Concretamente, según indican varias fuentes de la negociación dentro del Gobierno, la idea es que la propuesta se apruebe en uno de los consejos de ministros que le quedan al mes de marzo.

Ya se da por imposible que llegue al Consejo de Ministros de este martes. La reforma todavía se tiene que terminar de cerrar con los sindicatos (la CEOE ya ha expresado su completo rechazo a la medida) y se quiere presentar este miércoles en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que es donde los grupos parlamentarios discuten los cambios relacionados con el sistema de pensiones y la Seguridad Social. 

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Así, al Gobierno le quedan dos consejos de ministros en marzo para aprobar el correspondiente real decreto-ley, que permitirá que la reforma de las pensiones esté en vigor antes de que llegue Semana Santa.

Todo en medio de un mes muy completo, puesto que se prevé que se produzca una nueva crisis de Gobierno que facilite los relevos de Reyes Maroto y Carolina Darias en los ministerios de Industria y Sanidad para participar en las elecciones locales de mayo. 

Pese a que el real decreto-ley tendrá que ser convalidado por el Congreso, fuentes de los grupos parlamentarios y del Ejecutivo admiten que las negociaciones están muy avanzadas y no esperan problemas al respecto. 

Con su aprobación, el Gobierno culminará la reforma de las pensiones, un conjunto de medidas cuya primera pata se aprobó en 2021 y que es la que ha incluido la revalorización de estas prestaciones con el IPC, medidas para mejorar los incentivos para demorar la jubilación y combinarla con un salario y cambios en la jubilación anticipada. 

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la clausura del III Observatorio de las Finanzas. Laura Mateo

También incluyó medidas que poco a poco se han desarrollado, como el fondo público de pensiones y los planes de pensiones de empleo. 

La segunda pata de la reforma, que es la que se está terminando de cerrar, es precisamente la viene a amarrar la sostenibilidad del sistema de pensiones, una de las principales reclamaciones de Bruselas sobre todo de cara a la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia y con prestaciones más elevadas. 

El Gobierno quiere solventar este problema, básicamente, con un incremento progresivo de los ingresos por cotizaciones, que será principalmente abonado por las empresas.

Por un lado, va a destopar las bases de cotización máximas a partir de 2024 hasta 2050, de manera que suban al menos un 31%. Y ello sin contar IPC.

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A esto hay que sumar lo que se ha venido a llamar la cuota de solidaridad. Se trata de una tasa que pagarán las empresas sobre "la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización", indican desde Seguridad Social. 

Se comenzará a abonar en 2025, y será del 1%. Irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

Queda el recargo de cotizaciones efectuado por el Mecanismo de Estabilidad Generacional (MEI), que es abonado en un 86% por las empresas. 

Para esta medida, que tiene como objetivo nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social de cara a las pensiones de los babyboomers, se prevé ampliar su aplicación hasta 2050 y pasar el sobrecargo en las cotizaciones de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año. 

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Con estas medidas completamente desplegadas, el Gobierno espera obtener unos ingresos adicionales para la Seguridad Social equivalentes al 1,2% del PIB, que a día de hoy equivale a unos 15.000 millones de euros anuales. Sumado a la parte de la reforma de las pensiones ya aprobada (como la nueva jubilación anticipada y los incentivos para demorar el retiro), el Gobierno confía en amarrar la sostenibilidad de estas prestaciones. 

De hecho, gracias a estos ingresos Escrivá no solo no plantea recortes, sino que propone mejoras. La ampliación del periodo de cómputo de las pensiones se queda para 2044, cuando será de 29 años pero restando los 24 peores meses de cotización.

Seguridad Social argumenta que a los futuros pensionistas les beneficiará este periodo de cómputo, dado que tienen carreras profesionales irregulares. Hasta entonces habrá un sistema dual que combinará esta opción con el plazo actual de 25 años. Los cotizantes podrán elegir la opción que más les beneficie para su pensión.

No es la única mejora que incluyen las nuevas pensiones: habrá incrementos para las pensiones mínimas contributivas y no contributivas (con indicadores que se tendrán que cumplir en 2027) y mejoras en el campo de brecha de género.