La prohibición de los desahucios a las personas vulnerables, la rebaja del IVA de los alimentos o las bonificaciones al transporte público para toda la población son algunas de las medidas que podrían decaer si el Congreso de los Diputados no convalida los Reales Decretos-leyes anticrisis aprobados el pasado diciembre por el Gobierno.
El último Consejo de Ministros de 2023 dio luz vede al Real Decreto-ley que prorrogará algunas medidas del escudo social. El texto entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque debe ser convalidado en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados. De lo contrario, el Real Decreto se derogaría y todas las medidas incluidas en el mismo dejarían de estar en vigor.
El debate en torno a los decretos anticrisis se está celebrando este miércoles y el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene garantizados los votos necesarios para su convalidación, ya que los siete diputados de Junts han anunciado que, de momento, votarán 'no', en lo que sería un duro golpe parlamentario para el recién estrenado Gobierno de coalición.
El IVA de los alimentos
En caso de que se confirme el voto negativo del partido de Carles Puigdemont, entre las medidas que pasarían a dejar de estar en vigor se encuentra la de mantener en el 0% el IVA para los alimentos de primera necesidad, como la leche, el pan, los huevos, las verduras o las legumbres, así como del 5% para el aceite y la pasta.
Transporte gratuito
Tampoco se prorrogaría para todo el año 2024 la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia para usuarios habituales, así como los descuentos del 50% en el transporte de competencia autonómica. En esta línea, el Estado dejaría de aportar a las CCAA del 30% de la tarifa de los billetes urbanos e interurbanos, siempre que las autonomías aporten al menos el 20% para alcanzar un descuento total del 50%.
Medidas laborales
En materia laboral, el decreto ómnibus que hoy se debate mantenía la prohibición del despido en empresas beneficiarias de ayudas públicas y los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) de La Palma hasta el 30 de junio.
En cuanto al primero, se establecía que el aumento de los costes energéticos no puede constituir causa objetiva de despido y, por tanto, el incumplimiento conlleva el reintegro de las ayudas públicas recibidas por parte de la empresa.
Además, las empresas que se acogieran a la reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la guerra de Ucrania y que se beneficiaran de apoyo público tampoco pueden utilizar esa causa para realizar despidos.
Prórroga del SMI
El texto también incluía la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según el mismo, esta renta mínima se mantendrá en los 1.080 euros en los que estuvo este 2023 hasta que el Gobierno fije una nueva cifra en la Mesa de Diálogo Social, si bien el carácter de esta es sólo consultivo.
Vivienda
El escudo social incluye también la prórroga de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables hasta 2025. La decisión no surgió del entendimiento entre PSOE y Sumar, sino de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu.
Suministros
El pacto también incluyó la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.
Al margen de esto, PSOE y Sumar también dieron el visto bueno a la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico durante los próximos seis meses.
Esta medida se aplica a los consumidores titulares con una renta conjunta anual de la unidad de convivencia igual o inferior a dos veces el IPREM de 14 pagas (16.800 euros) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros). El descuento varía entre el 65% y el 80%, en función de la vulnerabilidad de las familias.
Factura de la luz
El decreto también contempla que, a partir del 31 de diciembre, el IVA a la electricidad, el gas, la madera y el pellet deja atrás el 5% y que las bonificaciones se irán eliminando progresivamente. En concreto, Sánchez anunció la aprobación de una subida escalonada del IVA de la luz durante los próximos seis meses hasta el 10%, que a lo largo del año regresará al 21% habitual.
En el caso del gas, también se situará en el 10%, pero no será hasta febrero, para luego llegar luego al 21%.
Lo que sí se mantenía en el decreto ómnibus era la extensión de medidas de apoyo a la industria: reducción al 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y flexibilidad en el cambio de contratos de suministro eléctrico.
'Impuestazos'
Las negociaciones entre los socios de Gobierno por las medidas anticrisis encallaron en los impuestos a la banca y a las energéticas. Ambos gravámenes aportan 3.000 millones anuales al Estado, según fuentes de Hacienda.
Finalmente, el decreto prorrogó ambos gravámenes durante un año y el Gobierno se comprometió a revisarlo a lo largo de 2024 para crear una figura tributaria permanente. En relación con el tributo a las energéticas, se incluyeron incentivos para la inversión en la transición verde.
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En cuanto a la banca, el texto que se debate este miércoles prorroga el impuesto durante un año tal cual como estaba. El Gobierno también se comprometió a reformar esta figura tributaria para hacerla permanente.
Comisiones a mayores
Por otro lado, el texto ampliaba durante 2024 la gratuidad de las comisiones por amortización anticipada de la hipoteca y prohibía las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla a los mayores y las personas con discapacidad.
Además, extendía la eliminación de las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de hipotecas a tipo variable.
Pensiones
Otra medida que está en riesgo si no se convalida hoy el texto en el Congreso de los Diputados es la revalorización de las pensiones contributivas en un 3,8%.
El Real Decreto ley también aclaraba el futuro del contrato de relevo. El Gobierno pactó con el PNV una prórroga del contrato de relevo en la industria, que se alargará durante todo 2024 para impulsar el rejuvenecimiento de las plantillas y la formación de los jóvenes.
Acceso a la Justicia
El decreto Ómnibus, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de diciembre y que también está en el aire, regula el acceso de los ciudadanos a la Justicia por medios digitales, con medidas como la creación de la Carpeta de Justicia, la grabación en vídeo de las vistas orales y la interconectabilidad con el resto de servicios de la Administración pública.
Mecenazgo cultural
Del mismo modo, la votación de este miércoles pone en peligro los aspectos de este decreto sobre el desarrollo del Estatuto del Artista (con aspectos de protección social y laboral para este colectivo) y el mecenazgo cultural. La norma eleva del 35% al 40% las deducciones fiscales por donaciones para la actividad cultural, tanto para empresas (en este caso a través del Impuesto de Sociedades) como para las empresas. Los incentivos fiscales establecidos se extienden también a las empresas que inviertan en formación de personas con altas capacidades y en nuevas actividades de I+D.
Fondos europeos
Las reformas previstas en este decreto Ómnibus son un requisito impuesto por la Comisión Europea para que España pueda acceder al cuarto desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation. El Gobierno se juega, por tanto, la llegada de estos fondos, debido al rechazo de sus socios de Junts.
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