Después de que Pedro Sánchez avanzara una subida "inminente" del salario mínimo interprofesional (SMI) en este mes de septiembre, el Ministerio de Trabajo ha hecho una primera oferta de aumento en la reunión que ha celebrado este miércoles con los agentes sociales. Concretamente, el departamento de Yolanda Díaz ha ofrecido una subida de 15 euros este mismo año y de 31 euros para 2022 y 2023. Es decir, 62 euros entre los dos años y 77 euros incluyendo 2021, según los sindicatos.
Así, en un principio, el Gobierno ofrece que antes de que acabe septiembre el SMI pase a ser de unos 965 euros mensuales. Y para final de legislatura, en 2023, el salario mínimo se pondría en los 1.027 euros al mes con la oferta que ha hecho el Ejecutivo .
Estas cifras que habria ofrecido el Gobierno están dentro de lo que había calculado el grupo de expertos que había reunido el Ministerio, que ha calculado que el SMI tendrá que estar entre los 1.011 y los 1.049 euros en 2023, según evolucione el propio salario medio nacional.
Con todo, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha explicado que las cantidades que se han ofrecido (no las ha confirmado) son solo medias o referencias y que no hay ninguna cifra cerrada aún, algo que, precisamente, se quiere pactar con los agentes sociales.
Tras la reunión, Pérez Rey además ha concretado que la base para manejar estos números sale, precisamente, del trabajo ya presentado por el grupo de expertos.
Imagen de la reunión celebrada este lunes por los miembros del Diálogo Social.
Con todo, la oferta no colma las expectativas de los sindicatos. Mari Cruz Vicente, de Comisiones Obreras, la considera insuficiente puesto que no compensa el incremento de los precios ni valora el actual crecimiento económico.
Por ello, se va a celebrar una nueva reunión el próximo lunes para un eventual acuerdo "en el que, a ser posible, estemos todas las partes representadas, tanto sindicatos como organizaciones empresariales".
Parece difícil que el acuerdo con la patronal sea posible. La CEOE ya ha mostrado su rechazo al subir el SMI en varias ocasiones aludiendo al efecto que tendría en destrucción de empleo y en bloquear el acceso a puestos de trabajo para los colectivos en mayor situación de precariedad, sobre todo los jóvenes.