El Gobierno sigue cumpliendo mandatos de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el marco del sistema público de pensiones. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, va a llevar a cabo una importante mejora de la jubilación anticipada para las personas discapacitadas. Concretamente, va a reducir el periodo de cotización que se les exige a un tercio, de los actuales 15 años a cinco, para acceder y cobrar una pensión contributiva.

Así lo indica el proyecto de real decreto y su memoria de impacto que el departamento ha puesto en audiencia pública, y al que ha accedido EL ESPAÑOL-Invertia, pero cuyo periodo de alegaciones se ha terminado. 

El cambio beneficia a las personas que tengan acreditado un grado de discapacidad del 45% o superior. El origen del cambio está, entre otras cuestiones, en las protestas que habían hecho los colectivos de personas discapacitadas, "por cuanto es muy difícil acreditar quince años de cotización estando afectado por una discapacidad del 45%". 

En cualquier caso, los beneficiarios deberán certificar una discapacidad que genere una "reducción de la esperanza de vida de esas personas" de forma "generalizada y apreciable". Un detalle de importancia: la reducción solo se aplica si los cinco años se han cotizado sufriendo ya la susodicha discapacidad, siempre acreditados.  

Además, se tiene que haber acreditado que "durante quince años" de la vida del beneficiario "se haya estado afectado por alguna de las patologías discapacitantes". 

Impacto económico

A día de hoy, hay 3.271 personas discapacitadas que cobran prestación gracias a este tipo de jubilación anticipada. La medida prevista por el Gobierno tendrá impacto económico en el gasto público en pensiones. Seguridad Social considera que en unos diez años supondrá sumar unos 148 millones de euros más cada ejercicio a esta partida. 

Se podrá tener acceso a estas condiciones de jubilación anticipada en casos de discapacidad intelectual, parálisis cerebral, determinadas anomalías genéticas (como el síndrome de Down o la fibrosis quística), trastornos del espectro autista, afectados por la talidomida, daños cerebrales, ciertas enfermedades mentales (la esquizofrenia y el trastorno bipolar) y determinadas dolencias neurológicas. 

El decreto que está tramitando el equipo de Escrivá incluye más cambios, en este caso obligados por la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que ha exigido "tener en cuenta la concurrencia en el trabajador de otras patologías discapacitantes distintas de las que determinan la reducción de la edad de jubilación". 

Por ello, se incluye un nuevo proceso para la inclusión de otras patologías discapacitantes que posibilitan la jubilación anticipada y la "posible actualización periódica" del correspondiente listado.