El debate que ha acrecentado la Covid-19 sobre si las grandes empresas pagan pocos impuestos y la necesidad de los gobiernos de aumentar la recaudación están obligando a las multinacionales a incluir el "riesgo fiscal" como nuevo concepto en sus escenarios de proyecciones.

Las grandes corporaciones ya han empezado a elaborar planes con los que combatir posibles crisis relacionadas con la tributación. La presión fiscal es clave para la viabilidad de su negocio y la digitalización va a tener fuertes implicaciones en materia impositiva en los próximos años, dado que el marco impositivo actual fue ideado para la economía de la 'era presencial' y va a sufrir fuertes cambios. 

Aunque esta situación es global, España es uno de los países que más rápido está avanzando en modificar el escenario fiscal de las multinacionales. Un ejemplo fue la 'tasa Google' y otro será la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, en los que ya se incorporará la creación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades en 2022.

No obstante, no es el único país con este debate abierto. La pandemia ha disparado la deuda soberana y con ello, la necesidad de los Estados de ingresar más. Con la ciudadanía todavía no recuperada de la última crisis, las multinacionales están en el punto de mira de todos los gobiernos que están lanzando el mensaje de que deben contribuir más con la sociedad a través del fisco.

Esta situación ha ido a más desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, introdujo este objetivo en la agenda global del G7, pero el discurso es compartido por la Unión Europea. Atendiendo a todos estos elementos, la consultora LLYC ha elaborado el informe Ideas Fiscalidad y Reputación. Se trata de un paper que también pone el foco en la persistencia en los medios de comunicación en construir un relato que culpabiliza a las elites de las crisis económicas desde 2008.

Según el documento, desde la crisis financiera, las grandes empresas han padecido un proceso de "demonización" que afecta a su reputación y que está muy presente en la sociedad. Esto no se debe solo a los medios, sino que forma parte de la retórica de los poderes públicos. 

Esa imagen de Goliats no favorece su posición para defender sus intereses en el debate fiscal, aunque hay otros elementos que también son muy dañinos. El informe cita la subida de precios que va a provocar la inflación y alude al 'caso Villarejo' como dos amenazas para la reputación de estas corporaciones en un momento en el que se juegan mucho en materia de impuestos. 

 "El incremento reciente de impresión de dinero provocará, muy probablemente, un aumento de la inflación, es decir, de los precios de los productos que consumimos. Esto puede ser malinterpretado por el ciudadano como una decisión de las empresas de enriquecerse más sin entender correctamente el contexto de política monetaria expansiva en la que se envuelven", señala el documento. 

La consultora pone el foco en el interés de los gobiernos por aprovechar esos puntos débiles y contribuir a alimentar ese relato ante su necesidad de recaudar más.

En España, la evolución de la deuda pública en los últimos 15 años "supone una presión adicional para que el Ejecutivo sea más eficaz en su capacidad recaudatoria". 

La percepción de que el sistema fiscal no es adecuado es compartida por la opinión pública. De hecho, en la última encuesta del CIS, un 81,4% de los españoles afirmaba que no cree que los impuestos se recauden con justicia, mientras que nueve de cada 10 personas consideran que el fraude fiscal en España es elevado.

Una muestra de que "la percepción ciudadana, las Administraciones públicas y la necesidad de recuperación económica tras la pandemia van a ser ejes de presión fiscal constantes durante los próximos años", en los que se augura una "dinámica de tira y afloja" entre empresas y gobiernos en materia fiscal.