La retirada de las medidas públicas de apoyo a las empresas provocaría el cierre de 110.000 negocios

Un total de 175.000 negocios ya han desaparecido desde que comenzara la crisis sanitaria y otras 110.000 empresas pueden desvanecerse si se eliminan las medidas de contención activadas por el Gobierno, tales como los ERTE o las moratorias en el pago de impuestos o tributos.

Así lo indica el estudio interno realizado por el Consejo de Gestores Administrativos. Su presidente, Fernando Santiago, señala que "como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, además de contar con las medidas correctoras que aprobó el Gobierno, se han de empezar a establecer mecanismos que ayuden a los negocios a no hundirse cuando les falten dichas medidas".

"Hemos indicado que hay miles de empresas fantasma que se apoyan en la moratoria concursal, o en las moratorias de alquileres, en los propios ERTE que, cuando estas facilidades desaparezcan no van a poder hacer frente a sus compromisos", añade. 

Según los Gestores Administrativos, hay unas 150.000 empresas que mantienen a alguna persona de su organización en ERTE y, de ellas, unas 95.000 no van a recuperar a todo su personal.

“Es increíble que, a estas alturas, 16 meses después de que se decretara el primer estado de alarma, la mayor parte de las empresas siguen sin percibir las ayudas directas. Aunque, no nos engañemos, cuando éstas lleguen no van a ser suficiente tabla de salvación para muchas de ellas”, señala Santiago.

Despidos

Según el Barómetro de los gestores, el 8,2% de las pymes van a despedir personal en los próximos meses. Un dato positivo es que, según el estudio, el 12,5% de los negocios van a contratar personal en los próximos meses.

Los Gestores Administrativos ya señalaron en su anterior Barómetro que, en su opinión, hasta 2023 no se empezarían a percibir síntomas reales de recuperación. Según el presidente de los Gestores Administrativos, “el Gobierno nos indica que los indicios son más optimistas de lo esperado y que la recuperación está muy cerca”.

Sin embargo, el barómetro de los gestores también señala que el 65% de ellos cree que una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) supondrá despidos, frente a un 28% que no lo cree. 

Además, el 36% de los gestores administrativos considera que los negocios no han demandado al Estado por la prohibición de trabajar que supuso el primer estado de alarma para evitar represalias. Según Fernando Santiago, “hay numerosas plataformas que se crearon para gestionar demandas colectivas que nos han trasladado el efecto ‘temor’ que supone en los empresarios la posibilidad de que les inunden con distintas inspecciones, lo que les ha coartado a la hora de demandar”.