Como un primer gran paso; como un desatasco. Así se entiende la recompra por parte de la Junta de Andalucía de los 70 edificios que vendió al gigante estadounidense WP Carey en 2014 por 300 millones para lograr liquidez. Los recuperará ahora por 328 millones de euros, liberándose así de seguir utilizándolos como inquilino.

El fin del viejo acuerdo -"ruinoso", en palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno- supondrá un ahorro anual de algo más de 35 millones de euros. Una cantidad con la que pisa el acelerador para lograr su plan superior: dejar de pagar y, si no, reducir todo lo posible, la factura que el Gobierno andaluz afronta actualmente por todos los alquileres de sus sedes administrativas.

Son 57,6 millones de euros al año en global. Una cantidad que bajará considerablemente una vez se rubrique la recompra y se sientan sus efectos, dado que la renta de esos 70 edificios equivale al 62% de los alquileres que se están pagando.

[Andalucía recompra al fondo WP Carey por 328 millones de euros los 70 edificios que vendió hace nueve años]

Cuando eso se descuente quedará una factura de unos 21 millones de euros cada año; es lo que se paga por las restantes 67 sedes que la Junta de Andalucía tiene arrendadas a varios caseros. Ya se exploran fórmulas para que esa cifra baje; se estudia o bien acometer nuevas compras, o bien evaluar otras opciones, como permutas, entre otros.

Todo tiene un nuevo impulso con el movimiento logrado con WP Carey. "Ha sido el momento. Como cuadrar el círculo", señalan a este periódico fuentes cercanas a la transacción. La administración autonómica buscaba desde hace tiempo reducir el pago de una cantidad que, aseguran, le "desangraba". Y esa oportunidad ha surgido en medio de la crisis global de oficinas.

WP Carey y el mercado de oficinas

A finales de septiembre, el gigante WP Carey anunciaba que salía del mercado de oficinas. La decisión, tomada por unanimidad en la Junta Directiva, implicaba, por un lado, traspasar su cartera de oficinas a una socimi de nueva creación y también vender parte de los edificios de los que disponía.

En total, planeaba deshacerse de 87 propiedades en medio de la crisis que golpea al sector. En Estados Unidos y Londres, las oficinas vacantes están en máximos de 20 años, según recoge el Financial Times, en un contexto de teletrabajo persistente pese a los llamados de las empresas a retornar de forma completa a la presencialidad.

Es un fenómeno que no tiene fecha de fin y en medio de la caída de la demanda de oficinas, WP Carey hizo notar que tenía prisa: el fondo confiaba en completar las ventas de estos activos para principios de 2024. En ese escenario, se giró a preguntar por su interés en comprar a la Junta de Andalucía, su segundo inquilino a nivel global y el primero en Europa. 

Ahí se cuadró el círculo para la Junta de Andalucía. Desde hace casi un mes negociaba con el fondo para lograr un acuerdo satisfactorio con gran discreción dada la envergadura del acuerdo, que se considera la operación económica más importante de la legislatura.

Efectos en 2025

Lo cierto es que en Sevilla se trabajaba para firmar un trato de esta naturaleza desde 2019. Ese año la Dirección General de Patrimonio, que ha liderado la operación de compra de estos edificios, comenzó a desarrollar la "estrategia para el ahorro de costes innecesarios".

Y fue en el alquiler de los edificios -que incluyen sedes centrales de consejerías como la de Salud o Agricultura, delegaciones provinciales u oficinas de empleo- donde encontraron la gotera más importante.

"No tenía ningún sentido mantener -y pagar los costes derivados de su mantenimiento- inmuebles vacíos, sin uso e incluso abandonados, y vender los edificios donde trabajan más 8.500 empleados públicos", señala la Junta de Andalucía.

Desde entonces se ha trabajado en aumentar la liquidez a través de la venta de edificios en desuso; también con medidas para la contención de la deuda o apalancamientos de gastos crediticios. Ante un contrato con WP Carey "blindado", insisten las fuentes, la idea era prepararse para negociaciones futuras.

Pero el camino se ha despejado antes de lo previsto. La cifra acordada es 328 millones; 28 más que lo ingresado por la Junta en 2014, cuando se lanzó a la operación necesitada de liquidez, pero mucho menos de lo que se pagaría aún si se cumpliese íntegro el contrato.

Hasta 2034, año en que finalizaría, quedarían pendientes de abonar al menos 430 millones de euros, estima la Junta de Andalucía. Una cifra aproximada, puesto que la actualización de las rentas está vinculada al IPC.