El Gobierno quiere tener en cuenta la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral a la hora de establecer los coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación. El objetivo es definir indicadores objetivos que justifiquen las condiciones de los trabajadores que acceden a este tipo de jubilación.
Según ha informado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tras reunirse con los agentes sociales, se quiere tener en cuenta los requerimientos físicos o psicológicos que exige el desempeño de un puesto de trabajo.
En este sentido, el Ejecutivo también quiere tener en cuenta si el puesto en concreto experimente un elevado índice de siniestralidad a partir de una determinada edad. O si ocasionan secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad como consecuencia de contingencias profesionales.
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De acuerdo con el Ministerio dirigido por Elma Sáiz, la propuesta se lleva a cabo en cumplimiento con la ley 21/2021, que establece la indexación de las pensiones al IPC.
"No se debe penalizar a las personas que tienen condiciones de trabajo más dura", ha señalado la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, al término de la reunión. Desde este sindicato coinciden en facilitar el acceso a la jubilación anticipada a aquellos empleados con unas condiciones de trabajo más perjudiciales.