El Gobierno español asumirá en menos de un mes la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) con una petición de las personas con discapacidad sobre su mesa: impulsar su movilidad laboral dentro del mercado común. Su intención es que España consiga aprobar durante el próximo semestre la Tarjeta Europea de Discapacidad.

Con este documento, las personas con discapacidad esperan que se les garantice una de las cuatro libertades de la UE, la de movimiento. "No todos los países regulan igual la discapacidad", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE e Inserta Empleo y directora de Transformación y Experiencia de Fundación ONCE.

Esas desigualdades en el reconocimiento de la discapacidad implican que cuando estas personas se mueven a otro país de la UE por trabajo o por estudios se vean "desprotegidas y sin apoyos". "Cuando no tienes los mismos derechos reconocidos, es más complicado. No está resultando fácil porque cada país tiene su forma de reconocimiento", admite Carcedo.

La Tarjeta Europea de Discapacidad existe como proyecto piloto desde 2016, al que se sumaron ocho países de la Unión Europea (Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Rumanía y Eslovenia). La Comisión Europea evaluó su aplicación entre 2019 y 2020 con una conclusión positiva. 

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aseguró en mayo que el Gobierno tenía entre sus "cuestiones principales" la aprobación final de esta Tarjeta durante la presidencia española.

Estándar de reconocimiento

Desde Fundación ONCE saludan este compromiso de España y admiten que "facilita que haya un estándar de reconocimiento"."La Tarjeta Europea de Discapacidad es un proyecto de incidencia política y va a ayudar", asegura Carcedo.

La secretaria general de Fundación ONCE e Inserta Empleo conoce bien esas dificultades, ya que España participa con Alemania y otros países europeos en proyectos de movilidad de jóvenes, entre ellos diez con discapacidad.  

"Mandamos candidatos, pero luego la persona se tiene que mover para entrevistas personales y terminan rechazando los puestos porque aquí sí tienen apoyo", admite Carcedo.

Además del reconocimiento de la discapacidad, Carcedo encuentra otra dificultad, el dominio de los idiomas. "En España, casi nadie habla inglés", reconoce, y a eso se suman "contenidos que no son accesibles" para las personas con discapacidad.