El Congreso de los Diputados ha aprobado el plan de ayudas a empresas y autónomos dotado con 11.000 millones de euros para transferencias directas, recapitalizaciones y reestructuraciones de deuda tras la crisis económica ocasionada por la Covid-19.
El proyecto para ayudas a pymes y autónomos del Gobierno de Pedro Sánchez ha contado con el visto bueno de la Cámara, pero ha recibido múltiples críticas hasta de sus propios socios de Gobierno, Unidas Podemos. Los morados y la oposición en bloque han reprochado que estas ayudas llegan "tarde", no son suficientes, dejan fuera a sectores afectados por la crisis.
Además del PSOE y Unidas Podemos (que lo han criticado, pero han tenido votado a favor), únicamente han manifestado su apoyo al decreto ley Esquerra Republicana, Más País-Equo y Coalición Canaria, mientras que socios del Gobierno como el PNV o EH-Bildu han decidido abstenerse. El PP, Ciudadanos el PDeCAT, UPN y Foro Asturias también han optado por la abstención, mientras que Vox y Junts han votado en contra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este plan de ayudas en el Congreso de los Diputados. Se trata, aseguró Sánchez, de "una cantidad importante" de recursos públicos "para seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia, a sectores que crecían y eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran en una situación extremadamente difícil y compleja".
De los 11.000 millones, 7.000 serán para ayudas directas. De estos últimos, 2.000 serán exclusivamente para Canarias y Baleares, por el peso del turismo en su actividad económica, y los 5.000 millones restantes se distribuirán entre el resto de comunidades y Ceuta y Melilla, con los mismos criterios que se tuvieron en cuenta para el reparto en diciembre de 10.000 millones del fondo React de la UE: caída del PIB, tasa de desempleo y paro juvenil.
En el debate parlamentario, muchos de los grupos han denunciado la falta de consenso por parte del Gobierno quién no ha contado con ellos para el redactado. "¿Tanto costaba esperar una semana?", se preguntaban desde la bancada del PNV.
Al final, la gran mayoría ha recalcado que en el debate del "o todo o nada", era mejor "algo" y, por ello, los partidos que no estaban contentos con la iniciativa han optado por abstenerse en lugar de votar en contra.
Desde el PSOE, tras la exposición de la norma por la vicepresidenta y ministra Nadia Calviño, el diputado Alejandro Soler ha tachado la actitud de quiénes criticaban el RD de estar en contra del PSOE por "norma".
Calviño ha remarcado que esta línea de ayudas tiene dos objetivos: tratar de anticiparse a "un posible problema de solvencia" y "dar músculo a las empresas" para que los empresarios puedan "ampliar su actividad y aprovechar la recuperación".
"Hagamos lo que hagamos, no les va a parecer bien", ha reprochado. El diputado ha recordado que este plan de ayudas "es un elemento más de la red que ha tejido el Gobierno para apoyar a las empresas y autónomos".
De hecho, aunque los más duros con los socialistas han sido los diputados de Vox, Soler ha atacado directamente a los de Casado haciendo que la campaña electoral de Madrid se colara en el Congreso. "Los 11.000 millones son una ayuda importantísima que va a permitir la solvencia y la continuidad de muchas empresas, actividades y empleos".
Por su parte, los populares han sido una de las voces más críticas junto con las de Vox (ellos han decidido votar en contra). Elvira Rodríguez ha anunciado la abstención de su grupo y ha pedido que el RD se tramite como proyecto de ley.
"No podemos votar a favor porque les asignan un importe que puede no ser suficiente y porque se dejan muchas empresa fuera sin ninguna justificación", ha subrayado.
Del mismo modo, la popular ha criticado el prolijo y complicado" procedimiento del Decreto para que lleguen las ayudas a las empresas. "Únicamente 95 de las 538 ramas de actividad podrán recibir ayudas directas: 355.713 empresas de 2.2 millones y 1 de cada 3 autónomos", ha cifrado.
María Muñoz, de Ciudadanos, se trata de un sistema de reparto "claramente ineficaz", con medidas "insuficientes" que, a su juicio, "sólo aplazan el desastre". En Vox, por otro lado, su diputada Patricia Rueda ha criticado a las formaciones que han apoyado o se han abstenido ante un decreto por "apoyar una vez más a 'producciones Moncloa', permitiendo un plan que hiere de muerte a empresas y a autónomos".