Planificar la carrera en la Administración, el reto pendiente de Función Pública para atraer talento
En los próximos diez años, se jubilará cerca del 60% de la plantilla de la Administración General del Estado (AGE).
24 febrero, 2024 02:48"En los próximos ocho años, casi dos de cada tres funcionarios llegarán a la edad ordinaria de jubilación". El dato es del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, que ante una plantilla de empleados públicos cada vez más envejecida es consciente de que la Administración debe ofrecer carreras atractivas para captar talento.
Sus previsiones no son las únicas que apuntan a una esquilmación del personal público por el propio peso demográfico. El "Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado (AGE) 2022 y proyección futura a 2032", elaborado por el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, pronosticaba una "pérdida masiva de efectivos" para 2032, con el 58,61% de la plantilla actual jubilada (97.027 efectivos).
La jubilación de los funcionarios en la próxima década coincidirá con la incorporación al mercado laboral de generaciones cada vez menos numerosas. El sector privado y el público se enfrentarán, entonces, en "la pelea necesaria" por un "talento escaso", como lo definió Escrivá este viernes, durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública no quiere que "la Administración se quede atrás". Por eso, en su cartera ya trabaja en la ideación de opciones laborales atractivas para los funcionarios del futuro.
"Hay que crear un marco de referencia en el que tenemos que trabajar todas las Administraciones Públicas para la estabilidad en el empleo y la visualización de carreras profesionales largas y fructíferas", apuntó el titular de la cartera.
Planificar los recursos
La gran ventaja del sector público es que ofrece un empleo fijo estable. Sin embargo, esa realidad choca con la otra cara, menos positiva, de ese mismo trabajo, como la excesiva burocratización, los procesos de oposición largos o, incluso, el desconocimiento de las plazas y funciones que ofrece la Administración.
Escrivá y su Ministerio ya tienen el diagnóstico de los problemas del sector público. El ministro ha encontrado "tres causas" en las que todas las Administraciones Públicas, y no sólo la AGE, tienen que seguir trabajando.
La primera medida pasa por "la planificación de los recursos humanos". A finales de enero, el ministro anunció en su comparecencia en el Congreso la eliminación de la tasa de reposición en 2025.
Este viernes, Escrivá se refirió a ella como "una de las mayores perversiones" en la gestión del capital humano del sector público. "Perpetúa la estructura persistente sin plantear las nuevas funciones, reproduce el statu quo hacia adelante", denunció.
Frente a estas medidas de "corto plazo rabioso", Función Pública propone una evaluación de las políticas públicas a medio plazo y ver lo que funciona. La modernización de la Administración pasa por dejar atrás la gestión de personal de las últimas décadas, y es ahí donde el ministro ve el segundo problema y su consiguiente solución.
Si el sector privado habla de adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado, en la Función Pública se empieza a pensar parecido, aunque con matices. Primero hay que tener "bien definido qué tiene que hacer el sector público" para, después, afinar "qué tipo de funcionarios y qué perfiles" se necesitan para cubrir las necesidades y funciones del sector público.
"Esta planificación no existe ni en la AGE ni en ninguna administración pública en España. Esta es la gran transformación", pronosticó Escrivá.
Por último, como tercera propuesta en su análisis de soluciones, Función Pública también quiere atajar la "escasa planificación" en la recurrencia de convocatorias de oposiciones. A eso se suman, además, procesos que se "eternizan". "El acceso hay que hacerlo con una planificación recurrente y recortar los plazos de acceso", abogó el ministro.
Su predecesora en el cargo, María Jesús Montero, hoy vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, anunció en julio de 2023, cuando el Gobierno aprobó una Oferta de Empleo Público de casi 40.000 plazas, novedades para agilizar los tiempos. De entrada, todas esas vacantes debían estar convocadas antes del 31 de diciembre de 2023.
Tras eso, todos los procesos, tanto de convocatoria como de exámenes y alegaciones, tendrán que estar culminados antes de que transcurran dos años. Esos nuevos plazos exigen que la fase de oposición tenga una duración máxima de nueve meses, con un máximo de cuatro pruebas.