Este miércoles a las 10:00 horas Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos se reúnen para iniciar la negociación para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de los 950 euros mensuales hoy establecidos.

Como ya ha adelantado Invertia, los sindicatos exigen que se suba de forma inminente (aunque variable, según las condiciones) mientras que la CEOE se opone taxativamente a él mientras la economía no se haya recuperado del todo de la crisis de la Covid-19.

Pero no es esta la única posición que la patronal trasladará al Gobierno en la cita de este miércoles. Según ha podido saber Invertia, la CEOE insistirá en uno de sus caballos de batalla de los últimos años: que se reforme la Ley de Desindexación de la Economía y que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) obligue a la revisión de los costes de las contratas públicas.

A día de hoy, en virtud de la citada Ley de Desindexación, el incremento de costes salariales (también en caso de un nuevo convenio colectivo) no conlleva una revisión de las contrataciones públicas.

Es decir, que una subida del SMI sería absorbida por las empresas que prestan servicio a las Administraciones Públicas, sin que los pagadores notaran en su bolsillo el incremento de costes. De hecho, en caso de prorrogarse la licitación, tampoco se modifican estos costes laborales de la misma. 

Cabe recordar que desde que Pedro Sánchez accedió a la Moncloa, el salario mínimo en España aumentado un 30%, 215 euros mensuales más por trabajador, que en el caso de las contratas públicas han sido absorbidos por las empresas privadas que prestan servicios a las Administraciones.

Viejos conocidos 

Con todo, los criterios a los que más se aferran las empresas para oponerse a la subida del SMI siguen siendo 'viejos conocidos'. Alertan de que la subida provocará una eventual pérdida de puestos de trabajo en un momento en el que la prioridad tiene que ser la creación de empleo. 

Además, insisten en que la medida limitará todavía más el empleo a colectivos instalados en la precariedad laboral, como los jóvenes. 

Como ya ha comentado Invertia, los sindicatos no comparten esta opinión. La subida del SMI tiene que ser inmediata y estar acompasada con el ritmo de subida del IPC, que ya supera el 3% anual.

Solo concederían una subida "testimonial" si se pactara ya con el Gobierno la senda de incrementos del SMI hasta final de legislatura, para cuando el objetivo es que el salario mínimo suponga el 60% del sueldo medio español. 

Por lo pronto el Gobierno no ha trasladado propuestas a los agentes sociales. Con todo, cuenta con varias posibilidades gracias al trabajo del Comité de Expertos reunidos por el Ministerio de Trabajo, que considera que la subida mínima tendría que ser de al menos 12 euros (un alza del 1,3%) este año, para dejar el SMI en los 962 euros mensuales. 

A pesar de los diferentes criterios que hay entre patronal y sindicatos, el Gobierno confía en lograr un consenso de mínimos. "Lo que desearíamos es que hubiera un acuerdo en ese marco de diálogo social y adoptar una decisión que fuera conforme a lo que está siendo la recuperación económica en el país", remarcó ayer José Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno, tras el Consejo de Ministros. 

Con todo, cabe recordar que la subida del SMI es una prerrogativa unilateral del Gobierno. Ni es necesario un acuerdo con los agentes sociales ni el aval del Congreso de los Diputados, como sí ocurre con los reales decretos-ley.