzar el objetivo del 13% de deuda hasta 2045.

Observatorio de deuda pública

La Autoridad ha publicado este informe en la presentación de su Observatorio de la deuda pública con el que ha lanzado una plataforma interactiva para analizar el endeudamiento de las distintas Administraciones Públicas en los diferentes escenarios. A partir de ahora, cualquier ciudadano que quiere indagar en la sostenibilidad de la deuda del país o de su comunidad, podrá hacerlo con esta herramienta.

Se encontrará algunos datos sorprendentes, como cuántos días de trabajo de cada habitante serían necesarios en cada comunidad autónoma para pagar toda su deuda (esto es, incluyendo a ancianos y niños). Estos datos reflejan la elevada deuda por habitante del arco del Mediterráneo. La región que está en una situación más complicada es la Comunidad Valenciana, que necesitaría 154 días de trabajo por habitante para pagar su deuda autonómica, seguida por Castilla La-Mancha, con 132 días y Cataluña, con 131 días. Las que menos días necesitarían son Madrid y País Vasco, con 53 días de trabajo.