Recapitulemos. Este miércoles Sánchez ha estrenado un inédito espacio preelectoral en la web del PSOE. Se trata de una serie de conversaciones con sus ministros en las que va a hacer un repaso de las medidas tomadas durante la legislatura y a avanzar parte de las propuestas que los socialistas van a llevar en su programa para el 23-J. 

El estreno ha sido con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y ha estado protagonizado por las políticas laborales. Entre ellas, el presidente del Gobierno ha avanzado que propondrá que se indexe por ley (concretamente, en el Estatuto de los Trabajadores) el SMI español en el 60% del salario medio en España. Esa cifra no es casual, sino que está recomendada en la Carta Social Europea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. PSOE

Los datos del Eurostat reflejan que España sería el primer país de la Unión Europa, de los 21 que cuentan con SMI, en hacer esto. Los estados que sí ofrecen esta remuneración a sus trabajadores delegan esa prerrogativa en sus Gobiernos, previa consulta con los agentes sociales nacionales, como hace España hasta ahora. 

La única excepción es Bélgica, donde el SMI se fija por convenio intersectorial nacional y adquiere fuerza de ley por Real Decreto, como apunta la oficina estadística europea. En la Unión Europea solo hay cinco países sin SMI: Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia.

Díaz reclama su parte

La propuesta de adoptar esta recomendación de la Carta Social Europea ni siquiera es de Sánchez o de los miembros del Gobierno del PSOE. Según ha podido constatar EL ESPAÑOL-Invertia, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, hace tiempo que venía manejando la idea de indexar por ley al 60% del salario medio español las futuras subidas del SMI.

De hecho, hace meses que esta idea circula por las dependencias del departamento. Se consideraba que sería el paso natural después de que llevar el SMI al 60% del salario medio español, tal y como recoge la Carta Social Europea y el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. 

(I-D) El secretario general de CCOO, Unai Sordo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Así, el hecho de indexarlo por ley ya había sido puesto sobre la mesa por parte del equipo de Yolanda Díaz, también líder de Sumar y contrincante electoral de Pedro Sánchez. Es más: se había compartido con varios ministerios. Con todo, se daba por hecho que no se desarrollaría en este 2023. 

Según ha podido recoger este periódico, el tanto que se ha apuntado Sánchez con este compromiso no ha gustado en Trabajo. Tampoco lo ha hecho que el presidente del Gobierno (y José Luis Escrivá) no hiciera mención alguna a la labor del departamento (o de la propia vicepresidenta) en algunos de los hitos laborales de los que se ha apoderado Sánchez para esta campaña electoral, como el desarrollo de los ERTE durante la irrupción de la Covid y la propia reforma laboral.

Directiva europea

Más allá de las propuestas electorales, existe una Directiva Europa sobre salarios mínimos, de 2022, que también contempla la indexación del SMI y abre la puerta a que los Estados miembros puedan utilizar "un mecanismo automático de ajuste de indexación de los salarios mínimos legales". 

El texto recoge que cada país establecerá los "criterios apropiados y de conformidad con el Derecho y usos nacionales". El único requisito es que este mecanismo "no dé lugar a una disminución del salario mínimo legal". Los países que opten por un mecanismo de indexación automático deberán revisar los salarios mínimos legales cada cuatro años.

Esta indexación del SMI al salario medio español exige modificar la normativa actual sobre la fijación del salario mínimo, como admitió Sánchez en su conversación con Escrivá. 

"Proponemos que, durante la próxima legislatura, en el Estatuto de los Trabajadores, incluyamos ese mandato legal de que el SMI sea el 60% del salario medio en nuestro país. (...) Vamos a garantizar por ley, no como compromiso político, que el SMI tiene que ser del 60% del salario medio", recalcó el presidente. 

[Democratizar las empresas y otras tres reformas del programa económico de Yolanda Díaz en Sumar]

Hasta ahora, y como establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno decidía el monto del SMI, previa consulta con los agentes sociales, en función de cuatro criterios: el IPC, la productividad nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. 

Sánchez insistió en el acto con Escrivá en que ese 60% no es una invención de su Gobierno, sino una recomendación de la Carta Social Europa con la que España se comprometió. El SMI se ha incrementado un 46,75% con Sánchez, desde los 735,9 euros de 2018 a los 1.080 euros de 2023, para cumplir con Europa y con el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Con esta revalorización, España es uno de los países con la retribución mínima más alta, por detrás de Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Francia y Eslovenia, según el Eurostat.