Según el sindicato CSIF, en 2020 el 50% de las jubilaciones en la Administración General del Estado fueron anticipadas. Y el año pasado, cuando se jubilaron 10.331 trabajadores, 4.480 lo hicieron también de forma anticipada y voluntaria. De nuevo, casi la mitad.

Se trata de unas cifras que se han disparado a partir de la crisis desatada por la Covid-19, según explica Francisco Lama, secretario nacional de Acción Sindical de CSIF. Pero Lama explica que la principal causa de este fenómeno no es la pandemia por sí misma, si no el cambio en la gestión del régimen de las clases pasivas, que ha pasado a depender del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Esto en su momento provocó numerosos rumores (y temores). Se llegó a pensar que el solo hecho de que las pensiones de las clases pasivas quedaran en manos de José Luis Escrivá llevaría a su recorte y a ampliar la edad de jubilación posible para este grupo de funcionarios. Dichos trabajadores públicos se pueden jubilar a partir de los 60 años de forma anticipada siempre y cuando tengan 30 años reconocidos de servicios al Estado.  

"El elemento más objetivo que tenemos para deducir el incremento de las jubilaciones anticipadas son las cientos y cientos de llamadas que hemos recibido de trabajadores preocupados por una posible modificación del régimen de clases pasivas", argumenta. En cualquier caso, "la penosidad de los últimos años también habrá influido". 

Penosidad

Así lo indican, también, fuentes de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca). Han expresado a EL ESPAÑOL-Invertia su inquietud por el incremento de las jubilaciones anticipadas relacionadas con merma de las condiciones laborales generadas por la pandemia entre los funcionarios. 

"Los últimos años están siendo muy duros para los trabajadores públicos. Cuando estábamos empezando a salir de la austeridad, llegó la pandemia. Ahora tenemos la crisis energética y la guerra en Ucrania", argumenta Míriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. 

Todo esto en un contexto de plantillas menguadas por los recortes posteriores a la crisis financiera. "Pesan el cansancio, y los años", añade Pinillos. "Muchos entramos a la Administración muy jóvenes y llevamos dos o tres crisis encima".  

En cualquier caso, la representante de CCOO considera que todavía es pronto para pensar que las jubilaciones anticipadas en el sector público puedan ser un problema estructural. Habría que esperar, bajo su criterio, a 2023 para saber si el fenómeno es permanente. 

Por su parte, Lama, de CSIF, propone poner incentivos para que los funcionarios de clases pasivas eleven su edad de jubilación de forma voluntaria. Concretamente, tener un 5% más en su pensión por cada año que aplacen su jubilación a partir de los 60 años. 

En cualquier caso, desde todos sindicatos celebrar la oferta pública de empleo aprobada por el Consejo de Ministros esta semana. No solo porque se saque una cifra récord de plazas, sino porque se recoge la elaboración de una estrategia para reponer y recuperar el empleo público perdido en la última década.