El coste que afrontan los agricultores que dejen de regar en Doñana: entre 2.000 y 8.000 € por hectárea

La fumata blanca alcanzada en Doñana, que pone fin a casi tres años de desencuentros entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, trae consigo una importante cifra: 100.000 euros. Es la cantidad que se pagará -a lo largo de cinco años- por cada hectárea situada en la llamada zona de influencia del parque que se reforeste o se renaturalice.

La idea es recuperar la mayor cantidad de terreno posible. Y aunque se ofrecen más opciones, como sustituir los cultivos por secano o ecológico, la opción de renaturalizar resulta a priori más atractiva. Porque dejará mayor margen; transformar una hectárea para reforestarla o renaturalizarla puede tener un coste de entre 2.000 y 8.000 euros.

Son estimaciones de la Asociación de Empresas de Consultoría Medioambiental de Andalucía. Su presidente, Andrés Domínguez, es extremadamente cauto y puntualiza muchas cosas en esa horquilla. La primera: la cifra final dependerá de qué tenga cada hectárea.

[Gobierno y Junta acuerdan pagar hasta 100.000 euros por hectárea para adaptar los terrenos de Doñana]

Porque el primer paso será limpiarla. "Dejar desnudo el terreno, para que nos entendamos", indica a EL ESPAÑOL-Invertia. No es lo mismo desmontar una caseta de trabajo, que tener que quitar también tuberías si las hay, bombas o sistemas de riego. Esto supondrá que la limpieza y desmontaje cueste entre 500 y 3.000 euros.

El siguiente paso será elegir entre renaturalizar o reforestar. Ambas opciones son posibles, según el acuerdo, y cada una acarrea un coste. De nuevo, no es lo mismo plantar pinos u otra variedad o la densidad de plantas que las administraciones determinen necesaria (¿150 árboles? ¿300?). Domínguez estima que este proceso puede situarse en una horquilla de entre 1.500 euros y 5.000. Así que, en total, la transformación "puede ir desde 2.000 a 8.000 euros, y a partir de ahí lo que están pagando de verdad es el lucro cesante".

Insuficiente para algunos agricultores

Ese "a partir de ahí" es la cantidad que falta hasta llegar a los 100.000 euros de ayuda que el acuerdo prevé para quienes dejen de cultivar sus tierras. La cantidad se abonará en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales.

Será una ayuda que saldrá de varias administraciones. De cada 100.000 euros, 70.000 los aportará el Gobierno de España, mientras que la Junta pondrá 20.000 euros y la Diputación de Huelva, que se ha sumado a esta solución, complementará con otros 10.000 euros.

¿Pero es suficiente ese lucro cesante teniendo en cuenta los beneficios de los frutos rojos, una industria que vale ya 1.400 millones anuales en exportaciones? "Yo 100.000 euros por hectárea no lo veo. Para algunos agricultores puede que sea atractivo y para otros no. Ese incentivo no es para todo el mundo, ni es un maná", apunta Domínguez.

La suya es una impresión que comparten fuentes conocedoras de la negociación con este periódico. Porque no es la misma rentabilidad la que puede obtener un agricultor con dos hectáreas a empresa con 50 hectáreas de fresa; esta quizá supere esa ayuda de 100.000 euros en poco tiempo con el fruto. 

Los grandes propietarios o empresas serían quienes menos ventaja verían a la operación, admiten las fuentes. Por contra, dar el salto a reforestar o renaturalizar aparece como una solución más atractiva a pequeños propietarios.

Pero el desencuentro sobre Doñana era ya algo agotador tras dos meses de negociación y muchos más de debates previos. En la zona colindante con el parque hay cansancio. El campo quiere pasar página y, subrayan participantes de las negociaciones, "al final con esos 100.000 euros, aunque le restes el coste, puedes irte a empezar a otra parte".

Las ayudas que se concedan contarán con exenciones fiscales, y los propietarios mantendrán la titularidad de las tierras. Pero por encima de todo eso conservan una alegría mayor. 

"Lo más importante para nosotros es que se reconoce que cometieron una injusticia con nosotros, que se equivocaron", señalan estas fuentes. Se refieren a la ordenación del territorio que hizo la Junta en 2014, cuando gobernaba la socialista Susana Díaz, a través del conocido como plan de la fresa.

De golpe se eliminaron 1.600 hectáreas del Condado de Huelva como suelo agrícola para evitar la sobreexplotación del acuífero del parque de Doñana. Pero este plan tenía una letra pequeña. Se aprobó con una retroactividad de diez años, es decir, que todo el terreno que se plantó y explotó entre 2004 y 2014 se quedó fuera.

Quienes trabajaban esas tierras han denunciado desde entonces haber sido víctimas de una injusticia.