Según el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, la atención a cada ciudadano estará limitada a unos plazos concretos. "La duración de las citas para todos los servicios deberá reducirse", admite la Secretaría de Estado de Seguridad Social en el texto. 

Por ello, "se limitará la duración máxima a 15 minutos, siendo recomendable la reducción a 10 minutos en el mayor número de servicios disponibles". 

[Escrivá recorta a un tercio el periodo de cotización para que las personas con discapacidad tengan jubilación anticipada]

En este marco, Seguridad Social también ordena elevar "las atenciones con cita realizadas por funcionario y día". Para cumplir este mandato, las oficinas se abrirán por la tarde (tal y como se hizo en 2019) y contarán con unidades provinciales telemáticas para reducir la gestión online" de las oficinas y la carga de trabajo que genera.

También se da la orden de reducir la oferta de citas para el servicio de solicitud de certificado digital o Cl@ve permanente. 

Todo ello con unas delimitaciones claras para la atención presencial. "El porcentaje de atención entre modalidad presencial y telefónica deberá ser equilibrado y permitir una atención de proximidad, considerándose adecuada una oferta presencial con cita alrededor del 60%". 

Por otro lado, el documento también recoge la priorización de las personas vulnerables y de los mayores de 65 años, por ser los más afectados de la "brecha digital". De esta manera, "deberán ser atendidos sin cita y de forma prioritaria y, cuando no sea posible la atención inmediata, deberá facilitarse la concertación de una cita lo antes posible". 

Cesión ilegal

Seguridad Social recuerda que el personal ajeno a las oficinas, como los vigilantes de seguridad, "no debe realizar funciones de direccionamiento, información o recepción de ciudadanos". Con ello, se quieren evitar supuestos de "cesión ilegal de trabajadores". 

Finalmente, se ordena que los ciudadanos puedan acceder a las oficinas de la Seguridad Social tal y como lo hacían antes de la pandemia de Covid-19.

Las instrucciones se firmaron el pasado 16 de enero, y cuentan con el rechazo de los sindicatos.

Este es el caso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que denuncia que el plan de Escrivá "vulnera la negociación colectiva porque modifica las condiciones laborales de la plantilla de este organismo, aumentando su jornada laboral sin ningún tipo de compensación".

Una manifestacion de CSIF, en Madrid. CSIF

Además, desde el sindicato afirman que "la reducción del tiempo de atención al público sólo supondrá una peor calidad del servicio para el ciudadano, porque solo importará el número de expedientes atendidos por el empleado/a aunque tenga que ampliar su jornada laboral, y no si la gestión se ha resuelto satisfactoriamente". 

Según explica CSIF, la plantilla de la Seguridad Social ha pasado de 36.000 a 26.000 trabajadores en tan solo una década. Un equipo que sufre un alto grado de envejecimiento: está previsto que en el plazo de cinco años se jubile el 28,5% de la plantilla, y en unos 10 años un 36,08% adicional. 

Es decir, que para 2033 casi dos tercios de la plantilla actual se habrán jubilado. En este sentido, CSIF ha reclamado "una Oferta de Empleo Público (OPE) a cinco años para compensar la falta de personal".