Concretamente, entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Los ministerios de Economía, Comercio y Empresa y de Trabajo y Economía Social han protagonizado varios choques al respecto. A día de hoy, hay dos escollos en particular que impiden el acuerdo en el seno del Gobierno. 

Según fuentes de la negociación, se trata de dos novedades que se quieren introducir en el subsidio, que se comenzará a aplicar a mediados del próximo año: ampliar y generalizar la posibilidad de compatibilizar la ayuda con cobrar un salario y la rebaja paulatina de la prestación. 

En el caso de la compatibilización del subsidio con un sueldo, tanto Economía como Trabajo están de acuerdo en generalizarlo. Sin embargo, el equipo de Yolanda Díaz quiere limitar esta posibilidad a 45 días por cuestiones relativas al impacto presupuestario. 

En cambio, el de Nadia Calviño apuesta por ampliar esta posibilidad, de manera que pudiera extenderse a la totalidad del periodo de percepción de la ayuda. Con esta fórmula, desde Economía argumentan que quieren reconvertir el subsidio del paro en una herramienta para incentivar el empleo o el retorno al mercado laboral. 

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A esto suman una aplicación decreciente del subsidio. Es decir, que trimestre a trimestre la cantidad que cobre el beneficiario progresivamente vaya bajando. Esto se aplicaría a todos los perceptores, tanto a los que sólo cobren la ayuda como a aquellos que la compatibilizaran con un salario. 

Trabajo se opone a esta reducción paulatina del subsidio. Desde el departamento que dirige la vicepresidenta Díaz consideran se acabaría traduciendo en un recorte de la ayuda. 

Y es que, pese a que Economía se muestre flexible respecto a la cuantía final del subsidio, las fuentes consultadas dan a entender que la fórmula de los de Calviño requiere una reducción del periodo de cobro de la ayuda, que hoy en día está en los 30 meses, para que no se dispare el gasto. 

El consenso entre ministerios sí que parece claro en cuestiones como que el subsidio alcance a más población (como los menores de 45 años con cargas familiares), se eliminen las esperas para recibirlo y se facilite el paso al ingreso mínimo vital (IMV) cuando corresponda. 

Negociaciones

Más allá de esto, lo cierto es que las negociaciones continúan. Y no sólo entre Trabajo y Economía: en las labores que marcarán el futuro del subsidio de desempleo también participan los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, cómo no, Hacienda y Función Pública.

El departamento de Montero va a tener mucho que decir en el horizonte de la ayuda. Si se aumenta su cuantía, elevará el gasto público en el corto plazo en un momento en que vuelven a estar activar las reglas fiscales europeas y los límites de déficit público. 

Y este es el objetivo del Ministerio de Trabajo. Como ya ha contado este periódico, los de Yolanda Díaz quieren subir la ayuda hasta los 660 euros al mes (que, de manera decreciente, volvería en un año a los 480 euros actuales) manteniendo los 30 meses de duración que hay hoy en día. La idea, que ya se ha presentado a los agentes sociales, no ha convencido ni a patronal ni a sindicatos.  

Más allá de las discusiones, la reforma, que se hará mediante un real decreto-ley tiene que estar cerrada antes de que acabe 2024, dado que es parte de los compromisos de España con la Comisión Europea para recibir el cuarto pago de fondos Next Generation, unos 10.000 millones de euros. Sólo quedan dos Consejos de Ministros para ello.