La recuperación económica está llegando antes que las ayudas directas para empresas y autónomos que el Gobierno aprobó el pasado marzo. A una semana de que termine agosto, todavía no ha sido posible repartir ni la mitad de los 7.000 millones de euros que el Ejecutivo aprobó para que la Covid-19 no se llevara por delante negocios viables, según se desprende de los datos disponibles de algunas comunidades autónomas y de estimaciones de organizaciones empresariales.

La complejidad de la cogobernanza en ese reparto, junto con la burocracia y los requisitos exigidos a los potenciales beneficiarios de esas ayudas han dejado fuera a muchas empresas y han retrasado la entrega del dinero a muchas otras.

A esto se suma que el equipo de trabajo de la Agencia Tributaria que tiene que certificar que los solicitantes cumplen con lo necesario para recibir el dinero está retrasando el proceso por estar de vacaciones, según explican a este periódico fuentes autonómicas y confirman fuentes tributarias.

Así, un plan de ayudas que llegó en marzo -mucho más tarde que en otros países- y se retrasó hasta julio para involucrar a las autonomías se ha demorado otro mes más para muchos solicitantes.

Sin embargo, esto no es lo que más preocupa a las organizaciones de autónomos y empresas. Los requisitos que se exigen a las empresas en el real decreto 5/2021 para poder acceder a esas ayudas son muy concretos y estrictos, lo que ha dejado fuera del paraguas de estas ayudas al 90% de los autónomos, según ha denunciado ATA.

Lejos de Alemania y Francia

El pasado febrero, cuando Francia y Alemania ya habían regado a sus empresas de ayudas directas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en el Congreso un plan de 11.000 millones de euros para rescatar a pymes y autónomos. Un mes después, el Congreso aprobó ese plan que finalmente solo incorporó 7.000 millones de euros en ayudas directas para que fueran repartidos por las comunidades.

Los otros 4.000 millones de euros que prometió el presidente se destinaron para recapitalizaciones y reestructuraciones de deuda.

Son cifras que están muy lejos de los 50.000 millones de euros que ha repartido en ayudas Alemania, los 25.000 millones de Italia o los 18.600 millones de Francia, según los datos recopilados por la CEOE en su informe de julio Panorama económico. Sin embargo, lo más sorprendente es que el dinero no se está solicitando, ni se está tramitando con urgencia después de más de año y medio de Covid-19.

Reparto por autonomías

En la Comunidad de Madrid, se han registrado unas 36.000 solicitudes y se han pagado ya 18.720 por importe de 324,5 millones de euros, cifra muy lejana a los 900 millones que hay a disposición de las empresas (si se suma la cifra que aporta el Gobierno y los 220 millones que pone el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso).

En Andalucía, se han concedido ayudas a unos 33.500 autónomos por un importe que no alcanza ni el 50% de los 1.109 millones de euros que tiene asignados. 

Otras comunidades no quieren hacer públicos sus datos, pero fuentes empresariales señalan que el reparto es incluso menor en algunas regiones.

Según estimaciones de la asociación de autónomos UPTA, hasta julio solo se habían concedido 2.800 millones de euros, cifra que representa el 40% del dinero que el Gobierno ha puesto a disposición de las empresas y los autónomos.

Cambios en el decreto

En este contexto, ATA, UPTA y CEOE reclaman al Gobierno cambios en la formulación de estas ayudas para que lleguen, por fin, a las empresas y los autónomos que llevan más de un año y medio sufriendo las consecuencias de las restricciones a su actividad impuestas por orden administrativa para combatir a la Covid-19.

Desde el Ministerio de Economía, se afirma que una vez que se aprobó el plan y el dinero está disponible, el interés del Gobierno es que se reparta la máxima cuantía posible.

Así, Nadia Calviño está dispuesta a seguir escuchando a las organizaciones empresariales para hacer más eficiente el reparto, si bien en este momento, no está sobre la mesa modificar el real decreto de las ayudas, como reclaman los autónomos. El motivo es que se considera que ya es lo suficientemente amplio y que luego, las comunidades autónomas pueden adaptarlo a las necesidades de sus territorios.

Diferencias entre CCAA

En este punto, el mencionado informe de la CEOE discrepa de Calviño. Los empresarios denuncian que "existen significativas diferencias entre comunidades autónomas". En varias de ellas se han introducido cambios mínimos y en otros cambios significativos "sin que a priori existan razones que justifiquen tales diferencias".

Esto implica que las empresas no puedan competir en el territorio español en igualdad de condiciones, ya que -por ejemplo- estar en pérdidas en 2019 es motivo de rechazo en unos lugares y en otros es algo aceptado para acceder a la ayuda.

Para los empresarios hay dos modelos que son los mejores y deben servir de ejemplo para el resto de comunidades autónomas. Se trata de los de Andalucía y Galicia. En ambos casos, haber cerrado el año 2019 en pérdidas no es excluyente para recibir la ayuda porque una empresa puede perder dinero un año sin que esto signifique que no tiene viabilidad futura. Sin embargo, en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja esto no es así e implica abocar a la empresa al cierre.

"Sería necesario dar un paso más y aplicar los mejores criterios (por ejemplo, los desarrollados por Andalucía y Galicia)", advierte el documento de la CEOE antes de añadir que de otro modo "se producirían agravios comparativos sin justificación" para las empresas.

CEOE y ATA también reclaman otra serie de cambios en el real decreto. En especial, el que limita en el 31 de mayo de 2021 el periodo de las deudas contraídas por las empresas que pidan ayudas. Los primeros creen que debe extenderse al menos hasta septiembre, mientras que los segundos van más allá y señalan el 31 de diciembre como fecha razonable.