El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha insistido este lunes en el Congreso en su crítica a revalorizar todas las pensiones con el IPC en un momento en el que, según ha advertido, el pacto de rentas ya "da muestras de agotamiento".
En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, Hernández de Cos ha recordado a los diputados que deben ser conscientes de que la inflación provoca "una pérdida de bienestar, sí o sí, y lo único que podemos hacer es repartir ese coste".
En ese sentido, ha considerado que hubiera sido más acertado acotar las subidas de las pensiones a las rentas más bajas, al tiempo que ha insistido en que revalorizar siempre las pensiones con el IPC deja un incremento estructural del gasto que habrá que compensar en el futuro con otros ajustes.
"Se debería evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas, en un contexto, además, en el que el margen fiscal se encuentra muy constreñido por el abultado endeudamiento público", afirma el Banco de España.
Además, ha recordado que los salarios del sector privado están perdiendo poder adquisitivo en términos reales, mientras que las empresas cada vez tienen menos margen para no trasladar el aumento del coste de la energía a los precios finales. Esto significa que el riesgo de que se produzcan los temidos 'efectos de segunda ronda' en la inflación es cada vez mayor.
De ahí que De Cos haya insistido en que se debería impulsar un pacto de rentas que protegiera a los más vulnerables de manera "selectiva" y sin dejar de mantener un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal.
Retrasa la recuperación
El gobernador también se ha referido al cuadro macroeconómico del Gobierno para explicar sus diferencias en las previsiones de crecimiento para 2023. El Gobierno prevé un avance del PIB del 2,1% y el Banco de España del 1,4%. Según ha apuntado, estas discrepancias van más allá del distinto impacto que Ministerio de Economía y Banco de España han calculado para los fondos europeos.
De Cos ha recordado que la economía española todavía se encontraba 2,2 puntos por debajo del PIB prepandemia en el segundo trimestre de 2022, mientras que la del conjunto de la zona euro está ya 1,8 puntos por encima.
En este momento, el Banco de España no ve posible recuperar el PIB que se alcanzó en 2019 hasta al menos, el primer trimestre de 2024, uno o dos trimestres más tarde de lo que se había estimado en el mes de junio.
Además, sus indicadores alertan de una "notable pérdida de dinamismo de la actividad económica durante el tercer trimestre".
Gasto estructural
En este contexto de debilidad económica y alta incertidumbre, De Cos ha pedido este lunes a los grupos parlamentarios que no utilicen el exceso de recaudación que está generando la inflación en aumentar el gasto público de manera estructural, como se viene haciendo en esta legislatura.
En su comparecencia en el Congreso para evaluar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ha recordado que se espera que el déficit estructural alcance el 3,5% del PIB en 2023, "cifra muy similar a la de antes de la pandemia". Sin embargo, esto se logrará después de que los ingresos públicos de los últimos tres años hayan mostrado un "fuerte dinamismo".
De hecho, calcula que la presión fiscal en España alcanzará en 2023 el 42,3% del PIB (cifra que no incorpora el impacto de los fondos europeos). Es un dato que supone un incremento de dos décimas frente a 2022 y de tres puntos porcentuales frente a los niveles previos a la pandemia.
Son datos que muestran cómo "se estaría compensando la mejora que muestra el déficit con un incremento del gasto público que tendría un carácter estructural", un elemento de riesgo a largo plazo porque mantener los elevados ratios de déficit y deuda pública actuales es una "fuente de vulnerabilidad" para la economía española.
Por este motivo, el gobernador ha instado a no demorar la presentación de un "plan de consolidación fiscal ambicioso", que se enmarque dentro de una estrategia de mejorar la eficiencia del gasto público y de la estructura tributaria.
En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, De Cos ha señalado que la estimación de ingresos públicos del Gobierno para 2023 "es factible", tras comprobar cómo en 2022 el déficit público se va a reducir más de lo previsto por el inesperado aumento de la recaudación.
El Proyecto de PGE prevé un aumento de los ingresos tributarios y de cotizaciones sociales de un 7,5 % en 2023 con respecto al avance de liquidación de 2022.
Más eficiencia
A pesar de este aumento de los ingresos públicos, el gobernador ha pedido cautela con la gestión de esos recursos, tras recordar que la inflación tiene un impacto muy relevante sobre las finanzas públicas. "Una mayor inflación genera una dinámica muy boyante de los ingresos públicos", ha reconocido.
Pero después, ha recordado que una parte de los ingresos públicos extraordinarios que está logrando el Ejecutivo supera las "elasticidades históricas". Son ingresos que podrían estar produciendo por un afloramiento de la economía sumergida. Pero en el argot económico, esa 'recaudación extra' se denomina "residuos positivos", algo similar a los ingresos extraordinarios que generó el ladrillo en la época del boom inmobiliario.
Esto implica que si desaparecen -como ocurrió a partir de 2008-, pueden generar un problema de ingresos tributarios, lo que hace recomendable abordar esa recaudación extra con prudencia.
Además, ha advertido que en la partida del gasto público previsto hay "riesgos de desviación al alza" en la carga de intereses por la deuda, en las prestaciones de desempleo o en el gasto en pensiones.