Concretamente, es el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es el que tiene las competencias en la Ley de Contratos del Sector Público, el que no contempla esta posibilidad. Sin embargo, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero confirman que el departamento no tiene previsión de hacer ningún cambio en este conjunto legislativo. 

Lo cierto es que hace tiempo que patronales, sindicatos e, incluso, ministerios vienen reclamando cambios en la formulación de los precios con los que contrata el sector público. Sobre todo porque no se elevan ante fenómenos como la inflación o las subidas de salario por convenio, salvo en contadas ocasiones. 

[María Jesús Montero frena la indexación de los contratos públicos a las subidas de precios y de salarios]

Las citadas subidas salariales y los incrementos del precio de las materias primas han sido contundentes en los últimos dos años. Y se trata de unos costes que, en el caso de los contratos con el sector público, asumen las empresas, puesto que no pueden ser repercutidos en los contratos con la Administración. 

Que se lleve a cabo cierta indexación de estos costes que permita elevar los emolumentos por los contratos en vigor con la Administración ha sido un asunto tratado de forma frecuente en el Consejo de Ministros. Se trata de una cuestión que, en el último año, han reclamado departamentos como Sanidad, Transportes o Derechos Sociales.

Sin embargo, el equipo de Montero no ha movido ficha, dado que hacerlo llevaría a que el gasto se elevara prácticamente en todos los estamentos de las Administraciones. 

Se trata de algo en lo que, además, ha sido respaldado por el hoy Ministerio de Economía, Comercio y Empresas de Nadia Calviño, según indican voces cercanas a estas conversaciones.

[Las empresas renuncian a 5.303 millones en concursos públicos en 2022 por su escaso margen para cubrir costes]

Que los incrementos de precios y salarios no se repercutan en los contratos públicos se ha convertido en una de las causas de que numerosos concursos se hayan quedado desiertos. En 2022 se paralizaron 7.463 licitaciones por valor de 5.300 millones de euros.

Esta cantidad supone un 146% más que el valor de las licitaciones que quedaron desiertas en 2021 (2.154 millones) y un 559% más que en 2020. 

Con esta situación sobre la mesa, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá el próximo jueves con patronal y sindicatos. ¿Propondrá alguna cifra el departamento de Yolanda Díaz? Según ha podido saber este periódico, la estrategia de la vicepresidenta segunda en esta negociación todavía no está clara. 

En cambio, lo que sí está diáfano es que tanto Díaz como los sindicatos no se conforman con el 3% propuesto por la patronal. Consideran que la subida del SMI tiene que ser, al menos, igual a la inflación de 2023, que se baraja que cerrará entre el 3,7% y el 3,8%. 

[Los sindicatos exigen que el nuevo SMI compense el precio de los alimentos, que ya suben un 9,3% en 2023]

En cualquier caso, los sindicatos recuerdan que el objetivo es que el salario mínimo suponga al menos el 60% del salario medio español y que aborde la pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto la subida de los alimentos. A falta de saber si Trabajo volverá a llamar a consulta a la Comisión del SMI, la negociación del Diálogo Social ya da sus primeros pasos.